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LORENA GIL
Martes, 23 de febrero 2010, 08:28
El Departamento de Interior ha decidido dar marcha atrás y se personará finalmente como acusación en el caso del ertzaina que fue víctima de una paliza el pasado mes de septiembre en Bilbao, según anunció ayer a través de un comunicado. La noticia llega un día después de que EL CORREO se hiciera eco del malestar que reinaba en el Cuerpo ante el «vergonzoso abandono» que a su juicio sufría el agente por parte del Gobierno vasco. Interior ni siquiera se había prestado a ejercer la defensa legal de su compañero.
El consejero Rodolfo Ares comunicó personalmente a lo largo de la mañana de ayer la decisión del Ejecutivo al policía. Asimismo, y de cara a evitar desencuentros similares en un futuro, el viceconsejero de Seguridad, Rafael Iturriaga, emitió una Instrucción en la que se establecen las bases de actuación a seguir por los servicios jurídicos del Departamento. Según se desprende del escrito oficial, «cualquier agente que se vea involucrado por su condición de ertzaina en un procedimiento judicial, como reclamante o como reclamado, contará siempre con el apoyo legal» de la consejería. Con este paso, Interior cumple una de las reivindicaciones históricas de los sindicatos de la Policía autónoma.
Los hechos que motivaron la polémica se remontan cinco meses atrás. El pasado 17 de septiembre, un ertzaina libre de servicio salió sobre las diez de la noche de su domicilio, situado en la capital vizcaína, a tirar la basura, cuando dos personas -y quizás una tercera, según algunos testigos- se le echaron encima y empezaron a propinarle patadas y puñetazos al grito de «madero chivato». Varios clientes de los bares cercanos acudieron en auxilio del agente y lograron ahuyentar a sus agresores. La víctima fue trasladada por un vecino al hospital de Basurto con una rodilla rota y graves traumatismos faciales. Tras conocer lo ocurrido, el Departamento se decantó en esta ocasión por no hacer pública la agresión al agente en sus comunicados de prensa diarios. La Policía vasca detuvo a dos hermanos como presuntos autores de la paliza. Uno de ellos se personó voluntariamente en la comisaría de Deusto, al enterarse de que habían sido identificados, y otro comunicó que se encontraba en Badajoz. Fue al empezar las diligencias en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Bilbao cuando el ertzaina descubrió que Interior, a diferencia de casos anteriores, no se personaba esta vez en la causa, que incluye por la vía penal el delito de atentado contra agente de la autoridad. El sindicato mayoritario de la Policía vasca, Erne, solicitó entonces por escrito a la viceconsejería de Administración que pusiera a disposición de la víctima los servicios jurídicos, si bien la petición no obtuvo respuesta. En la carta, la central remarcó la necesidad de actuar judicialmente para «salvaguardar el respeto debido a los ertzainas y para evitar que este tipo de acciones queden impunes».
Preguntado por este periódico sobre la postura adoptada por el Departamento en este caso, Rodolfo Ares afirmó la semana pasada que solicitaría información a cerca del proceso, pese a que los hechos ocurrieron hace casi medio año. Además, insistió en que en ningún momento se le había trasladado que existiera petición alguna de apoyo jurídico para el policía agredido. En el comunicado remitido ayer, Interior asegura ahora haber adoptado la decisión de personarse como acusación en el procedimiento judicial, «tras revisar la documentación del caso y mantener sucesivas entrevistas a lo largo de los últimos meses con el ertzaina para conocer los detalles de lo sucedido».
Críticas de Erne y PP
Antes de que se hiciera público el paso dado por la consejería, el sindicato Erne así como el PP instaron ayer al Departamento a respaldar a los agentes, como garantes de la seguridad. La central reiteró a través de una nota de prensa la necesidad de que desde Interior se apoye legalmente a los ertzainas que resultan heridos en agresiones, así como a los que son acusados de malos tratos. Causas estas últimas que, según señalaron, «son sobreseídas al ser consideradas falsas por los jueces», pero que permiten a los detenidos por kale borroka acceder al número de placa de los policías y, posteriormente, a su nombre y dirección. «Ya es hora de que la Administración asuma la defensa de los agentes. La falta de atención por parte de Interior es vergonzosa», censuró el sindicato.
En términos similares se pronunció el parlamentario popular Carlos Urquijo, quien pidió a la consejería que no deje a los agentes «desamparados ante los jueces». Dada la polémica que ha rodeado el caso, Urquijo registró una pregunta en la Cámara de Vitoria a través de la que insta a Ares a explicar el «criterio» que ha guiado la actuación del Departamento para no haber prestado durante cinco meses asistencia jurídica al agente agredido ni tampoco haber decidido antes personarse como acusación en el juicio. «Los ertzainas en situaciones como la citada deben recibir todo el apoyo y el amparo de la consejería», concluyó.
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