Varapalo de Estrasburgo a Ibarretxe

El azucarillo se ha diluido definitivamente. De la iniciativa de Juan José Ibarretxe de denunciar a España ante la Justicia europea por «violar los derechos humanos» al anular su consulta soberanista ya no queda ni la posibilidad de recurso. Pocas veces una decisión presentada como un gesto de indudable simbolismo y calado político y anunciada a bombo y platillo por el máximo representante de un gobierno ha ido perdiendo fuelle de tal manera hasta quedar en nada, al no ser siquiera admitida a trámite por el Tribunal de Estrasburgo.

La demanda que el PNV se vio forzado a presentar ante la institución comunitaria ha llegado al final de su camino con el nulo alcance que parecía presagiar el escaso entusiasmo con que el partido jeltzale anunció en febrero de 2009 la decisión de interponerla, después de que EA y Aralar se le hubiesen adelantado en una especie de carrera por marcar perfil soberanista de cara a la entonces inminente cita con las urnas. A esas alturas, EB ya se había desentendido del embrollo con el argumento de que aquello eran «cosas de nacionalistas». El PNV delegó todos los trámites en sus abogados, sin apenas escenificación pública, para tratar de que el engorroso asunto del plebiscito pasara lo más desapercibido posible en los prolegómenos de una campaña electoral en la que ya sospechaba que el empeño del ex lehendakari en su 'hoja de ruta' podía pasarles factura. Un año y una mudanza en Ajuria Enea después, la formación liderada por Iñigo Urkullu despachó ayer con similar desgana -a través de una breve nota de prensa- el anuncio de la resolución de la Corte Europea. El fallo, adoptado el pasado 9 de febrero por el juez holandés Egbert Myjer, llegó a Sabin Etxea el pasado lunes aunque no se hizo público hasta ayer. El magistrado ni siquiera ha tomado en consideración la demanda, al estimar que la anulación de la consulta de Ibarretxe no vulneró ninguno de los derechos sobre los que tiene competencia el tribunal.

El 'culebrón' del recurso ante Estrasburgo escribió así su capítulo definitivo cuando ya había caído en el olvido, tras haber hecho correr ríos de tinta durante el otoño de 2008. Pero la decisión final de la Justicia europea, contra la que no cabe recurso porque ni siquiera ha entrado a deliberar sobre el fondo del asunto, da la razón a los expertos juristas que advirtieron, muchos de ellos desde el entorno del tripartito y del propio PNV, de las escasas o casi nulas posibilidades de que la demanda pasara siquiera el primer filtro. La Corte Europea ha determinado ahora que ninguno de los derechos fundamentales contemplados en el convenio europeo sobre el que tiene potestad se ve afectado por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nula la ley de consulta que Ibarretxe logró aprobar en el Parlamento vasco gracias al apoyo de la izquierda radical. EHAK, la marca que representaba entonces al entorno de Batasuna en la Cámara vasca le prestó uno de sus votos para impulsar el proyecto, más con el propósito de sembrar cizaña interna en el PNV que de profundizar en una vía que ya para entonces se había revelado intransitable.

'Patata caliente'

Y lo logró, porque la consulta se convirtió en la mayor 'patata caliente' con la que ha tenido que lidiar Iñigo Urkullu durante su mandato al frente del EBB. Cuando el ex lehendakari anunció con la mayor solemnidad en el primer consejo de Gobierno tras el verano de 2008 su intención de acudir como particular, «como Juanjo Ibarretxe», al Tribunal de Estrasburgo para denunciar al Estado citó hasta cinco artículos del convenio europeo en los que se fundamentaría el paso que pretendía dar secundado por todos los consejeros de su Gabinete. Según los informes elaborados por los servicios jurídicos de Ajuria Enea y la idea pergeñada en torno a una mesa y a un mantel con sus entonces socios Unai Ziarreta y Javier Madrazo, la decisión del Constitucional, que aquel 1 de septiembre no había sido aún oficialmente comunicada, vulneraría la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y asociación, de recurso efectivo ante una instancia nacional y de prohibición de discriminación. Cinco meses después, cuando el PNV ya había interiorizado que le tocaba al partido asumir el coste político de un gesto abocado al fracaso, un Urkullu mucho más parco en palabras se limitó a explicar que la anulación de un plebiscito no vinculante como el de Ibarretxe podría lesionar el derecho de la sociedad vasca a emitir libremente su opinión, en contra de lo estipulado en el artículo diez del convenio, que protege la libertad de expresión. Pero el juez ha fallado ahora que la «materia» que se denuncia es «incompatible» con las disposiciones de ese texto, algo que para el PNV es una interpretación «tímida y restrictiva» del alcance jurisdiccional del tribunal europeo.

Informes jurídicos

No ha habido sin embargo ni siquiera una comparecencia pública de Urkullu para expresar su disconformidad con la resolución judicial, que acata pero no comparte. De hecho, los jeltzales no ocultaron nunca en privado las serias dudas que abrigaban sobre las posibilidades de prosperar del recurso, incluso tras encargar dos informes jurídicos a sendos prestigiosos bufetes de abogados especializados en apelaciones de índole política ante Estrasburgo, uno con sede en Euskadi y otro radicado en Ginebra. El coste para el partido ha sido, pues, no sólo político, sino también económico. ¿Por qué entonces dio el paso? Porque no le quedaba más remedio, ya que lo contrario habría supuesto incumplir un compromiso para el que llegaron a recoger más de 60.000 firmas entre sus simpatizantes que adjuntaron a la demanda y dejar en evidencia a un Ibarretxe que por aquel entonces era el flamante candidato del partido a la Lehendakaritza.

Pero la batalla estaba perdida casi antes de empezar a librarse. El ex lehendakari se tiró a la piscina sin saber si había agua. Las dudas crecientes sobre la viabilidad jurídica de su iniciativa, la imposibilidad de personarse como parte para no incurrir en fraude de ley y las disensiones en el seno del tripartito en el preludio de la cita con las urnas dieron al traste con su grandilocuente anuncio, del que tuvo que responder el PNV. El final ya está escrito.