El supuesto 'cerebro' del fraude de Irún no pudo justificar ingresos en sus cuentas

Jose María Bravo, ex director de la delegación de Hacienda en Irún, no supo justificar ante la Ertzaintza el origen de parte de las cantidades ingresadas en sus cuentas personales, procedentes supuestamente de los pagos realizados por contribuyentes que habrían negociado a la baja el abono de sus deudas tributarias. La investigación de la Fiscalía ha descubierto que el supuesto 'cerebro' de la trama y los otros tres acusados ocultaban, a través de una intrincada red de sociedades, un patrimonio millonario presuntamente amasado con el importe de esos impuestos, de los que se habrían apropiado al desviarlos de las arcas forales. La Diputación de Guipúzcoa dejó de recaudar por ese concepto al menos 5 millones de euros entre 1995 y 2004.

«Preguntado cómo explica que el cheque que le entregó José Javier S.I. (...) por importe de 1.163.541 pesetas» para satisfacer una deuda de la empresa Licores y Conservas Irún fuese a parar a una cuenta privada de la que es titular, Bravo manifestó que «no sabe». Ésta es una de las decenas de preguntas a las que el principal implicado en el caso fue sometido por agentes de la Ertzaintza, ante los que declaró como imputado el 3 de abril. La diligencia se extendió durante siete horas y media.

El ex responsable de la oficina de Hacienda explicó que residía en la localidad vasco-francesa de Urrugne, aunque próximamente se trasladaría a Irún. Es letrado en ejercicio -añadió-, a la vez desempeña funciones de administrador en «diversas sociedades», tales como Hotel Túnel de Hada S.L., que se halla en Jerte (Cáceres), Roza Cabrera S.L., también en Jerte». Además, señaló que cuando no se encuentra en Cáceres «lo normal» es que se halle en la oficina de la plaza de Urdanibia de Irún en la que tienen su domicilio social Urdanibia Asesores, Correduría Urdanibia, Ius Local S.L.,-entidades de las que es socio- y «alguna otra que no recuerda».

Varios empleos

Bravo detalló que entró a trabajar en la Diputación de Guipúzcoa en 1981, en el departamento de Hacienda, siempre en la sección de Recaudación. Posteriormente, fue jefe de la oficina de Rentería, antes de trasladarse a la de Irún en 1991. Su función principal era instruir procedimientos de apremio. «Se trata de recuperar expedientes que no han sido pagados en el periodo voluntario» y que tiene que encargarse de gestionar para conseguir el cobro, afirmó en su testimonio, al que ha tenido acceso este periódico. Conocía todos los procedimientos, ya que era él quien los supervisaba, apuntó. En su último destino coincidió con la también acusada Pilar Gracenea, con la que aparece como socio en algunas firmas.

El ex director de la sede investigada manifestó que, aparte de su empleo en la Administración, siempre ha mantenido algún otro tipo de actividad. Precisó que desde que acabó la carrera de Derecho en 1996, a través Ius Local, ha trabajado como asesor jurídico de diferentes ayuntamientos, como los Pasaia, Iurreta y Elgoibar. También en la agencia inmobiliaria Urdanibia, de la que son socios su esposa, Rosa Cobos ,y Pedro María Atistrain, ambos imputados.

Su declaración abarca 37 folios, de los que 21 se centran de manera exclusiva en preguntas que los ertzainas efectuaron sobre todos y cada uno de los cobros que presuntamente recibió. Bravo, según mantiene la Fiscalía, se ponía en contacto con los contribuyentes que tenían deudas con Hacienda y les requería el pago de cantidades que debían. De acuerdo con la denuncia del ministerio público, los deudores le hicieron entregas, en metálico o mediante cheques bancarios, de diversas sumas de dinero que en su conjunto ascendieron a 1.033.915 euros y de los que se fue apropiando en su beneficio en lugar de ingresarlas en las arcas forales. Como la mayor parte de las personas a las que llamaba no disponían de la cifra total que se les pedía, el imputado optaba por rebajarles el importe. De esta manera, los afectados fueron compareciendo en las oficinas de la delegación de Irún para saldar sus 'números rojos'.

Sin explicación

En los primeros expedientes que los ertzainas le exhibieron durante la declaración, el supuesto 'cerebro' de la trama trató de ofrecer una explicación que fuera convincente, si bien en todo momento negó que se hubiese apoderado de cantidad alguna. En algunos expedientes, dijo que si bien no ponía en duda la existencia de los documentos que acreditaban los

pagos de los contribuyentes, negaba que se quedara con el dinero.

Ante la reiteración de material que le iba siendo expuesto, empezó a mostrarse algo menos colaborador y a responder con monosílabos. De esta forma, reconoció que no hallaba explicación al cheque que, por ejemplo, en junio de 2001 recibió de Santiago T.B. por un importe de 4,4 millones de pesetas, que había sido ingresado en una cuenta de Kutxa de la que era titular. Este tipo de respuestas se mantuvieron en muchas de las interrogantes que en parecidos términos le formularon los agentes.

Durante la declaración, Bravo admitió que compartía una cuenta y una caja de seguridad en el BBVA con la también acusada Pilar Gracenea. «Fue por cuestión de seguridad, para poder dejar el dinero de la inmobiliaria», sostuvo el acusado. De igual manera hubo de responder a varios ingresos en otras cuentas de las que es titular. En una de ellas de la que es cotitular con su esposa, entre julio de 2003 y el mismo mes del año siguiente entraron 54.500 euros. «Pudieran corresponder con ingresos para financiar una obra de unos apartamentos en Sallent de Gállego y las aportaciones vendrían de su salario y en parte de la inmobiliaria Urdanibia», se indica en la declaración.

Propiedades

El ex director de la oficina de la Hacienda foral en Irún deberá declarar el 26 de junio ante la juez que instruye el caso. También estarán presentes en el interrogatorio el fiscal y los letrados de las defensas y de la Diputación, que ejerce la acusación particular. La Fiscalía acusa a los supuestos implicados en la trama de malversación de caudales públicos, blanqueo de dinero y falsedad en documento oficial.

Bravo es titular de dos apartamentos en Marbella, una vivienda unifamiliar y un hotel en el valle del Jerte (Extremadura), una plaza de aparcamiento en Ávila y dos locales comerciales en Irún. Además, figura como propietario de otras tres fincas rústicas en Jerte y de dos más en Huesca, y aparece como socio o administrador en 16 entidades mercantiles; entre ellas, una aseguradora y una inmobiliaria.