El Senado hablará euskera, catalán y gallego, con el voto en contra del PP

El Senado dio ayer el primer paso para que en un futuro próximo se puedan utilizar en el Pleno el euskera, el catalán, el gallego o el valenciano. Todos los grupos, salvo el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), apoyaron la tramitación de una reforma del reglamento de la Cámara alta -propuesta por los senadores nacionalistas y los socialistas catalanes- para extender el uso de las lenguas cooficiales con traducción simultánea a los debates y a todas las comunicaciones internas entre los parlamentarios y la institución. Los populares rechazaron en redondo la toma en consideración de la medida porque no la creen «urgente, necesaria ni constitucional», ya que la «única lengua oficial del Estado es el español».

El uso del auricular en un foro donde todos conocen el castellano constituirá «un ridículo mundial espantoso», según dijo el senador del PP Juan Van Halen en un debate vivo, con interrupciones, descalificaciones, ovaciones y llamadas al orden. Un episodio de todos contra el PP, en el que los populares sacaron a relucir el peligro de la iniciativa para la unidad de España, el arrinconamiento de la lengua común, el coste de la medida -lo calculan en 1,2 millones al año- y el electoralismo que, dicen, ha llevado al PSOE a dar su brazo a torcer ante la perspectiva de las elecciones catalanas de noviembre.

«España no es un estado plurilingüe, son bilingües algunas comunidades», insistió el portavoz popular, a cuya voz se unió de forma espontánea la del histórico fundador de su partido, Manuel Fraga, después de que el senador del Bloque Nacionalista Galego (BNG) José Manuel Pérez Bouza le recriminara su rechazo a la propuesta después de 16 años al frente de la Xunta. Fraga pidió la palabra y replicó desde su escaño: «Me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español, y no le consiento a este señor que me dé lecciones de nada; y menos de galleguismo».

El próximo año

El PSOE, cuyo apoyo fue clave para abrir un debate vetado durante 30 años -la propuesta tuvo 134 votos a favor y 122 en contra-, ya ha advertido de que no se satisfarán todas las pretensiones de los nacionalistas, porque aún hay que negociar cuándo, dónde y cómo se podrán usar las lenguas autonómicas. La postura final de los socialistas está sin fijar, pero fuentes del partido indicaron que es posible que se permita utilizar los idiomas cooficiales en algunas comisiones y en el Pleno para discutir algunas iniciativas, pero que el castellano seguirá protagonizando las sesiones de control al Gobierno.

Si las negociaciones no se atascan, los primeros debates en catalán, euskera, gallego y valenciano en el Pleno podrían escucharse el próximo año. Los socialistas pretenden que el acuerdo sea suficientemente abierto para que pueda sumarse el PP. En aras de ese respaldo, el PSOE precisa que el uso de las lenguas cooficiales se circunscribirá al Senado, como cámara de representación territorial, pero no al Congreso. Hasta el momento, el uso de la traducción simultánea en el Senado se limitaba a los debates en la Comisión General de Comunidades Autónomas, un órgano que el Gobierno y los partidos tienen casi olvidado.

Los nacionalistas, que como la socialista Leire Pajín utilizaron distintas lenguas en sus intervenciones, acusaron al PP de ejercer un «patriotismo excluyente» y denunciaron que su ideología le impide ver la realidad de la calle y los usos lingüísticos cotidianos. Se comprometieron, además, a que la medida será inocua en el presupuesto. Ninguno hizo un discurso radical. Al contrario, destacaron el respeto al castellano y explicaron que no pretenden tomar una medida «contra nadie ni contra nada».

Radicalmente en contra de la propuesta se manifestó la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, cuyo presidente entregó antes del debate un escrito al presidente de la Cámara y a los portavoces del PSOE y el PP para que se opusieran a una medida que, a su juicio, persigue «la destrucción del sistema político y de convivencia que los españoles nos dimos en la Constitución de 1978».