Rioja y Castilla-León desairan al PP vasco y llevan el Concierto al Constitucional

Los Gobiernos de La Rioja y Castilla-León concedieron ayer rango de oficialidad a lo que prácticamente todo el mundo daba por seguro: ambas administraciones recurrirán ante el Tribunal Constitucional el blindaje del Concierto Económico vasco aprobado el miércoles en el Senado. Los dos Ejecutivos autonómicos, liderados por el PP, entienden que la nueva normativa contradice la letra de la Carta Magna y genera «desigualdades» en beneficio de Euskadi.

El paso adelante anunciado por el presidente riojano, Pedro Sanz, y por el portavoz de la Administración castellana, José Antonio de Santiago-Juárez, supone un desaire en toda regla a sus compañeros del Partido Popular del País Vasco. La formación que dirige Antonio Basagoiti, que ya convenció a Mariano Rajoy para que el partido nacional no impugnara la fiscalidad de Euskadi -ante el temor a protagonizar un nuevo 'caso Estatut'-, ha chocado contra el muro de La Rioja y Castilla-León.

No han conseguido convencerles de las «bondades» del Concierto Económico ni de que el blindaje supone «equiparar» las normas vascas al del resto de las comunidades autonómicas. Con el mismo nivel. Y aunque han tratado de impedir sus recursos de inconstitucionalidad, el grupo de Basagoiti tendrá que capear el temporal y sortear la difícil tesitura de ver cómo compañeros de partido llevan a los tribunales las mismas leyes que los populares vascos elogian. «Estamos muy cabreados», reconocía un dirigente del PP de Euskadi en privado. Saben que quedan a los pies de los caballos, expuestos a las críticas, sobre todo del PNV, que podrá arremeter en los próximos meses contra el doble discurso del Partido Popular.

Una baza que los rivales estarán en disposición de explotar durante bastante tiempo, justo cuando las elecciones forales y municipales de 2011 comienzan a figurar en las agendas de todos los partidos. Los Gobiernos de Pedro Sanz y Juan Vicente Herrera tendrán tres meses para formalizar su impugnación, una vez que el texto salga publicado en el BOE, lo que podría producirse la semana próxima. Ayer ya subrayaron que no agotarán el plazo. Sus servicios jurídicos llevan semanas analizando qué argumentos van a emplear . En el caso de los castellano-leoneses aludirán a los artículos 161 y 163 de la Constitución para negar que las normas fiscales vascas puedan tener rango de ley, según avanzó el portavoz del Ejecutivo de Valladolid. Unos razonamientos que el Tribunal Constitucional en pleno deberá evaluar antes de decidir primero si admite el recurso a trámite, lo que debería producirse antes de final de año.

Mucho tiempo, pues, para dar explicaciones. Los populares vascos son conscientes de que tienen un flanco débil, que puede lastrar sus aspiraciones, justo después de haber superado la crisis por la marcha de María San Gil y cuando su respaldo al Gobierno de Patxi López le está generando alabanzas en toda España y favoreciendo una imagen de partido capaz de llegar a acuerdos, en el centro del escenario político, nada aislado.

Reproches a Urkullu

Quizá por ello, el portavoz de los populares en el Parlamento vasco se esforzó por tirar balones fuera y por trasladar la responsabilidad al resto de formaciones. Leopoldo Barreda dijo sentirse «muy satisfecho» por el visto bueno del Senado al blindaje y elogió la actitud de dos de sus representantes, Ramón Rabanera y Juana Iturmendi, por haberse ausentado de las votaciones para no tener que seguir la disciplina de partido.

El dirigente popular enmarcó los recursos de La Rioja y Castilla-León dentro de la «autonomía» y, como ya hiciera Iñaki Oyarzábal días antes, cargó contra el PNV y los socialistas, a los que hizo copartícipes del revuelo en las comunidades limítrofes. A Urkullu le achacó ser el «principal responsable del desaguisado» por haber asegurado que el blindaje situaba a Euskadi en su verdadero estatus. Y al PSE le recordó que sus compañeros en La Rioja respaldan a Pedro Sanz en su voluntad de llevar el Concierto ante el Constitucional.

Un mensaje que contrasta con el lanzado desde La Rioja y desde Castilla-León. Sanz arremetió directamente contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de haber «vendido» a los riojanos a cambio de «siete votos», los de los diputados del PNV que respaldaron los últimos Presupuestos Generales del Estado. El blindaje, en su opinión, sitúa a la comunidad que lidera «en peores condiciones de las que estábamos hace treinta años, cuando las vacaciones fiscales» y propiciará «abusos» con los que se «discriminará» a las empresas riojanas, «dejando a la región en una situación más débil». Unos argumentos que también empleó el portavoz del Ejecutivo castellano. José Antonio de Santiago-Juárez deseó, no obstante, que el recurso ante el TC no perjudique las «relaciones de vecindad» con Euskadi y arremetió, en clave más interna, contra los socialistas de ese territorio, que votaron en el Senado a favor del blindaje. «Es difícil de explicar que se otorguen privilegios a un territorio con el apoyo de los socialistas de Castilla-León cuando perjudica a los intereses de tu comunidad», reprochó.