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M. J. C.
Viernes, 9 de junio 2006, 02:00
La consejera de Transportes y Obras Públicas, Nuria López de Guereñu, no participó ayer en la presentación del calvario del siglo III hallado en Iruña-Veleia. Y eso que su presencia era la única que se anunciaba en la invitación para asistir al acto. ¿Por qué no acudió? Nadie lo explicó. EL CORREO ha podido saber, no obstante, que el mutis de la consejera del PNV está relacionado con la protesta que la Diputación alavesa, gobernada por el PP, ha hecho llegar al Gobierno vasco por «pretender ningunear» a la Administración foral en las cuestiones referidas al yacimiento.
Iruña-Veleia es propiedad de la institución alavesa porque así lo establece la ley vasca de Patrimonio Cultural. Pero esta titularidad no impide a Eusko Tren, una sociedad dependiente del Departamento de Transportes y Obras Públicas, financiar las investigaciones. La colaboración, sin embargo, trae de cabeza a la Diputación desde sus orígenes.
En 2001 los mandatarios del PP bloquearon durante tres meses la ayuda, que alcanzará los 3,7 millones de euros en una década. ¿El motivo? El Ejecutivo autónomo y el equipo de arqueólogos que dirige Eliseo Gil anunciaron el patrocinio a espaldas del Gabinete Rabanera el mismo día en que arrancaba la campaña electoral para los comicios autonómicos de 2001.
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