El fraude en la Hacienda de Irún provoca la dimisión de un senador del PNV

La investigación realizada por la Fiscalía sobre el presunto fraude de la delegación de Hacienda de Irún ha dejado al descubierto una intrincada trama de empresas y bienes inmuebles, de los que los imputados se habrían servido para encubrir la ilícita procedencia del dinero que obtenían. Los beneficios obtenido con los pagos de contribuyentes con deudas tributarias, que iban a parar a sus cuentas privadas en lugar de a las arcas forales, les permitieron hacerse con un extenso patrimonio, según la Fiscalía.

José María Bravo, ex director de la oficina, es titular de dos apartamentos en Marbella, una vivienda unifamiliar y un hotel en el valle del Jerte, en Extremadura; una plaza de aparcamiento en Ávila y dos locales comerciales en Irún. Además, figura como propietario de otras tres fincas rústicas en el Jerte y otras dos en Huesca; y aparece como socio o administrador en 16 entidades mercantiles; entre ellas, una correduría de Irún, una aseguradora y una inmobiliaria. En varias de estas entidades, tiene como socios o copropietarios a su esposa, María Rosa Cobos; a la ex funcionaria de la sucursal que él regía Pilar Gracenea Echegoyen, y a Pedro María Atistrain Gabilondo. Todos ellos se hallan imputados en las diligencias que se han incoado por la presunta estafa. La juez que investiga el caso ha decidido abrir un procedimiento penal contra los cuatro.

Desde 1995 y «cómo mínimo» hasta abril de 2004, los presuntos implicados constituyeron una trama a través de la que Bravo, valiéndose de su cargo, recabó los nombres de numerosas personas, entidades y empresas que habían contraído deudas con el fisco, según la denuncia del ministerio público, a la que ha tenido acceso este periódico.

Contactos

Era el propio director de la oficina -señala el texto- quien se ponía en contacto con los contribuyentes y les requería el abono de las sumas que debían. Ellos, «ignorantes» de que el responsable de la delegación «no tenía propósito de ingresar esos pagos» en la Hacienda foral, le entregaron, en metálico o mediante cheques bancarios, diversas cantidades de dinero que en su conjunto ascendieron a 1.033.915 euros -la Diputación de Guipúzcoa eleva ya esa cifra a 1,5 millones-, de los que se fue apropiando «en su beneficio». Dado que la mayor parte de las personas a las que llamaba no disponían del montante total que se les reclamaba, el imputado optaba por rebajarles el importe para incitarles a saldar supuestamente la deuda de forma inmediata.

La Fiscalía detalla en su denuncia 24 casos de personas que fueron requeridas con tal fin. Una de ellos fue Pedro E. E., que en 1996 debía 18.510 euros y al que Bravo redujo ese importe hasta 1.803, que entregó en metálico por intermediación de la asesoría Urdanibia. Entre los propietarios de ese firma figuran el propio ex director de la delegación, su esposa y Atistrain.

Según el ministerio público, varios de los contribuyentes se vieron en la necesidad de suscribir créditos para hacer frente a los pagos exigidos por el supuesto 'cerebro' de la trama. Fue el caso de la empresa Trobisa, cuya deuda con Hacienda ascendía a 590.637 euros. En octubre de 1996, Bravo se puso en comunicación con ella y accedió a rebajar la cuantía hasta 72.121 euros. Los ingresos fueron efectuados en sendas cuentas corrientes cuya titularidad correspondía al ex encargado de la oficina de Irún y a su esposa.

La esposa de Bandrés

El texto también incluye el caso de la compañía propiedad de la mujer de Luis María Bandrés, ex consejero de Cultura del Gobierno vasco y actual miembro del la ejecutiva guipuzcoana del PNV. Bravo reclamó a los representantes legales de la firma Tiendas Reunidas una deuda de 587.214 euros. El imputado -añade el fiscal- la recortó hasta 108.000 euros, pagados en tres plazos y de los que se apropió el acusado, según el fiscal.

Para que las operaciones no fueran descubiertas, Bravo procedía presuntamente a la manipulación de los sistemas informáticos y contables de Hacienda. De esta manera, una vez que era abonado el importe convenido, declaraba extinguida la totalidad de la deuda tributaria de cada uno de los contribuyentes afectados bien mediante la declaración de prescripción del expediente o de insolvencia.

Al objeto de encubrir la presunta procedencia ilícita del dinero, los imputados se sirvieron de, por los menos, 16 empresas mercantiles y de 14 bienes inmuebles. La denuncia especifica todas las propiedades de las que son titulares. El mayor patrimonio está en poder de Bravo y de su esposa. El ex director de la oficina de Hacienda cuenta con apartamentos y fincas en diversas zonas de España, como Marbella, Avila, Irún, Huesca. Asimismo, posee un hotel rural en Jerte.

Además, el ex responsable de la sede tributaria es socio o administrador en 16 empresas. En varias de ellas comparte titularidad con los acusados Pedro Atistrain o Pilar Gracenea. En Roza Cabrera aparece como socio junto a su hermano Víctor, que se vio obligado a dimitir ayer como senador del PNV. El ya ex parlamentario nacionalista fue director de la Hacienda foral de Guipúzcoa durante los años en los que se produjo el fraude.