Un juez recusado por Ibarretxe

El nombramiento de Juan Luis Ibarra no habrá gustado, a buen seguro, en la sede del PNV en Bilbao. El actual presidente de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no ha dudado a la hora de firmar sentencias que suponían duros varapalos para la gestión de los nacionalistas en instituciones como el Gobierno vasco o la Diputación de Vizcaya. «Es un hombre de principios, agarrado al imperio de la ley y a la estricta aplicación del Derecho», sostienen quienes le conocen. Una forma de ser que puso de manifiesto el pasado jueves, cuando se sometió a la entrevista que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó a los tres candidatos a presidir el Superior vasco.

Fiel a su estilo sincero, este vizcaíno nacido en Sopelana hace casi 62 años aludió al 'caso Ibarretxe-López' y a las «presiones ilícitas» que, en su opinión, sufrieron los jueces que se encargaban de la instrucción por parte del tripartito PNV-EA-EB. Recordó las manifestaciones frente al Palacio de Justicia bilbaíno. Un reproche directo para los nacionalistas, justo cuando sabía que necesitaba de los máximos votos posibles para dar la sorpresa e imponerse al favorito, Juan Mateo Ayala.

Ibarra, que no tomará posesión del cargo hasta después de las vacaciones de Semana Santa, no ha sido desde el principio un aspirante del agrado de los más altos mandos de Sabin Etxea. El equipo de Iñigo Urkullu no olvida que este juez firmó, como miembro de la Sala de Gobierno del TSJPV, declaraciones en contra del Gabinete Ibarretxe por la causa penal que sentó en el banquillo de los acusados al anterior y al actual lehendakari. De hecho, la defensa del ex jefe del Ejecutivo le recusó para que no formara parte de la 'Sala del 77', la que decidía qué tres juristas debían dirigir el juicio. Los letrados de Lakua argumentaron que Ibarra no iba a ser imparcial, que había prejuzgado el caso y que formaba parte del equipo asesor de la revista 'Papeles de Ermua', editada por el Foro Ermua, que ejercía la acusación contra Ibarretxe.

«Lealtad» institucional

El propio magistrado aceptó la solicitud y se apartó de la causa. Aunque defendió su imparcialidad y aclaró que nunca había participado en reuniones de aquella publicación, prefirió hacerse a un lado por «lealtad» y «prudencia institucional», para salvaguardar la limpieza del encausamiento contra el por entonces lehendakari.

El hasta ahora presidente de lo Contencioso-Administrativo -plaza que deberá ser cubierta una vez que se oficialice su nombramiento como presidente del TSJPV- no ha eludido nunca el choque con el Poder Ejecutivo, siempre «desde la aplicación del Derecho». Sonados fueron a finales de los noventa sus encontronazos con el ahora diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, que entonces era portavoz del ente foral. Bilbao le acusó de «empecinarse» en limitar la soberanía de las instituciones vascas por haber cuestionado en un auto las aportaciones públicas al fondo de pensiones de Elkarkidetza, al entender que no se ajustaban a la Constitución. Los jeltzales también le criticaron por haber echado para atrás una Oferta Pública de Empleo por la que la Diputación había cubierto un centenar de plazas de funcionario.

Quienes han trabajado con él aseguran que estas actuaciones revelan su independencia. Los varapalos a las instituciones se corresponden, sostienen, a la «normal» aplicación de la Justicia. Recuerdan que en los casos de lo Contencioso-Administrativo se recurren actuaciones de los diferentes ejecutivos, hasta ahora gobernados casi en la totalidad por el PNV. En este sentido, aluden a la reciente sentencia por la que el Tribunal Superior rechazaba la tesis del consejero Rodolfo Ares, del PSE, partidario de impedir la exhibición de fotos de presos de ETA en concentraciones de familiares. El fallo sostiene que no se puede presuponer un delito de enaltecimiento del terrorismo y afirma que esas imágenes no tienen por qué constituir siempre una vulneración de la ley de víctimas.

Profesor en la UPV

El propio Ibarra, que ejerce de profesor en la UPV, aseguró el jueves pasado ante el Poder Judicial que, como presidente del Superior, impulsaría las buenas relaciones con todos los partidos, aunque mantuvieran puntos de vista alejados de lo escrito en la Constitución. Desde una posición de «respeto» mutuo. Tendrá para ello que hacer gala de su «eterna capacidad para el diálogo» como describen compañeros de profesión y abogados que ejercen en Bilbao. Porque aunque desde ciertos sectores de la judicatura se le censura por «haberse acercado demasiado a las tesis de los conservadores» y de Fernando Ruiz Piñeiro, la gran mayoría de los magistrados vascos le profesan un «gran cariño».

Destacan de él su «preocupación» por la profesión y recuerdan cómo fue uno de los más activos a la hora de conseguir medidas de seguridad para los jueces ante la amenaza de ETA. También evocan sus primeros años como magistrado, cuando promovió colectivos contra la tortura y los Derechos Humanos, cuando impulsó Jueces para la Democracia -de la que se desvinculó en 1998- o cuando firmó sentencias en las que se paralizaban expulsiones de inmigrantes o se concedían derechos a sus familiares. «Siempre se ha colocado del lado de los más desfavorecidos» advierten quienes le definen como un «humanista» apasionado por la literatura y la filosofía. Y subrayan que las tensiones futuras como presidente del TSJPV las resolverá en alguno de esos largos paseos que suele dar casi a diario. El mismo que daba el martes ya de noche a unas horas de ser elegido.