El Gobierno vasco pide a los profesores una actitud «firme» en los colegios frente a ETA

Tras ocho meses de trabajo, el Gobierno vasco remitió ayer a los grupos parlamentarios y a diferentes colectivos sociales la reformulación que ha realizado del 'Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos', puesto en marcha en 2008, en el tramo final del último mandato de Juan José Ibarretxe. Un borrador cuyo eje central, como ya se aventuraba, es el papel de las víctimas, a las que el Ejecutivo de Patxi López considera un elemento «central» para «la deslegitimación del terrorismo» y cuyo testimonio, mediante «presencia física» o «plasmado en documentos diversos», se pretende «estimular». El texto, además, aboga por celebrar homenajes a los damnificados por la violencia etarra en los centros escolares y pide una implicación «activa y firme» de los profesores, que no deben ser «neutrales» ni permitir «ningún planteamiento justificador o explicativo» del terrorismo.

A partir de este momento, el plan impulsado por el Gabinete socialista queda a la espera de las aportaciones que puedan incorporar el resto de formaciones y de que sea enviado al Parlamento para su aprobación definitiva, un trámite para el que todavía faltan bastantes semanas. En todo caso, la remisión a los grupos de la Cámara supone el impulso definitivo a un proyecto en el que han trabajado cuatro consejerías -Educación, Interior, Justicia y Cultura- y la Lehendakaritza.

Un equipo interdepartamental que, desde su arranque, ha querido marcar distancias con el plan elaborado hace dos años por Tontxu Campos, entonces consejero de Educación de EA. Tanto, que hasta le ha cambiado el nombre para definirlo como 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia', lo cual, según el Gobierno, evidencia «la existencia de nuevas prioridades y orientaciones».

Y entre ellas destaca una: el papel de las víctimas de ETA. El texto admite que no se pueden «arrinconar» otras formas de violencia, como por ejemplo la de género, pero recuerda que los afectados por la banda terrorista no han tenido hasta la fecha un espacio propio y que «los problemas de paz en el mundo» constituyen objetivos que «quedan fuera» de este informe. «Los planes específicos como éste surgen en Euskadi como consecuencia de un problema particular y concreto que sufre la sociedad vasca», trasladó el Ejecutivo autónomo a través de una nota de prensa.

Los afectados, en las aulas

La presencia de las víctimas en los centros educativos fue la bandera que enarboló el PSE durante su etapa en la oposición y que ha mantenido en el borrador hecho público ayer. Aun así, ha tenido que flexibilizar sus objetivos. En un principio quería que fuesen testimonios en vivo. Sin embargo, ha tenido que adaptarse a la realidad al comprobar que la actual normativa permite a los colegios decidir qué fórmula quiere aplicar: con las víctimas en las aulas, a través de «documentos» en los que expliquen de primera mano su sufrimiento o intercalando las dos opciones. El Ejecutivo ve «ideal» esta última alternativa. En cualquier caso, serán «directos», no de forma «delegada».

«Serán los criterios pedagógicos los que decidirán, en cada lugar y en cada momento concreto», señala el documento al que ha tenido acceso EL CORREO. Fuentes del Gobierno admitieron que, sobre todo en su fase inicial, el proyecto encontrará importantes reticencias en muchos centros, en especial, en aquellos situados en zonas con fuerte implantación de la izquierda abertzale. Sin embargo, creen que lo importante es que se vaya extendiendo el apoyo a las víctimas.

Bajo la premisa de que la violencia terrorista es un «planteamiento destructor de los valores e instituciones democráticas», el Ejecutivo de López considera que las declaraciones de los damnificados por la banda «recobra un papel muy importante». «Son el testimonio de un sufrimiento injusto que, de forma rotunda y clara, nos plantea las consecuencias dramáticas de la no aceptación de la pluralidad democrática», apunta la propuesta.

Y en este contexto, también califica de imprescindible el papel de los diferentes agentes sociales, incluidos los profesores, que no deben ser «neutrales en la tarea colectiva de deslegitimar el terrorismo». «Deben tomar una posición clara y firme contra ETA, no permitiendo ningún planteamiento justificador o explicativo», añade el texto, que también marca el terreno sobre el que se tendrán que mover las víctimas: «Sus testimonios se situarán en el ámbito de los derechos humanos, con imparcialidad razonable respecto a las posturas partidarias legítimas».

El plan 'Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia', asimismo, plantea la posibilidad de celebrar homenajes a las víctimas en los propios centros escolares y aboga por la implicación de los medios de comunicación, en especial de EiTB, de los ayuntamiento y de las propias familias en esta tarea de rechazo al terrorismo, algo sobre lo que ya incidía el informe del Ararteko presentado en junio del año pasado.

En todo caso, el camino que se le abre ahora a esta propuesta no es sencillo, pues las formaciones abertzales ya han evidenciado sus recelos al considerar que el testimonio presencial de las víctimas puede ser «contraproducente». «La memoria de las víctimas constituye la defensa permanente de la tolerancia», por lo que hay que «desarrollar su potencialidad como coadyuvante en procesos de reconstrucción de relaciones sociales, necesarios en un país demasiado castigado por años de odio y violencia», concluye un documento que subraya el liderazgo del lehendakari, Patxi López, en esta iniciativa interdepartamental.