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M. J. T.
Martes, 30 de marzo 2010, 04:52
El euskera será mérito y no requisito para acceder a la mayoría de las plazas de la Administración vasca de Justicia. El Gobierno de Patxi López ha retirado el recurso de casación que presentó ante el Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) que tumbó el decreto que regulaba la euskaldunización de los juzgados, elaborado por el Ejecutivo de Ibarretxe.
Por tanto, el fallo judicial, fechado en octubre de 2009, ya es firme. A través de un auto, el TS ha declarado «desierto» el recurso de casación que, en principio, fue presentado por el actual Gobierno. La razón fue que, pese compartir el fondo de la sentencia del Superior -es decir, que no todos los puestos contasen con un perfil preceptivo de euskera-, el Ejecutivo defendía la presencia de personal bilingüe de atención al ciudadano y que los documentos y notificaciones fuesen también redactados en la lengua vasca. La sentencia, sin embargo, estimaba que los responsables autonómicos carecían de atribuciones para decidir estas cuestiones.
Ahora, el departamento que dirige Idoia Mendia justifica la retirada del recurso en la inminente aprobación, prevista para mayo, de un nuevo decreto de normalización lingüística, cuyo objetivo será que, en el plazo de 10 años, el 35% del personal de justicia ocupen «puestos singularizados por el idioma. Por tanto, el Gobierno mantiene la meta marcada por sus predecesores -conseguir que hablen euskera 800 de los 2.000 funcionarios de la plantilla judicial, excluidos los jueces, fiscales y secretarios- «adecuando los cauces para una consecución estable de los mismos»
«No tiene sentido -sostienen fuentes del Departamento que dirige Idoia Mendia- plantear un recurso que puede tardar dos años en resolverse» cuando en mayo va a entrar en vigor el nuevo decreto. Ese 35% de puestos con perfil se distribuirá «de forma proporcional a la efectiva implantación del euskera en los distintos partidos judiciales. No es lo mismo, por poner un ejemplo, Durango o Gernika que Vitoria o Bilbao».
El Ejecutivo anunció que hará planes quinquenales de euskaldunización de forma que, a la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo en 2010, pueda hacerse efectiva una tercera parte de ese porcentaje, mientras que el resto se conseguirá en los dos quinquenios siguientes (2015 y 2020).
Como regla de partida, el euskera se valorará como mérito con carácter general en los puestos genéricos, y sólo de forma especial se considerará como requisito de acceso en los singularizados. El futuro decreto establecerá para los cuerpos de auxiliares y tramitadores el perfil 2, y el 3 para los gestores. El objetivo es «conseguir equipos de trabajo bilingües en la ordenación procesal, es decir, con capacidad de traducir las tramitaciones al euskera, sin merma de la fidelidad y plena eficacia de la resolución judicial dictada».
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