Los hijos de la talidomida

Entre 1957 y 1963, miles de mujeres embarazadas tomaron pastillas recetadas por sus médicos para paliar las náuseas que sufrían. Aquella medicina se llamaba talidomida y sus efectos fueron catastróficos. Desde entonces, talidomida es el maldito apellido de miles de seres humanos que padecieron las consecuencias del fármaco que ingirieron sus madres. En el mejor de los casos nacieron sin una pierna o un brazo, o con las extremidades demasiados cortas. En el peor de los casos, vinieron al mundo sin ellas.

El medicamento fue comercializado por la empresa alemana Chemie Grünenthal a finales de la década de los 50. Por su culpa, unos 20.000 niños de medio centenar de países llegaron a este mundo con focomelia, una anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades. De estos niños al menos 3.000 nacieron en España y se sospecha que muchos más no aparecen en las estadísticas.

Las pastillas se retiraron en siete países en 1961. No ocurrió lo mismo en España, donde siguieron vendiéndose hasta 1963, según la versión oficial. La Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite) sostiene, por el contrario, que el medicamento no desapareció de las farmacias hasta 1973.

Después de años de lucha, Avite ha conseguido un triunfo que es pequeño por sus consecuencias inmediatas, pero grande por ser el primero y por lo que pueda llegar después. El logro es que el Gobierno central indemnizará con ayudas de entre 30.000 y 100.000 euros a 24 personas a las que se les ha reconocido oficialmente como afectadas. Es poco pero algo es algo en un colectivo cuyo tamaño se desconoce con exactitud.

Nacido en 1965 en Barakaldo, Rafael Bengoechea, miembro de la junta directiva de Avite, calcula que en España quedarán con vida entre 500 ó 600 hijos de la talidomida. Él es una de las 24 personas que recibirán la indemnización. Vino al mundo con los brazos demasiado cortos. A su madre le dijeron que se debió a una mala posición fetal. A pesar de que el fármaco se había retirado oficialmente en 1963, la mujer lo adquirió en una farmacia dos años después. «Compró la medicina en Muskiz porque se la recetó un médico de Madrid que había venido de vacaciones», asegura.

Recetas de hace 41 años

Agustín Murillo es uno de los cientos de personas que se han quedado sin indemnización. Nació en Belorado (Burgos) en 1969, año en el que según la versión oficial ya no se vendía talidomida en España y según Avite, sí. Agustín, que reside en Ordizia y espera ahora un bebé, no ha podido demostrar que tiene un solo brazo por culpa de la talidomida. Para hacerlo debería haber guardado durante 41 años alguna receta o muestras del fármaco lo que, evidentemente, no hizo.

La concesión de las indemnizaciones es una mínima parte de lo que exige Avite. La asociación quiere que el reconocimiento se extienda a todos los damnificados y para ello reclama a la Administración que incremente sus esfuerzos para que se pueda determinar científicamente si una persona está afectada o no por la talidomida. Pero reivindican mucho más. Por ejemplo, que se concedan pensiones a los damnificados al igual que ocurre en el resto de países de la Unión Europea, la gratuidad de las prótesis que necesitan, ayuda psicológica, reconocimientos médicos periódicos, beneficios fiscales y la creación de una unidad médica de referencia especializada en deformidades por talidomida.