El Gobierno vasco venderá los pisos oficiales de Ruiz Piñeiro y la cúpula judicial

Pisos de la cúpula judicial para favorecer a los más necesitados. El Gobierno vasco pretende desprenderse de los cinco pisos oficiales que en la actualidad ocupa la cúpula judicial vasca y destinar los ingresos a proyectos «de interés social». El Gabinete de Patxi López quiere así poner punto y final a una de las iniciativas de la anterior legislatura que echó gasolina sobre el ardiente enfrentamiento que mantenían el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe y los máximos responsables de la judicatura de Euskadi.

El Departamento de Justicia, entonces dirigido por Joseba Azkarraga, aprobó a finales de 2006 un decreto por el que se decidía quitar de manera escalonada las viviendas oficiales de los presidentes del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, y de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta -dejó el cargo hace casi un año aunque permanece en el domicilio-, así como de la ahora fiscal superior, María Ángeles Montes y los responsables del Ministerio Público en Vitoria y San Sebastián, Josu Izaguirre y Jaime Goyena, respectivamente.

La decisión del tripartito que formaban PNV, EA y EB fue interpretada como un ataque directo a la cúpula judicial vasca en plena vorágine por los procesamientos del ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y del lehendakari Ibarretxe. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior reclamó un informe a la Abogacía del Estado para dar marcha atrás a la medida y los fiscales Montes y Goyena recurrieron en los tribunales. Ninguna de las dos opciones respaldó las posiciones de los máximos responsables de la judicatura en Euskadi. En ambos casos, dieron la razón al Gobierno vasco. La retirada de las viviendas oficiales contó, además, con el respaldo del Parlamento vasco, gracias a los votos del tripartito y EHAK. El PP se opuso, mientras que el PSE se abstuvo.

El cambio en Ajuria Enea no dará marcha atrás al proyecto. Los nuevos gestores de la consejería dirigida por Idoia Mendia mantendrán los planes del anterior equipo, aunque sí han acordado darle una finalidad social. La idea es que los pisos dejen de figurar dentro del patrimonio de la Administración autonómica y sirvan para financiar algún proyecto para ciudadanos con necesidades. Para ello, los pisos deberán ser sacados a subasta pública. Y lo harán por cantidades elevadas. Todas ellas se encuentran situadas en el centro de las tres capitales de Euskadi. De hecho, el Ejecutivo autónomo las compró para la cúpula judicial en 1988 fruto de los acuerdos con la Administración central por los que se transfirió a Euskadi la gestión de la Justicia. Hasta entonces, los máximos responsables de la judicatura y la Fiscalía residían en las mismas dependencias de los antiguos juzgados de la bilbaína plaza de Jardines de Albia.

Iracheta y Goyena

La recaudación servirá para sufragar diferentes iniciativas, que el Departamento de Justicia debe aún determinar. Según fuentes oficiales, la consejería baraja adquirir o alquilar locales o viviendas en el extrarradio de las capitales o en otras localidades. «Tenemos una gran demanda, ahora queda ver cuál es la mejor salida», sostienen en Lakua.

La salida de los cinco inquilinos no será, en todo caso, inmediata. El acuerdo firmado por Azkarraga establecía que podrían permanecer en sus casas hasta el final del mandato y el actual Gobierno va a mantener esa norma. Es más, no va a meter prisa a ninguno de los afectados. Es, por ejemplo, el caso de Ana Iracheta, que en mayo del año pasado fue relevada en la presidencia de la Audiencia de Vizcaya por Ángel Gil, pero que aún ocupa su vivienda oficial. «Sólo queda que nos comunique cuándo deja el piso, que será en breve, para iniciar los trámites y que salga a subasta pública», explica un portavoz del Ejecutivo autónomo. Algo similar ocurre con el fiscal jefe de Guipúzcoa, Jaime Goyena, que está pendiente de un traslado para determinar cuándo abandona su actual domicilio.

También es peculiar el caso de Fernando Ruiz Piñeiro, presidente del Tribunal Superior vasco. Lleva en funciones en el cargo desde hace un año -se cumple este mismo mes- y aún se desconoce cuándo será relevado. Padre de cinco hijas, el Consejo General del Poder Judicial debe realizar la tercera convocatoria para cubrir la plaza, después de que los vocales de esta institución hayan fracasado por dos veces en el intento de renovarle para un segundo mandato o designar a un sucesor. Mientras ocupe el puesto, mantendrá el domicilio, como lo vienen realizando sus compañeros de la cúpula judicial.