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EL CORREO
Miércoles, 10 de marzo 2010, 08:43
La enmienda presentada el pasado 16 de febrero por el PSOE en el Congreso para eliminar las limitaciones de los derechos de voto al 10% en las grandes compañías, como Iberdrola o Repsol (Petronor), ha generado una honda preocupación en el Gobierno vasco. Tanto que el lehendakari, Patxi López, traslado el pasado viernes al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su preocupación por los efectos perniciosos que, de salir adelante, tendría esa iniciativa sobre grupos empresariales vascos que podrían quedar a expensas de posibles asaltos hostiles.
Lo hizo en primera persona, en el transcurso de una reunión celebrada en La Moncloa en medio de una absoluta discreción, según ha podido saber EL CORREO. La entrevista se produjo tan sólo 48 después de que López reuniera a su 'comité de sabios' del que forman parte, entre otros, los presidentes de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y de Petronor, Josu Jon Imaz. El jefe del Ejecutivo vasco trasladó a su homólogo en Madrid algunas impresiones sobre la labor de este consejo y ambos realizaron también un repaso a la actualidad política.
La reunión se encuadra en los contactos informales que los dos dirigentes mantienen «habitualmente». Para ello, al margen de frecuentes comunicaciones telefónicas, aprovechan las asambleas del comité federal socialista en Madrid o este tipo de encuentros, en los que no existen una agenda formal de temas. Tampoco hay focos, al contrario de los que rodearon la cita «histórica» que mantuvieron el 1 de julio en La Moncloa, por primera vez con López ejerciendo como lehendakari.
El viernes pasado, en cambio, Zapatero y López tenían un asunto prioritario que debatir, escasamente proclive a la luz y taquígrafos de aquel acontecimiento. Hablaron, entre otros asuntos, de la crisis económica y de sus consecuencias, de la situación del PSOE y de la labor realizada por el Gobierno vasco durante su primer año de mandato. Pero una parte importante de la reunión se centró en la polémica enmienda presentada por el grupo socialista en el Congreso para eliminar los blindajes recogidos en lo estatutos de compañías como Iberdrola, Repsol y Telefónica que limitan al 10% los derechos de voto al margen de la participación real de cada accionista.
López expuso ante Zapatero su total determinación para lograr que las grandes empresas vascas sigan manteniendo su sede en Euskadi. Y es que el lehendakari teme que la enmienda socialista pueda poner en peligro esa realidad. De aprobarse, podría permitir que determinados accionistas pudieran controlar de facto compañías como la eléctrica por la 'puerta de atrás'. Es decir, a través de la adquisición de participaciones significativas y sin necesidad de lanzar una OPA.
Esa preocupación no es exclusiva del Ejecutivo autónomo. En amplios sectores económicos y políticos vascos se mantiene la tesis de que la eliminación de la limitación de los derechos de voto puede poner al pie de los caballos no sólo a Iberdrola, sino también a otro baluarte de la industria vasca: Petronor. Ello ha provocado que, tanto la BBK -accionista en ambos grupos- como el PNV se hayan opuesto a las pretensiones del grupo socialista.
Los blindajes son considerados un instrumento para proteger a los accionistas minoritarios de las compañías ante posibles ataques. Esa es una tesis extendida en toda Europa. De hecho, en 25 de los 27 países que integran la UE se mantiene las limitaciones de voto
En España, la iniciativa para eliminar esa protección partió de la propia Moncloa -sin conocimiento de los responsables de los ministerios de Economía e Industria, aseguran las fuentes consultadas- y fue presentada , al limite del plazo, por el PSOE para modificar la Ley de Sociedades Anónimas. En ámbitos políticos y empresariales se atribuye al presidente de ACS, Florentino Pérez, la 'paternidad' de la iniciativa. Tanto es así, que se conoce como la 'enmienda Florentino'.
ACS es -junto a Sacyr, que controla el 20% de Repsol (Petronor)- uno de los grandes beneficiados por la eliminación de los blindajes. La constructora es el primer accionista de Iberdrola -posee algo más del 7% en participación directa y en torno a otro 5% a través de derivados- y mantiene desde hace años una encendida pugna por entrar en su consejo de administración para poder consolidar sus resultados. Algo que hasta ahora no ha conseguido. El próximo intento se producirá en la junta de accionistas de Iberdrola del 26 de marzo, en la que ACS volverá solicitar ocupar un puesto en el consejo.
Retraso
Hace dos semanas, una iniciativa liderada por CiU y apoyada por el PNV y el PP permitió retrasar en tres semanas el debate sobre la controvertida enmienda, previsto inicialmente para el pasado jueves. Tras ello se ha puesto en marcha un complejo proceso de conversaciones a varias bandas que podría incluso derivar en la retirada de la iniciativa socialista.
El PSOE no tiene mayoría en el Congreso y necesitaría al menos el apoyo de CiU, habida cuenta de que tanto el PNV como el PP ya ha mostrado su rechazo a apoyarle en los actuales términos. Los catalanes estudian el asunto y aún no han adoptado una determinación. Según medios consultados por este periódico, los populares habrían propuesto a los socialistas la anulación de su enmienda a cambio de iniciar un proceso de reforma en profundidad de las leyes mercantiles (Ley de OPAs, Les de Sociedades Anónimas y Código Mercantil) que podrían incluir la eliminación de los blindajes siempre y cuando se pongan en marcha una serie de salvaguardas. Los socialistas no excluyen la opción de retirar su enmienda, si bien la resolución final dependerá de la decisión que adopte CiU.
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