El detenido en Reino Unido vivía en Londres con su propia identidad

Garikoitz Ibarluzea, de 29 años, a quien la Audiencia Nacional quiere juzgar bajo la acusación de ser el presunto autor de tres delitos de kale borroka entre noviembre de 2001 y marzo de 2002, rechazó ayer regresar voluntariamente a España y permanecerá en la cárcel de Wormwood Scrubs hasta que se resuelva el proceso judicial de extradición. Según la orden europea, Ibarluzea, que no compareció en 2006 a un juicio en Madrid en el que otros siete jóvenes eran acusados de actos de violencia callejera, sería autor de la colocación de varios artefactos incendiarios en el automóvil de un funcionario del Departamento de Interior, en su localidad natal de Ibarra, y en la sucursal de Correos en Alegría, así como del lanzamiento de cócteles molotov contra un autobús cerca de Tolosa.

El fiscal, Daniel Sternberg, tradujo esos delitos al código británico como conspiración para causar explosiones y para el asesinato, porque el autobús atacado estaba en tránsito, con un conductor y pasajeros. La pena máxima por cada uno de esos delitos es de 16 años en la legislación británica y, por tanto, se cumplen los requisitos mínimos para la extradición.

Ibarluzea fue detenido en Londres, donde vive sin ocultar su identidad desde que en 2002 la Audiencia Nacional le dejara en libertad provisional tras haber sido detenido por las acciones de violencia callejera que se le imputan. En 2006 no se presentó al juicio, por lo que las autoridades españolas cursaron una orden europea de detención. El arresto se produjo, finalmente, el domingo, después de que una patrulla de tráfico de Scotland Yard le identificara en un control de carreteras rutinario. El joven ha ejercido diversos oficios, ha sido miembro activo de la Sociedad Vasca, paga sus impuestos a la Hacienda británica y compareció ayer en el juicio con el traje de cocinero que usa en la tienda de alimentación en la que está empleado.

Alegará tortura

Sus abogados, que serán sufragados por la Hacienda británica, adelantaron ayer los argumentos que usarán para repeler la euro-orden. Apelarán al artículo 17 de la Ley de Extradición, según el cual un detenido no puede ser juzgado en el país de destino más que por los delitos por los que ha sido extraditado.

La defensa alegará que en el primer caso de un supuesto miembro de ETA extraditado desde Reino Unido, el de Iñigo Makazaga, en 2001, las autoridades judiciales españolas lo juzgaron a su llegada a Madrid por delitos que habían sido eliminados en el proceso ante los tribunales británicos. Ese supuesto incumplimiento invalidaría la credibilidad de la Justicia española en procesos de extradición.

Los letrados también argumentarán que confesó haber participado en los actos de kale borroka que se le imputan en condiciones de incomunicación y sometido a malos tratos. El proceso se reanudará la próxima semana.