El PP presenta un plan al Gobierno para aumentar el control sobre Batasuna

El PP ha trasladado al Gobierno un conjunto de propuestas para que se incluyan en la modificación de la Ley Electoral General, con el fin de aumentar el control sobre Batasuna e impedir que se «cuele» en las próximas citas electorales. Al primer partido de la oposición no parecen bastarle las medidas de endurecimiento aprobadas por el Consejo de Ministros el 26 de marzo con este mismo fin -y que serán discutidas en la subcomisión creada en el Congreso para reformar la ley electoral-, de modo que ha planteado otro paquete de acciones al Ejecutivo.

Según el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo, su formación ha propuesto al Ejecutivo, entre otras cuestiones, una fórmula «más segura» para disolver ayuntamientos en caso de que estén gobernados por un partido ilegalizado o que no se desvincule de la banda terrorista. También reclama un «compromiso del Gobierno» para «limpiar todas aquellas listas» en las que haya «antiguos miembros de ETA que no se hayan reinsertado o miembros de Batasuna». Las declaraciones de Trillo se producen apenas un día después de que el presidente de los populares en Euskadi, Antonio Basagoiti, destacase los logros en materia antiterrorista conseguidos en su pacto con el PSE, aunque advirtiese de que «se puede hacer más».

Al ser preguntado sobre si esta propuesta se realiza ante la posibilidad de que la izquierda abertzale utilice las siglas de EA, Trillo no quiso especificar más. No obstante, fuentes populares apuntaron que esta cuestión se está estudiando.

Otra propuestas del Partido Popular consiste en incluir en la legislación un recurso contra la proclamación de electos de Batasuna, en caso de que hayan podido burlar los controles legales y «colarse» en los comicios. Además, los populares plantean una fórmula más directa para que un electo pierda el escaño y es que «la declaración de ilegalidad (de un partido) arrastre a los que tengan escaño a las consecuencias de pertenecer a una asociación ilícita».

El Consejo de Ministros aprobó el 26 de marzo una vía que contempla que, si un partido es ilegalizado después de celebrarse los comicios, sus concejales, diputados o parlamentarios tendrán que hacer una declaración de «rechazo y repulsa» expresa de «las causas que motivaron la ilegalización», bajo pena de perder el escaño.