Pocos escándalos, pero sonados

Ha sido creencia generalizada en el PNV que, siendo un partido 'periférico' y sin grandes baterías mediáticas, el único error que bajo ningún concepto podía permitirse cometer es que un solo caso de corrupción pusiera en entredicho la honradez de la organización. «La honestidad es nuestro principal capital», solían afirmar los dirigentes peneuvistas, como repitió ayer el líder del ABB, Iñaki Gerenabarrena. Ese rechazo frontal a prácticas que en el fondo siempre han considerado propias de los grandes partidos españoles, pero no de la política vasca, además de letales en términos electorales, explica la rotundidad con la que la formación ha tratado de atajar las presuntas corruptelas que han amenazado su credibilidad. El ejemplo más reciente es el contundente mensaje que lanzó ayer el diputado general alavés, Xabier Agirre, antes siquiera de conocerse el fondo de la trama de cohecho por la que han sido detenidos cuatro altos cargos, la más grave que haya afectado nunca al PNV.

Pero ya en los últimos años se ha visto obligado a afinar su retórica más tajante para salir al paso de los escándalos, que no han llegado a afectar, sin embargo, al corazón del partido. Uno de los más sonados, por las implicaciones que tuvo en la pugna interna Imaz-Egibar, fue el conocido como 'caso Jauregi', que descabalgó a Jon Jauregi de la candidatura a diputado general de Guipúzcoa. La bola empezó a crecer cuando se desveló que el aspirante no había declarado a Hacienda dos de las seis viviendas de su propiedad, una en Jaca y otra en Iparralde, y que había aumentado llamativamente su patrimonio.

El estruendo, con ser ruidoso, fue mucho mayor en el seno del Gipuzku buru batzar liderado por Joseba Egibar, que acusó a Joxe Joan González de Txabarri y otros ex altos cargos de la Diputación guipuzcoana afines al entonces presidente del EBB, Josu Jon Imaz, de haber filtrado los movimientos tributarios de su hombre de confianza por pura 'vendetta' política. La Agencia de Protección de Datos confirmó más tarde esta versión y el GBB exigió la baja de los acusados de revelar información confidencial. Jauregi, en cambio, se sometió a una «exhaustiva» investigación interna y sigue siendo burukide de la ejecutiva peneuvista, además de vocal de Kutxa y consejero de la farmacéutica Zeltia en representación de la entidad financiera.

Peor suerte corrió Víctor Bravo, a quien el PNV obligó a dimitir de su cargo de senador en mayo de 2007, sólo unos meses después de que estallara el 'caso Jauregi'. Cuando los jeltzales guipuzcoanos aún no se habían recuperado del golpe, sobrevino el escándalo de la Hacienda de Irún, como un meteorito estrellado en plena campaña de las municipales y forales, que se cobraron la factura con una sangría de votos y la segunda posición en Guipúzcoa, por detrás del PSE. La renuncia del senador jeltzale, hermano del presunto 'cerebro' de la trama, José María Bravo, no fue suficiente para apagar los ecos de la polémica. Imaz se desgañitó para dejar claro que fue la propia Diputación la que recopiló los indicios y los puso en manos de la Fiscalía. «Olíamos mal, hemos levantado nosotros la alfombra y hemos visto la mierda», llegó a proclamar.

Agujero de ocho millones

La «mierda» era un 'agujero' de más de ocho millones de euros que habrían dejado de ingresarse en las arcas de la Hacienda que dirigía Víctor Bravo en el momento del desfalco, parte de los cuales -más de millón y medio- se los habría apropiado su hermano, al frente de la oficina de Irún. Aunque el ex senador siempre negó su implicación, la Fiscalía le denunció en 2009 por delitos contra la Hacienda, cohecho y prevaricación por, entre otras cosas, permitir a una inmobiliaria catalana acogerse a beneficios fiscales que no le correspondían a cambio del 7% de las participaciones de la firma. La comisión de investigación de las Juntas le consideró responsable político del fraude junto a otros siete ex altos cargos nombrados por el PNV, que se desvinculó del asunto.

Tampoco dañaron ningún 'órgano vital' jeltzale las irregularidades en el museo Guggenheim -la ruinosa compra de dólares y el desfalco cometido por Roberto Cearsolo- y el fiasco del Balenciaga, que sí pasaron factura política a la ex consejera de Cultura, Miren Azkarate, que vio a la oposición en bloque exigir su dimisión en vísperas de las últimas autonómicas, para depurar responsabilidades políticas por la «falta de celo» en la gestión que observó la comisión de investigación de la Cámara vasca.

Pero, a falta de que se esclarezcan los detalles de la trama alavesa, éste sí amenaza con convertirse en un mal mayor para el PNV, que a finales de los ochenta ya vio cómo se archivaba otro sumario de alto voltaje, el del famoso 'caso tragaperras', que vinculaba la concesión de licencias para máquinas recreativas con la financiación del partido.