La jueza apoya la expulsión de Eliseo Gil de Iruña Veleia tras descubrirse el fraude

La Diputación alavesa actuó correctamente cuando, tras escuchar las conclusiones de la comisión de expertos que rechazaban la autenticidad de los hallazgos de Iruña Veleia, revocó el permiso de ocupación temporal del yacimiento a Lurmen, la empresa que lo gestionaba. Beatriz Eva Román, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, desestimó el recurso de Eliseo Gil, propietario de la compañía y principal implicado en el presunto mayor fraude de la arqueología vasca, contra aquella resolución del Departamento de Cultura.

El pasado 7 de mayo el juzgado ya había archivado la causa iniciada por Gil contra la orden foral 444/2008, que revocó el permiso de ocupación temporal del yacimiento a Lurmen. Entonces, Gil presentó un recurso y ahora la jueza se reafirma. En primer lugar, niega que, tal y como decía el arqueólogo, hubiese prevaricación por parte de la diputada Lorena López de Lacalle, porque la decisión «se adoptó tras las investigaciones llevadas a cabo por la comisión científica asesora que concluyó que los hallazgos efectuados en el yacimiento no podían ser considerados en ningún caso como auténticos por unanimidad científica».

Lurmen también alegó allanamiento de morada, punto que también rechaza la magistrada porque ni el poblado romano ni el almacén pueden considerarse 'morada'. Además, la empresa entregó las llaves voluntariamente a la Diputación y no consta que se haya forzado ninguna entrada. La jueza niega además que se haya producido la falsificación documental por la que Gil protesta, ni tampoco hubo coacciones. «La actuación de la Administración ha sido correcta», señala el auto judicial, y todos los movimientos están «verificados en el marco legal establecido, sin violencia ni intimidación alguna».

Lorena López de Lacalle mostró ayer su «satisfacción» por esta resolución, fechada el pasado día 17 de marzo, y recordó que las autoridades judiciales también rechazaron anteriormente la petición de Eliseo Gil de paralizar el Plan Director de Iruña Veleia. Sin embargo, está pendiente el principal proceso, impulsado por la Diputación, en el que se acusa a Gil de estafa y delito contra el patrimonio cultural por el presunto fraude de Iruña Veleia.