Ibarretxe dio 3 millones a la Fundación Sabino Arana días antes dejar el poder

El Gobierno de Juan José Ibarretxe otorgó 3 millones de euros a la Fundación Sabino Arana días antes de que Patxi López fuese investido lehendakari. Dicha cantidad fue entregada a la entidad vinculada al PNV por haber custodiado durante años parte de los archivos del Ejecutivo vasco en el exilio, unos documentos por los que los diversos gabinetes nacionalistas apenas habían mostrado interés durante las tres últimas décadas. Y hace un año, de repente, el equipo de Ibarretxe batió récords de celeridad en la tramitación del asunto.

Tras la entrada de las tropas franquistas en Bilbao, la mayor parte del material del gabinete presidido por José Antonio Agirre -en el que además de nacionalistas también había socialistas, comunistas y republicanos- fue llevado a París. Allí permaneció durante 30 años, hasta que en 1967 los dirigentes del PNV decidieron trasladarlo hasta Baiona, a los sótanos de Villa Arana, un edificio propiedad del partido. Según la mayoría de los investigadores, la custodia realizada en aquellos años por parte de la formación jeltzale fue indispensable para conservar la documentación.

Sin embargo, el conflicto surge en la Transición. Cuando se evidencia la consolidación de la democracia, los historiadores y algunos responsables políticos empiezan a exigir al PNV que devuelva los informes en su poder al recién restituido Gobierno vasco. Es decir, que pasen de manos privadas a públicas. A pesar de que el Ejecutivo está en sus manos, la formación entonces liderada por Xabier Arzalluz hace oídos sordos y apenas devuelve una porción muy reducida. Lakua tampoco insiste demasiado.

En 1992, el denominado Fondo Gobierno de Euzkadi (1936-1979) es trasladado desde Baiona a la localidad vizcaína de Artea, al Museo del Nacionalismo Vasco, bajo la custodia de la Fundación Sabino Arana. En todo caso, los archivos se ponen a disposición de los expertos. Una apertura limitada que no evita las sospechas. Algunos investigadores han insinuado que se podían haber ocultado informes comprometedores para el PNV por su relación con la Italia fascista, la Alemania nazi o los servicios secretos de Estados Unidos o Reino Unido; una hipótesis rebatida por la formación jeltzale.

Trece años después del envío a Artea, la Comisión de Cultura del Parlamento vasco aprobó el 20 de junio de 2007 una proposición no ley en la que exigía al Gobierno de Ibarretxe, en concreto a la consejería de Miren Azkarate, que verificase cómo estaba desarrollando la labor de clasificación la Fundación Sabino Arana «para establecer cuáles de los documentos corresponden al PNV y cuáles al Gobierno vasco», una tarea que los propios investigadores reconocen harto complicada. El texto fue acordado por el tripartito, PSE y Aralar.

No hay más noticias referidas a esta propuesta en casi dos años. Hasta el 27 de febrero de 2009. Dos días antes de las últimas elecciones autonómicas. Cuando las encuestas ya decían que López tenía serias opciones de llegar a Ajuria Enea, el Gobierno de Ibarretxe firma un protocolo de colaboración con la Fundación Sabino Arana para efectuar el traslado. A partir de ese momento, el proceso parado tres décadas, alcanza velocidad de crucero.

El Departamento de Cultura solicita a una empresa especializada en tasaciones un estudio económico sobre qué indemnización debe recibir la entidad presidida por Juan Mari Atutxa. El peritaje de más de 70 años de historia está concluido en apenas un mes. El 27 de marzo traslada al Ejecutivo que la cifra que debe recibir la Fundación es de 3.304.778 euros.

Para «desinfección»

El desglose que realiza la sociedad es exhaustivo. En concepto de salarios por gestión y catalogación fija más de 2,5 millones de euros; por el alquiler de Artea, casi 300.000; en concepto de «limpieza y desinfección» 30.000... Es decir, cerca del 90% de lo estipulado no corresponde a la conservación durante la dictadura, sino en la etapa democrática, y en especial desde 1992, cuando ya se exigía su traslado a las instituciones públicas. Por la custodia en Villa Izarra, por ejemplo, la cantidad apenas superaba los 40.000 euros.

El Gobierno de Ibarretxe acelera los trámites y comienza una carrera contra el calendario. La dirección de Patrimonio Cultural estudia y corrige la tasación en apenas cuatro días; la reduce hasta los 2.980.00 euros. Es el 1 de abril. Casi a la misma hora, PSE y PP firman su pacto de 'Bases para el cambio'; la salida del PNV de Ajuria Enea es una certeza.

El 16 de ese mismo mes, Azkarate y Atutxa firman el acuerdo para hacer efectiva la entrega de dicha cantidad a la Fundación Sabino Arana. La solicitud presentada por el Departamento de Cultura entra en la Oficina de Control Económico el 20 de abril. Según la normativa, este órgano, dependiente de la consejería de Hacienda, tiene potestad para reclamar «asesoramientos técnicos o aclaraciones necesarias para el desempeño de su función a cuantas instancias fuere pertinente». En este caso no lo fue. El documento sale de la Oficina de Control el mismo día que entró: el 20 de abril, un hecho insólito.

Un día después llega al consejo de Gobierno. Fue el penúltimo que celebró el gabinete de Ibarretxe mientras el PSE le acusaba de acelerar los trámites y comprometer el gasto. El tripartito aprueba la propuesta que, sin embargo, no aparece en la documentación colgada en la 'web' del Ejecutivo, que apura el tiempo. El 22 de abril Azkarate y Atutxa rubrican el convenio. El 27 de abril recibe el visto bueno definitivo de la vicepresidencia del Gobierno. Sólo quedaba un trámite, que Hacienda emitiese la factura. Lo hace el 5 de mayo, el mismo día que López fue investido lehendakari por el Parlamento vasco.