Vivienda admite ahora que impulsar el alquiler público llevará una década

El Gobierno vasco admite ahora que el objetivo que se marcó inicialmente de aumentar de forma significativa el actual parque público de alquiler, constituido por unos 18.000 pisos, y conseguir que sea además estable, necesitará por lo menos «un horizonte de diez años» para llevarse a cabo. Así lo confirmó ayer el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, durante una jornada que reunió en Vitoria a promotores, constructores, representantes de la administración y agentes sociales para acercar posturas sobre el Pacto Social por la Vivienda.

Arriola explicó que, tal y como se está perfilando en los debates el derecho de los vascos un arrendamiento público -uno de los ejes centrales del acuerdo-, habrá que introducir cambios importantes en «el modelo de gestión» aplicado en materia de vivienda durante los últimos años y ampliar también los plazos para la consecución de objetivos. A su modo de ver, en las circunstancias actuales, promover las viviendas destinadas de forma permanente al alquiler social requerirá, como mínimo, unas dos legislaturas y media.

El anuncio de Arriola se produce después de que el Observatorio Vasco de la Vivienda haya confirmado que el año pasado se iniciaron 213 pisos de arrendamiento protegido en Euskadi, cifra que representa un retroceso del 85% respecto a 2008, cuando se iniciaron 1.466 inmuebles de esas características. Al mismo tiempo, el Gobierno vasco acaba de pactar con 26 entidades financieras una regulación de los préstamos al mercado de vivienda protegida, en la cual los tipos de interés aplicados a la edificación de alquiler son los más caros de todos (euríbor más un diferencial que puede llegar hasta 1,8).

El consejero de Vivienda advirtió ayer de que la espectacular caída que ha experimentado la construcción de viviendas protegidas en Euskadi -el año pasado se iniciaron 3.190 en total, la mitad que en 2008- podría paliarse redirigiendo la estrategia de su departamento hacia los 85.000 pisos en estado ruinoso o deficiente que existen en Euskadi. Según Arriola, la coyuntura económica obligará a «cambiar de mentalidad y «pisar el acelerador» en las políticas de rehabilitación, si bien tal estrategia «tiene que convivir» con la construcción de viviendas nuevas.

«Los tres pilares sobre los que debe asentarse la nueva política de vivienda son la rehabilitación, la regeneración y el reaprovechamiento», declaró el consejero. De ese modo, prosiguió, será posible incrementar el parque residencial del País Vasco «sin necesidad de construir edificios» y podrá acometerse la renovación de barrios degradados que ahora mismo están amenazados de exclusión social.

Iñaki Arriola aseguró que las más de 20.000 viviendas que se acogieron en 2009 a las ayudas a la rehabilitación ofrecidas por el Gobierno vasco confirman «lo necesario que resulta reorientar y reconsiderar algunas de las políticas de vivienda que se han estado llevando hasta la fecha». A su modo de ver, Euskadi «no puede permitirse el lujo de crecer sin medida».

Renuncias en Bizigune

Entre tanto, el Gobierno vasco ha informado de que el programa Bizigune -que ha captado unos 4.500 pisos vacíos de particulares y los ha adjudicado en alquiler protegido a personas apuntadas en Etxebide- registró durante el año pasado un 67% de renuncias en primera instancia; es decir, en tales casos el piso no pudo colocarse en el primer intento, lo que complicó el proceso administrativo. En el Departamento de Vivienda han explicado que uno de los problemas de Bizigune es casar geográficamente la oferta con la demanda. Ahora mismo, hay 2.300 propietarios en 'lista de espera' para incluir sus pisos en el programa.