El PP denuncia que De Miguel tenía negocios incompatibles con su cargo

El PP ha pedido la comparecencia en Juntas del diputado general de Álava, Xabier Agirre, para que explique por qué nombró al ya dimitido Alfredo de Miguel diputado de Administración Local y hombre fuerte de la entidad foral pese a saber que participaba en dos sociedades mercantiles. Una situación ésta que, dicen los conservadores, «es incompatible con el desempeño de ese cargo».

El presidente del PP Alavés, Javier de Andrés, reveló ayer que De Miguel -quien la pasada semana abandonó su cargo tras ser imputado, junto con otros siete cargos relevantes y afiliados del PNV, por un presunto delito de corrupción urbanística- es administrador único en la empresa de construcción Landaburu Etxea S.L. y apoderado de Eskalmelo SL, sociedad mercantil también del sector del ladrillo y obras de ingeniería civil.

Con estas actividades «el informe de compatibilidad del diputado general no podía ser favorable porque el cargo -de diputado- es de dedicación exclusiva», censuró De Andrés. Para justificar su postura, se remitió a la norma foral 52/1992, donde se señala de manera expresa que el puesto de diputado es «incompatible con el ejercicio de toda clase de actividades laborales, profesionales, mercantiles o industriales, salvo las de docencia e investigación universitaria».

Interpretación legal

Desde el Palacio de la Provincia no han dado explicación sobre el asunto, aunque todo parece apuntar a que el debate girará en torno a una interpretación legal. Dicen fuentes forales que la declaración de actividad presentada por De Miguel, igual que todas las demás, fue enviada a la secretaría técnica de la Diputación, y es allí donde los juristas deciden si hay o no incompatibilidad. «Si llegó al diputado general para que lo firmara es que el informe fue positivo», mantienen las mismas fuentes.

De hecho, De Miguel en ningún momento ocultó su participación en ambas sociedades ya que hizo constar su condición como administrador único y apoderado, respectivamente, en su declaración de actividad. Un documento público que también dio ayer mucho de que hablar. En un primer momento, los populares, tras conocer por otras vías la conexión de De Miguel con las dos sociedades, aseguraron que en el registro foral les habían negado hasta en dos ocasiones y bajo diferentes pretextos la información.

Incluso acudieron el martes con un notario a dependencias forales para dejar constancia de esta situación. «Este es el peor inicio si la Diputación quiere tener los bolsillos de cristal», condenó por la mañana Javier de Andrés. «Dicen que quieren ser transparentes y ya han empezado a ocultar cosas».

Por su parte, fuentes forales rechazaron estas acusaciones y señalaron que el PP actuó de mala fe ya que o utilizaron mecanismos que no eran apropiados para solicitar la información o acudieron al registro a sabiendas de que la funcionaria encargada estaba de baja. Sea como sea, los populares recibieron el ansiado documento ayer por la tarde. Y allí constaba que De Miguel sí había declarado su participación en ambas sociedades.

Siendo esto así, cargan las tintas contra el Gobierno foral por, pese a ello, nombrarle diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial. De esa manera, tratan de salpicar al equipo de Xabier Agirre en el 'caso De Miguel', un proceso que amenaza los resultados de los nacionalistas en las elecciones municipales del año que viene y que representa una buena baza para los populares.