El Gobierno asegura que mantiene la moratoria nuclear y que cerrará Garoña

El Gobierno español no va a cambiar su política respecto a la energía nuclear por mucho que la Comisión Europea considere esta tecnología una herramienta eficaz contra el cambio climático. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Ejecutivo mantiene la moratoria y que, de momento, no se autorizará la construcción de nuevas centrales nucleares. A la vez, garantizó el cierre de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo permiso de explotación vence en 2009 al estar a punto de cumplir los 40 años de vida útil.

Férnandez de la Vega hizo estas afirmaciones antes de que se conociese el documento de la autoridad europea en unos desayunos informativos de Europa Press. Fue en ese acto en el que señaló que el Gobierno estaba cumpliendo su compromiso respecto al progresivo abandono de la energía nuclear con el cese de la actividad el pasado abril de Zorita (Guadalajara) y el próximo cierre de Garoña. Es la primera vez que un miembro del Ejecutivo confirma este último extremo.

Debate

La decisión de cerrar o no Garoña corresponde en última instancia al Gobierno, aunque es el Consejo de Seguridad Nuclear el que debe examinar su estado y determinar si puede seguir funcionando otra década como pide su propietaria, la sociedad Nuclenor, que comparten Iberdrola y Endesa. Sin embargo, se ha especulado con que el Ejecutivo podría adelantarse y anunciar el cierre antes de 2009, ya que sería una medida favorable electoralmente. Fernández de la Vega no precisó ayer nada al respecto.

Los ecologistas exigen al Gobierno que vaya más allá y cumpla su promesa de fijar un calendario de cierre de las nucleares. Pero el Ejecutivo asegura que sólo se comprometió a sustituir gradualmente esta tecnología por otras y ya lo está haciendo, dado que su peso en la producción de electricidad se ha reducido del 27% en 2000 al 20% el año pasado.

En el extremo opuesto, el Foro de la Industria Nuclear Española advirtió ayer al Gobierno de que es «necesario mantener a largo plazo las centrales nucleares existentes y construir nuevas plantas para cubrir la creciente demanda eléctrica y combatir el preocupante cambio climático». Esta organización se siente respaldada por el mensaje enviado por la Comisión Europea, que pese a reconocer que la decisión en este asunto corresponde a cada país, ha hecho una defensa de la tecnología del átomo al proclamar sus excelencias: no emite CO2, tiene un bajo coste y permite reducir la dependencia energética del exterior. Esta última ventaja es, a su juicio, especialmente beneficiosa para España, que importa el 77% de la energía que consume frente al 50% de la UE.

Este país es, además, el más alejado en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto. Las emisiones de gases con efecto invernadero se han incrementado un 52,8% respecto a 1990 y el aumento no debería haber sido mayor del 15%. España va a tener serios problemas para alcanzar los nuevos objetivos que se ha marcado la UE hasta 2020.

En uno de los capítulos en los que lleva más retraso es en el uso de biocarburantes, ya que sólo representan el 0,4% del consumo. La nueva meta del 10% para 2010 resulta inalcanzable. Las renovables, en su conjunto, suponen el 6% de la energía y hay que elevar ese porcentaje al 20% en 2020. España sólo va bien en la promoción de la tecnología eólica.