La Audiencia nacional prohíbe a Garzón cerrar el 'chivatazo' del Faisán

Duro varapalo a la intención de la Fiscalía y de Baltasar Garzón de dar carpetazo definitivo a la investigación del 'chivatazo' a ETA sin sentar a nadie en el banquillo. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohíbe expresamente al juez cerrar en falso el caso y le ordena que «agote al máximo la investigación» porque -recuerdan los magistrados- la supuesta implicación de policías en la delación al aparato de extorsión etarra es «un hecho sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España». Por ello, exige a Garzón «transparencia» y un plus de «celo y diligencia en su investigación (...) más allá de lo normal o lo usual» ante la «extrema gravedad» de los sucesos que tuvieron lugar en el bar 'Faisán' de Irún aquella mañana del 4 de mayo de 2006.

La sección segunda, que resuelve los recursos planteados por las acusaciones populares en contra de la decisión de Garzón de no investigar más, asegura que lo que ocurrió allí fue «un delito de revelación de secretos y a su vez de colaboración con banda armada». La Sala insiste, en contra del criterio de la Fiscalía, que «parece que el círculo de posibles autores está y debe estar dentro del grupo de funcionarios policiales, que por una u otra razón, bien directamente o indirectamente, tenían conocimiento de la operación que se iba a realizar».

Los magistrados Enrique López, Julio de Diego y Ángel Hurtado no dudan en señalar sin tapujos que existe «otra dirección» en la investigación que debe seguir Garzón: «otro circulo de funcionarios», los que investigaban la red de recaudación de ETA y a los que el propio juez encomendó indagar a sus compañeros y superiores.

Este grupo, que lideraba el inspector jefe Carlos G., fue el que, tras meses de investigaciones, llegó a la conclusión de que el chivatazo había sido obra de los hasta ahora tres únicos imputados: el entonces director del Cuerpo Nacional de Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el policía de Vitoria especialista en terrorismo islámico que supuestamente entregó a Joseba Elosúa, jefe de la red de recaudación etarra y propietario del bar 'Faisán, el móvil desde el que un desconocido le habría avisado de la inminente operación policial para no empañar el proceso de negociación recién abierto con ETA.

La Sala reprocha a la Fiscalía, al juez y a los propios policías que esa «nueva línea de investigación» no «haya sido tenida en cuenta» ni «valorada», por lo que acepta la petición, rechazada por Baltasar Garzón, de interrogar como testigo a Carlos G., declaración reclamada la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. Los magistrados afirman que el interrogatorio de ese inspector jefe no es «inútil y perjudicial», como sostenía el instructor, y puede ser clave para aclara que ocurrió.

Los superiores de Garzón, que exigen al juez que lleve la investigación «más allá de toda duda» y «hasta los extremos que sean necesarios», aceptan también otras tres peticiones de este colectivo a las que se había negado el instructor el pasado noviembre. La primera es que declaren dos agentes del Grupo VIII de la Brigada de San Sebastián, que el día del chivatazo se encontraban en la frontera de Irún en controles antiterroristas rutinarios y que aseguraron que vieron a un supuesto policía de paisano en las inmediaciones del bar Faisán.

Los 'pinchazos'

La segunda es la petición a Francia de la información de todas las llamadas que el día del chivatazo se hicieron desde la cabina pública adyacente a la taberna y desde la que, según el sumario, Elosúa llamó al colaborador de ETA, José Antonio Cau Aldanur, para alertarle de que no viajara a España a recoger nueve millones de pesetas del impuesto revolucionario porque la policía esperaba su llegada en la frontera.

La tercera es el contenido de los 'pinchazos a Cau realizados por las autoridades francesas y que, sorprendentemente, no figura en los miles de folios del sumario.

Estas cuatro pruebas se unen a las otras tres diligencias propuestas por DyJ y que sí fueron aceptadas por Garzón: el visionado de las grabaciones policías de la puerta del 'Faisán', en la que no aparece funcionario alguno y hay varios saltos y cortes que no han sido explicados; la declaración del responsable de esas cintas; y el interrogatorio del 'número dos' de Carlos G.

Según explicaron fuentes judiciales ayer, el auto de la Sala de lo Penal impide de 'facto' a Garzón responder de manera afirmativa a la petición el pasado 1 de octubre del fiscal del caso, Carlos Miguel Bautista Samaniego, de archivar el sumario por falta de autor conocido.