Cada vasco tendrá que poner 36,08 euros para pagar las multas impuestas por la UE este año

Vaya año. La apisonadora de la Unión Europea es lenta, pero vaya si aprieta. Desde que arrancó el año y hace apenas tres meses de ello, el contador de multas acumuladas por la Administración vasca parece haber enloquecido. En enero se conoció que la abogada general del Tribunal de Luxemburgo -un figura asimilable al fiscal en el sistema judicial español- ratificaba la exigencia de la Comisión, que pedía una sanción de 50 millones de euros a las diputaciones forales por la concesión a las empresas vascas de incentivos ilegales en la década de los años 90. El pasado viernes se supo que ya es definitiva la sanción de 25,6 millones al Gobierno vasco, por haber concedido ayudas, también ilegales, al grupo Magefesa. Tomen nota. Los incentivos fiscales se concedieron hace 20 años, pero las ayudas al grupo de menaje se materializaron hace 30 años. Rápido, lo que se dice rápido, no es el sistema de sanción comunitario. Caro, lo que se dice caro, bastante.

Una pequeña curiosidad. Aunque han sido los gestores de la cosa pública quienes han generado con su actuación esta multa, serán los ciudadanos, a través de sus impuestos, quienes paguen las consecuencias. Así, en lo que va de año y si se confirma la cifra de la multa de los incentivos fiscales, cada vasco -incluso los bebés que aún toman pecho- deberán aportar 36,08 para pagar esta factura.

Para matizar bien la cuestión es preciso aclarar que la UE no sanciona la concesión de ayudas ilegales. Admite que la normativa comunitaria es cualquier cosa menos concreta, que conceptos como "libre competencia" son de chicle y pueden estar sometidos a numerosas interpretaciones y que la legislación de los estados permite cosas que no son aceptables cuando se pasan por el tamiz de la UE. Así las cosas, la Comisión acepta que cuando un país concede una ayuda irregular lo hace por "equivocación" y no con "mala intención". En esos casos, la UE siempre adopta la misma decisión y exige a las administraciones "equivocadas" que rectifiquen y recuperen las ayudas que entregaron. Lo que la UE sanciona -ahora lo está aprendiendo la Administración vasca a fuerza de palos- es la contumacia en el error, el juego de trileros en los pasillos gubernamentales de los estados o de las regiones y, como recordaba Almunia recientemente, el denominado pase foral. Esto es, el "se acata, pero no se cumple". Ambas sanciones, los 75,6 millones de euros, tienen el mismo fundamento: las autoridades vascas se pasaron años, décadas, mirando para otro lado, en la convicción de que podían torear a los funcionarios comunitarios. Bueno, torear les torearon. claro que ahora se toman la revancha con su competencia de dar cornadas en forma de multas millonarias.

Esa lentitud en la imposición de sanciones genera un problema adicional. ¿Quiénes fueron los responsables de esas decisiones y quiénes también los que con su mala gestión alargaron el proceso e incrementaron de forma desmedida las sanciones? Hace ya tantos años del origen y han pasado tantos responsables por estos expedientes que sería necesario contratar a un historiador para trazar el organigrama de responsabilidades.

No pierdan el tiempo en adjudicar responsabilidades partidistas y señalar con el dedo a un partido concreto, porque sería injusto. Los gobiernos, autonómico o forales, que concedieron las ayudas y los que más tarde estuvieron al frente de la gestión del proceso e hicieron oídos sordos a las peticiones de la Comisión Europea, han albergado a varios partidos. PNV, EA (ahora Bildu), PSE y PP tienen responsabilidades sobre ello.