Los obispos dejan al Rey fuera de su amenaza de excomunión aunque firme la ley del aborto

La Conferencia Episcopal evitó ayer implicar al Rey en el debate sobre la reforma de la ley del aborto. Tras su aprobación en el Senado, sólo falta que el monarca estampe su firma para que la nueva norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor. La necesidad de esa rubrica había despertado una incógnita: si, como es previsible, don Juan Carlos firma, ¿quedaría excomulgado a ojos de la Conferencia Episcopal, al igual que los diputados y senadores que han dado el sí a la nueva ley?

El portavoz de los obispos españoles, Juan Antonio Martínez Camino, tuvo que lidiar ayer una y otra vez con esta peliaguda pregunta. En un primer momento, afirmó que la Conferencia Episcopal «no tiene ningún juicio» sobre si el Rey debe o no sancionar la reforma. Pero después de ser preguntado hasta en seis ocasiones por esa aparente contradicción entre la Corona y la clase política, Martínez Camino exoneró al Rey de la excomunión, tome la decisión que tome, «porque su caso es único, con una moral distinta», argumentó.

«Que su majestad tenga que sancionar con su firma una ley es una situación única. No hay ningún otro ciudadano que se encuentre en esta situación», ahondó. «Por lo tanto, no son posibles los principios generales para una situación única». El obispo rehusó detallar cuál es la diferencia entre un político que vota por disciplina de partido y la del monarca que, por mandato constitucional, debe sancionar con su firma las leyes que apruebe el Parlamento. Sólo reiteró que «no es el mismo acto; el del Rey es único y muy distinto al de un político que da su voto a esta ley, pudiendo no darlo».

Por ello, consideró que «no es necesaria una exhortación al Rey» similar a la que dirigieron los obispos a los políticos, entre ellos, al presidente del Congreso, José Bono, católico reconocido. «No es que no se pueda hacer o que haya temor. Es que no es necesario», zanjó Camino que, harto de la insistencia, adujo que «la atención hay que centrarla en el hecho triste y grave de una ley que convierte el aborto en un supuesto derecho».

Un tanto atosigado, exclamó que «no voy a hablar más del asunto. A todos los católicos, pertenezcan al partido que pertenezcan, se encuentren donde se encuentren, les hemos trasladado la doctrina general de la Iglesia y las consecuencias que tiene el apoyo a esa ley», concluyó.

Abolición «cuanto antes»

Camino comparecía en realidad ante los medios para dar cuenta de lo acordado en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal. La Iglesia decidió llamar a la movilización de los católicos hasta lograr «cuanto antes» la abolición de la nueva ley. Con este fin, han convocado para el día 25 de marzo una jornada por la vida y la familia en toda España y expresaron su apoyo a las manifestaciones convocadas por las asociaciones Derecho a Vivir, Médicos por la Vida y La Vida Importa -apoyadas por otras 200 organizaciones provida- para el día 7 del mismo mes. «Todo lo que se haga para mantener la conciencia de lo que está en juego, que es el derecho a la vida de los inocentes y débiles que van a nacer, es bienvenido, hágalo quien lo haga», agregó Martínez Camino.

A la protesta de los obispos se sumó la de la Red Europea del Instituto de Política Familiar (IPF), que exigirá en marzo en el Parlamento Europeo la derogación «inmediata» de la nueva ley porque, a su juicio, provocará que España se convierta, junto a Francia y Reino Unido, «en el país de la UE con mayor número de abortos en 2015». Además, un concejal sevillano del PSOE, Joaquín Manuel Montero, se dio de baja ayer en el partido porque, a su juicio, la organización «legitima la muerte de inocentes».