Telefónica y Euskaltel se alían por vez primera en el Ayuntamiento de Bilbao

Telefónica y Euskaltel han aparcado su eterna rivalidad y han formado una Unión Temporal de Empresas (UTE) para gestionar de forma integral las telecomunicaciones del Ayuntamiento de Bilbao. El Consistorio, que por primera vez ha sacado este servicio a concurso público, cerró el pasado viernes el plazo de presentación de ofertas con sólo dos candidaturas: la alianza de estas dos compañías y Vodafone, que al mismo tiempo ha recurrido sin éxito las bases de la convocatoria. En su opinión, los pliegos incluyen especificaciones tan concretas que «no ofrecen una oportunidad real de concurrencia a los operadores».

El contrato tendrá cuatro años de duración con un presupuesto de 6,4 millones de euros para la gestión de la telefonía fija y móvil del Ayuntamiento, además del acceso a Internet y la transmisión de datos, y 1,2 para prestar el mismo servicio a las sociedades municipales. Se prevé también firmar un acuerdo marco de inversiones para ofrecer las mejores soluciones tecnológicas y potenciar al ahorro, por importe de otros dos millones. Las bases contemplan la posibilidad de una prórroga por dos años más, con lo que el presupuesto en su conjunto superaría los doce millones.

Son sumas importantes para un contrato que, a diferencia de lo que hacen otras instituciones, se presenta en un único lote. Algo que ha sido determinante, según las fuentes consultadas, para que los dos competidores decidan ir en el mismo barco mientras pelean en otros frentes. La compañía que preside José Antonio Ardanza acaba de desbancar a la de César Alierta en el Ayuntamiento de San Sebastián. Ambas empresas se han enfrentado en los tribunales -el litigio de Telefónica contra la adjudicación de la telefonía de la Diputación a Euskaltel duró cuatro años, hasta que fue zanjado por el Supremo- y disputarán su próximo asalto en el Gobierno vasco, que prepara un supercontrato de 122,5 millones de euros en tres lotes.

¿Un cambio de estrategia? Portavoces de las dos compañías eluden dar detalles sobre cómo se ha gestado su alianza y si tendrá más recorrido. Cada concurso público es distinto, recalcan, «cambian las especificaciones técnicas y los requerimientos de la Administración». En el caso de Bilbao, donde lo que sale al mercado es un servicio integral en un único lote, concurrir en UTE les permite «ofrecer las mejores soluciones de ambos operadores desde un punto de vista técnico», afirman fuentes de Telefónica. «Se presenta la oferta más completa y eso es ventajoso también para el cliente», corrobora un portavoz de Euskaltel.

«Trato discriminatorio»

El concurso que ha propiciado este inédito acercamiento es novedoso por dos motivos. El Ayuntamiento de Bilbao nunca había sacado a licitación la gestión de las telecomunicaciones. La mayor parte del trabajo está en manos de Telefónica, aunque en los últimos años se ha dado entrada a otros operadores. El año pasado, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado hizo un llamamiento a las instituciones para que se adaptaran cuanto antes a la liberalización del mercado. También es la primera vez que se pone en práctica la «contratación centralizada», al unir en una misma convocatoria al Consistorio y todas las sociedades municipales. El objetivo es controlar el gasto y «racionalizar la gestión» de uno de los servicios básicos de la Administración.

Vodafone presentó un recurso especial en materia de contratación antes de que se cerrara el plazo de admisión de ofertas, al que también ha concurrido. La compañía aprecia «incongruencias y errores» en los pliegos que en su opinión «no se ajustan a Derecho». Las bases «exigen la implantación de una determinada solución técnica -la que explota actualmente Telefónica- sin admitir variantes ni alternativas» con el fin de «excluir por la vía de hecho» a otros operadores. Esto supone un «trato discriminatorio contrario a la normativa», por lo que, al ver rechazado su recurso en la vía administrativa, se plantean acudir a los tribunales.

El Ayuntamiento, por su parte, afirma que se ha limitado a definir sus necesidades sin entrar en la «línea de mercado» de las diferentes empresas. «La ley reconoce el derecho a cualquier operador de alquilar las redes de otros para prestar un servicio, y hay organismos que velan por la competencia», sostienen fuentes municipales.