Guerra de informes en el Guggenheim

No hay tregua. La batalla interna entre los dos principales socios en la gestión del Guggenheim está más viva que nunca. El último movimiento tiene como protagonista a la Diputación vizcaína, que ha decidido encargar un contrainforme para defender la gestión del director del museo, Juan Ignacio Vidarte, y rebatir los argumentos del dictamen jurídico encargado previamente por el Gobierno vasco para determinar las responsabilidades derivadas de las ruinosas operaciones de compra de dólares. Según confirmaron ayer a EL CORREO fuentes de la institución foral, el documento está siendo elaborado por el prestigioso despacho de abogados madrileño dirigido por José Pedro Pérez-Llorca, un antiguo ministro del Gobierno de UCD que entre los años 1979 y 82 llevó las riendas de las carteras de Presidencia, Administración Territorial y Asuntos Exteriores.

La Diputación está molesta porque el Ejecutivo autónomo pidió el informe por su cuenta y riesgo. A su juicio, las últimas auditorías del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no revelan «ilegalidad alguna» en la sociedad Tenedora, encargada de comprar las obras de arte y que en seis años acumuló unas pérdidas de siete millones de euros por las opciones de cambio de divisas. ¿El motivo? Que el dólar se depreció frente al euro, justo lo contrario de lo que preveían en el museo. «Lo único que pretenden los socialistas es elevar el nivel de ruido y estrechar el cerco sobre Vidarte», defiende un portavoz de la institución vizcaína.

Sostienen en el ente foral que su contrainforme rebatirá punto por punto algunas conclusiones del análisis solicitado del Gabinete de Patxi López. Para ello, se recurrirá incluso a citas del documento de Lakua, que obra en manos de la Diputación desde el pasado 15 de marzo. Ese día, la consejera de Cultura, Blanca Urgell, hizo un aparte con el diputado general después del Consejo de Administración de la Tenedora y le entregó una copia del escrito, cuyo contenido íntegro no será desvelado públicamente hasta el próximo martes con motivo de una comparecencia de Urgell en la Comisión de Cultura del Parlamento vasco.

En cuanto recibió el citado análisis, José Luis Bilbao puso en marcha la maquinaria para devolverle el 'golpe' a su socio. Lo primero que hizo fue poner el informe en conocimiento de la asesoría jurídica de la institución foral. Fue ésta la que recomendó solicitar un contrainforme, que estará listo «en los próximos días». Aún no se conoce el coste del encargo, pero expertos consultados por este periódico lo sitúan en un mínimo de 18.000 euros. Sirva como referencia que el Gobierno vasco se gastará 34.800 euros en su escrito.

Desmentido del museo

Realizado por Ramón y Cajal, un bufete de Madrid con una contrastada experiencia en el análisis de sociedades públicas, el informe del Ejecutivo de Vitoria apenas ofrece novedades en relación con anteriores informes. El problema es que aborda por primera vez una cuestión comprometida: si Vidarte tenía o no capacidad para suscribir opciones de compra de dólares. Escrito con un lenguaje muy técnico, el texto viene a decir que el director general del museo y apoderado de la Tenedora no tenía poderes para contratar dichas operaciones, algo que se apresuró ayer a negar el propio museo.

«Es falso», zanjó el Guggenheim en una nota enviada a las agencias. En este sentido, la flor de titanio recordó que el Tribunal de Cuentas ha examinado las operaciones de adquisición de divisas en tres ocasiones y «ninguno de sus informes -ni los dos definitivos de junio de 2007 y de junio de 2009, ni el tercero, aprobado provisionalmente el 4 de marzo pasado- cuestiona la capacidad de Vidarte para suscribir estas operaciones».

El informe de Ramón y Cajal deja además en manos de la Tenedora la decisión de reclamar en los tribunales el dinero perdido con el cambio de divisas a la entidad financiera que gestionó las operaciones, BBVA. De momento, nadie se plantea dar ese paso, sobre todo porque la entidad es patrona de la Fundación Guggenheim Bilbao.