La asignatura de la Paz divide las aulas

La falta de consenso que ha suscitado el borrador del nuevo Plan de Educación para la Paz presentado por el Gobierno vasco entre los partidos políticos es fiel reflejo de la división que existe también en la comunidad educativa. La decisión de PNV, EA y Aralar de dar un sonoro portazo al proyecto defendido por los socialistas al pedir la retirada del mismo, sin ni siquiera poner sobre la mesa aportación alguna, ha resultado ser sólo una prueba más del abismo que separa a nacionalistas y no nacionalistas en esta materia. No sólo en la Cámara de Vitoria, sino también en los colegios vascos, donde el reformulado plan ha despertado sentimientos de todo tipo: confianza, incertidumbre e incluso rechazo absoluto.

Directores de centros, profesores, padres y madres de alumnos, así como sindicatos coinciden al destacar el valor de la escuela como herramienta para fomentar el respeto a los derechos humanos. Hasta ahí, todo correcto. Las discrepancias afloran al valorar cuál sería el método adecuado para desarrollar dicha función. El principal foco de discusión descansa en la apuesta decidida del Gabinete de Patxi López por abrir la puerta a la presencia física de las víctimas del terrorismo en las aulas, con especial hincapié en los damnificados por la violencia de ETA, como única banda que permanece todavía en activo. El reformulado plan, cuyo liderazgo recae esta vez en el propio lehendakari, incorpora el testimonio de los afectados -tanto directo como a través de material escrito o audiovisual- como contenido obligatorio y evaluable de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Dicha modificación curricular conllevará una cascada de solicitudes de formación y asesoramiento por parte del profesorado, que el Ejecutivo está preparando, entre otros, a través del programa Garatu. Además, el proyecto contempla también, entre otras cuestiones, la celebración de homenajes a las víctimas en los centros educativos y, a otro nivel, el impulso de estudios de postgrado en la UPV que aborden la situación de los damnificados por el terrorismo.

La diferencia de sensibilidades en torno a los contenidos del nuevo plan se hace especialmente patente entre los sindicatos de la enseñanza. Si en Comisiones Obreras -central mayoritaria- y UGT la iniciativa del Ejecutivo vasco ha sido acogida con buenos ojos, en ELA y LAB la opinión es la contraria. De hecho, según fuentes jeltzales, sería la presión ejercida desde estas últimas centrales, vinculadas al sector nacionalista, la que habría llevado en última instancia al PNV a solicitar la devolución del texto. Un paso que sorprendió sobremanera al PSE, que esperaba una oposición más moderada del principal partido del arco parlamentario.

En opinión de Pablo García de Vicuña, secretario general de CC OO Irakaskuntza, el nuevo plan se corresponde con la petición que la central lleva realizando desde tiempo atrás en pro de un proyecto «más amplio». Por ello, «en líneas generales» y a la espera de conocerse el texto definitivo, se declara «satisfecho» con el borrador presentado hasta la fecha. «Hacía falta dar un paso adelante», remarca. García de Vicuña, que es consciente de que la aplicación del plan será «complicada» porque «muchos somos herederos de nuestro pasado», insta al Ejecutivo vasco a ser «sumamente cauteloso con la utilización del papel de las víctimas en las aulas». «Debe estar muy modulado. Hay que tener en cuenta la etapa educativa y, en cualquier caso, ha de ser algo voluntario», puntualiza. En esta línea, recuerda a Educación la necesidad de respetar la «autonomía de los centros», como máximos conocedores de la realidad escolar, y le advierte de las dificultades que conllevará tratar de poner en marcha una iniciativa tan compleja «en unos plazos tan rápidos». La consejería espera ejecutar el plan el próximo curso. «Nosotros, como profesores, debemos tener antes la formación necesaria», argumenta.

El representante de Comisiones no duda en referirse, asimismo, al llamamiento que el Gobierno hizo al cuerpo de docentes el pasado mes de marzo, al que pidió una implicación «activa y firme» de los profesores que destierre los posicionamientos «neutrales» ante el terrorismo, palabras que fueron objeto de duras críticas por todos los partidos políticos, salvo por el PP y UPyD. García de Vicuña reconoce que «quizás se ha tenido un comportamiento algo tibio al tratar la violencia de ETA». «Es un tema que se tenía que haber abordado antes para que dejara de ser así», añade. Y es que, según apunta, «los tentáculos de la banda en sus distintas manifestaciones han sido muy fuertes».

«Un mismo mensaje»

En términos similares se pronuncia el responsable de Enseñanza de UGT en Euskadi. Luis Santiso califica de «acertado» el paso dado por el Gobierno vasco al defender la presencia de las víctimas en las aulas porque «los jóvenes deben conocer su testimonio». «Aunque sea duro, es lo que hay. Se trata de una violencia por violencia y es importante que las nuevas generaciones no vean a ETA como algo más de la compleja situación de Euskadi», sostiene. Santiso advierte, no obstante, de que los damnificados «no pueden entrar así como así en los colegios», sino que su comparecencia «debe estar precedida de planes de estudio elaborados con especialistas».

Al revés de la opinión del secretario de CC OO, el portavoz de UGT se muestra optimista en cuanto al futuro desarrollo del plan en los centros: «Muchos profesores pensaban ya en esa línea de actuación», afirma. Tiene claro que la deslegitimación de la violencia debe pasar por el sistema educativo. «Algo ocurre en los colegios cuando hay pintadas en las paredes que justifican e incluso apoyan el terrorismo. Debemos tener todos el mismo mensaje para que cosas así desaparezcan», expresa.

En el otro lado de la balanza se sitúan ELA y LAB. Ambos sindicatos se muestran a favor de que la escuela sirva de correa de transmisión de valores como la deslegitimación de la violencia, si bien discrepan de sus compañeros en la fórmula planteada por el Gabinete de Patxi López. Xabier Irastorza, de ELA Irakaskuntza, considera que el nuevo plan «no lleva consigo una reflexión profunda en torno a todos los derechos humanos, así como lo que suponen todas las víctimas del conflicto de Euskal Herria». A su juicio, se limita a recoger «un planteamiento político, parcial y partidista, reflejo del pacto PSE-PP».

Irastorza, que coincide en sus críticas con las efectuadas por los dirigentes peneuvistas, aboga por elaborar un plan «más amplio» que no «priorice exclusivamente a las víctimas de ETA» y en el que se someta a debate la presencia física de los damnificados en las aulas. Un paso, a su entender, que no debería darse. «Plantar a las víctimas en los colegios podría crear un conflicto en la comunidad educativa», justifica. El representante de ELA critica la «excesiva rapidez» con la que está tramitando el proyecto el Ejecutivo, al que reprocha «que ponga en cuestión la labor desempeñada por los profesores», en alusión a su llamamiento a no ser «neutrales» con ETA. «La forma de actuar del Gobierno nos hace sospechar que no habrá ningún consenso», manifiesta. LAB comparte el mismo rechazo. El sindicato abertzale echa en falta un planteamiento más «compartido» y tilda el plan de «partidista y segregacionista».

En medio de esta vorágine, la agrupación de directores de institutos vascos, BIHE, prefiere, por ahora, no hacer valoración alguna sobre el contenido del borrador, que declara no conocer de primera mano, si bien insiste en la necesidad de alcanzar «un pacto amplio que permita construir un sistema educativo plural, equitativo y estable». «Cualquier otra forma de plantear objetivos tensiona el clima escolar y dificulta su desarrollo», sostiene. Desde BIHE recuerdan a la consejería de Isabel Celaá que lograr la implicación y el compromiso de los equipos directivos implica, por un lado, «garantizar la participación de todos los agentes educativos» y, por otro, «reforzar la autonomía de los centros para que la aplicación de los programas sea consensuada por la comunidad escolar y adaptada a las necesidades de cada colegio». En este sentido, hacen un llamamiento a los partidos a «sacar la Educación de la confrontación política permanente», ya que «los continuos cambios que sufren los programas en función de los gobiernos crean desorientación y desánimo en los centros».

La confederación de padres y madres, Ehige, por su parte, ha remitido el borrador del plan a sus tres juntas -una por territorio histórico- para estudiar en profundidad su contenido. Hasta que el documento no pase dicho trámite, que podría alargarse hasta mediados de mayo, el colectivo prefiere no pronunciarse.

No obstante, hace un par de meses pusieron sobre la mesa varias preguntas en relación a la presencia de las víctimas en las aulas. Entre ellas, «¿estamos preparados para tratar cualquiera de los temas que surjan con estos debates?». También optó por guardar silencio el director de la red de los colegios religiosos Kristau Eskola, Aitor Bilbao, hasta que no tengan acceso directo al texto.

Llamamiento al PNV

Finalizado el plazo dado por el Ejecutivo de Vitoria para la presentación de aportaciones al borrador -aunque Lehendakaritza decidió flexibilizarlo hasta mediados de la semana que viene-, en Educación esperan impacientes el informe que el Consejo Escolar de Euskadi, en el que están reunidas todas las sensibilidades, les remitirá el jueves acerca del borrador.

La consejera de Educación, Isabel Celaá, aseguró ayer que buscará el consenso de la comunidad educativa. Además, volvió a instar a la formación que lidera Iñigo Urkullu a replantearse su decisión de solicitar la devolución del plan, al considerar que supone «un retroceso impresionante» a las actitudes del año 2005. «Estaré dispuesta al acuerdo hasta el último minuto», aseguró.

El Ejecutivo tiene previsto incorporar a lo largo de esta semana varias propuestas del PP y UPyD -únicos grupos que han planteado aportaciones al texto, a la espera de que EB anuncie su postura-. El documento 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia' recibirá el último visto bueno en el Consejo de Gobierno que se celebrará el día 27.