El fiscal quiere que la cúpula de Batasuna pase al menos diez años en la cárcel

La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que gran parte de los integrantes de las cúpulas de Batasuna en los últimos años pase al menos la próxima década en prisión por su supuesta implicación en la financiación de ETA a través de las herriko tabernas. Así lo hizo saber ayer en su escrito final sobre la causa 35/02, en los que acusa a 23 dirigentes radicales de dirección o integración en banda terrorista, y a otros 17 de colaboración.

En concreto, el fiscal pide 12 años de cárcel para el ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por un delito de pertenencia a ETA en grado de dirigente e idéntica pena para los ex responsables de la ilegalizada Batasuna Joseba Permach y Rufi Etxeberria, a los que también acusa de ser jefes de la organización terrorista. Estos delitos estaban penados con un máximo de 14 años de prisión, pero el Ministerio Público ya avisó que reduciría en dos años su petición debido a las dilaciones en la instrucción de este proceso que Baltasar Garzón abrió hace ocho años. De hecho, uno de los principales acusados, Jon Idígoras, falleció en 2005.

Junto a los tres dirigentes abertzales se sentarán en el banquillo de los acusados otras 37 personas. Hay dos rebeldes que no comparecerán, José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', en paradero desconocido, y Jon Salaberria, etarra encarcelado en Francia desde hace dos años. Veinte de esos imputados se enfrentan a diez años de cárcel por pertenencia a banda armada y los otros 17 a ocho años por colaboración con ETA.

El Ministerio Público sostiene que Otegi, Permach y Etxeberria, «por su liderazgo y por las funciones de coordinación del frente institucional que tenían asignada», merecen una pena más severa porque «posibilitaron la organización de las actividades a realizar a modo de protección y cobertura del proyecto diseñado por ETA».

Ellos -entiende la Fiscalía- lideraron la maniobra para conseguir el «control de ETA sobre Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna, desarrollando en el entramado institucional las directrices de apoyo operativo y logístico».

En su escrito, Moral insiste en que desde su creación en 1978 hasta su ilegalización en 2003 la «simbiosis» entre el partido y ETA fue «absoluta». Batasuna se situó dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) desarrollando «una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta».

Y en toda esa estrategia, insiste el Ministerio Público, Otegi fue clave. La Fiscalía recuerda que el ex líder de Batasuna es «una persona integrada en las organizaciones de soporte a ETA» y que ha sido miembro de Gestoras Pro Amnistía (en representación de los ex presos de ETA) e integrante de la Mesa Nacional provisional de HB tras la condena de su mesa nacional por el Tribunal Supremo.

Además, el escrito destaca que su trabajo «no ha cesado» a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Según la acusación pública, Otegi «ha continuado como responsable de dicha formación», obviando de manera consciente que estaba fuera de la ley.

Ya sobre las herriko tabernas, el objetivo inicial de la investigación iniciada por Garzón, la Fiscalía considera que detrás de estos bares se esconde un «proyecto político ideológico de ámbito nacional que ha de servir como instrumento financiero de otras estructuras» de la banda terrorista, tanto de «forma directa como indirecta». Asegura que la banda se ha esforzado por «disociarse» de estos establecimientos, pero que esta aparente separación sólo «obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de ETA».

Dinero para la banda

En ese allegamiento de fondos a ETA a través de las herrikos, el papel de Batasuna y sus líderes es clave porque es la propia estructura del partido la facilita a la banda «controlar y administrar los recursos económicos generados por las herriko tabernas y posteriormente poner esos recursos a disposición de otras estructuras de KAS». El fiscal también asegura que está probado que el entramado de las herriko tabernas ha servido para recaudar dinero para fianzas de miembros de ETA.

De las 40 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, Otegi es el único que se encuentra en prisión. Está encarcelado desde el 16 de octubre del pasado año acusado de tratar de refundar Batasuna bajo el nombre de 'Bateragune'. La Audiencia Nacional, que en marzo rechazó ponerle en libertad ante el riesgo de reiteración delictiva, sí que ha accedido en los últimos meses ha excarcelar bajo fianza a otros de los acusados, tales como los propios Permach o Etxeberria.