Urgell dice que hay motivos para encausar a Vidarte por extralimitarse en sus funciones

La guerra entre el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya a causa del Guggenheim llegó ayer a su punto de mayor estruendo con la comparecencia parlamentaria de la consejera de Cultura, Blanca Urgell, a petición propia. El motivo era presentar en comisión el informe jurídico encargado por su departamento para determinar las responsabilidades civiles del director del museo, Juan Ignacio Vidarte, en los cambios de divisas entre 2002 y 2007, saldados con siete millones de euros de pérdidas. Un informe que, según la consejera, «ratifica las irregularidades» detectadas en estas operaciones.

Y el resultado fue el previsto: mientras Urgell esgrimió las razones por las que se podría encausar a Vidarte por realizar esas operaciones sin autorización, y en especial la que deriva 800.000 euros de pérdidas de la Fundación a la Sociedad Tenedora, la representante del PNV, Leire Corrales, defendió a machamartillo la gestión del director del museo y la posición de la Diputación de considerarle intocable.

La consejera resumió en dos puntos las conclusiones del dictamen: la posibilidad de revertir los contratos de divisas, firmados con el BBVA, al haberse hecho sin las debidas autorizaciones, y la «opción que tiene la Sociedad Tenedora de llevar a cabo acciones (legales) sobre el señor Vidarte por su actividad como apoderado de la sociedad».

Como se encargó de aclarar Urgell, esta última alternativa resulta inviable ya que no cuenta con el apoyo de la Diputación, con la que el Gobierno mantiene un estrepitoso «diálogo de sordos». ¿Para qué entonces el informe legal? Para que el Gobierno se arme de razones y para cercar aún más la figura de Vidarte.

Carmelo Barrio, del PP, instó al Gobierno a que «actúe hasta el final», incluso «yendo a los tribunales» en solitario, y el resto de los grupos pidió también acciones para dar portazo a este asunto ya largo y enrevesado, con una comisión parlamentaria y tres informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, además de un rosario de comparecencias. Un punto final que, según la consejera, podría escenificarse en el Parlamento, que sería el órgano para enjuiciar definitivamente la actuación de Vidarte. En ese caso, la suerte del director del Guggenheim dependería del voto del PP.

La misma consejera explicó las dos razones por las que ha recurrido al bufete Ramón y Cajal para redactar el dictamen, una de carácter político y otra más técnica. «Después de que la comisión parlamentaria y el Tribunal de Cuentas descubrieran una gestión deficiente de fondos públicos, lo normal en cualquier empresa habría sido reflexionar al menos sobre la continuidad de su responsable. Pero la Diputación no ha dado opción. Y desde entonces estamos en un 'impasse'».

La espina de una comisión parlamentaria presidida por los socialistas y de un pleno consiguiente, a finales de 2008, cuyas recomendaciones apenas se han puesto en práctica, aún sigue pinchando. Algo que también hizo notar la nacionalista Corrales cuando interpretó esa insistencia en seguir buscando motivos, o en «fabricar informes», como un intento de «desacreditar la gestión del museo» y de «hostigar» a su director general, después de que, a su juicio, los anteriores dictámenes del Tribunal de Cuentas le eximieran de responsabilidades.

En cuanto al motivo técnico de encargar el informe, Urgell relató que en una reunión en septiembre de 2009 de la Sociedad Tenedora, encargada de la compra de obras de arte y en la que se produjeron las pérdidas por el cambio de euros a dólares, ella y el viceconsejero Antonio Rivera plantearon la necesidad de saber si debían «subsanar los errores contables» señalados en el dictamen de la comisión parlamentaria y en los informes del Tribunal de Cuentas. En concreto, se referían al modo de registrar las pérdidas, que en los primeros ejercicios aparecían como tales y en los siguientes se equilibraban con el aumento en el valor de mercado de las obras compradas.

Autorizaciones

La Diputación, como era previsible, se negó a hacer el informe. Pero el Gobierno vasco no, y las conclusiones del mismo se desplazan de la contabilidad a la persona del director del museo. «La primera conclusión -destaca el informe redactado por tres profesores de Derecho Mercantil- es que el señor Vidarte podría haber carecido de poder otorgado por la Sociedad Tenedora para la celebración de contratos de opciones sobre divisas. Y la segunda es que la formalización de los mismos no se justificaría conforme a un criterio de gestión razonable y prudente propio de un ordenado empresario».

El cambio de dólares más problemático desde el punto legal se firmó a nombre de la Fundación Guggenheim, encargada de gestionar el museo, y en él se perdieron 800.000 euros, que fueron transferidos en negativo a la Tenedora. Una operación para la cual, según los abogados de Ramón y Cajal, Vidarte «no tenía la autorización expresa de ninguna de las entidades».

El intrincado meollo legal sobre el que pivota todo el informe reside en determinar hasta dónde llega el poder del director del Guggenheim en la Tenedora. Según la escritura de la sociedad, el apoderado está capacitado para «toda clase de servicios que constituyan el objeto social», así como «compraventas de primeras materias, transportes terrestres o marítimos y contratos de seguro», entre otras operaciones.

En opinión de los abogados, el cambio de divisas no entra en esta lista de supuestos, Vidarte carecía de autorización «expresa o tácita» de las dos sociedades, que cuentan con distintos consejos de administración: la Fundación con el Gobierno vasco y la Diputación, más los patronos representados, y la Tenedora sólo con las dos instituciones. Por tanto, concluye el informe, «podría plantearse la anulabilidad de los contratos y la responsabilidad por daños frente al señor Vidarte».