El Gobierno vasco encarga un estudio oficial sobre la tortura entre 1960 y 2010

El Gobierno vasco ha encargado al profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Francisco Etxeberria la dirección científica de un informe oficial sobre la tortura entre 1960 y 2010. En una rueda de prensa en el campus de la citada universidad en San Sebastián, el secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, y Etxeberria, han anunciado la puesta en marcha de esta investigación que tras la elaboración en los próximos tres meses de la metodología de trabajo se prevé arranque el próximo mes de junio.

Fernández ha destacado que el objetivo de este informe oficial es "desvelar la incidencia real de este fenómeno en Euskadi, siguiendo una metodología científica, en estos 50 años y establecer las conclusiones en materia de reconocimiento, reparación y prevención que pudieran tener lugar".

El desarrollo del trabajo constará de tres etapas, la primera de entre seis y ocho meses, será una cuantificación "solvente" del número de torturas; la segunda de entre nueve y 12 meses abordará la credibilidad de esas denuncias a través del método de evaluación pericial basado en el Protocolo de Estambul y la tercera, de entre tres y cinco meses, se orientará a establecer las conclusiones y recomendaciones en materia de reconocimiento, reparación y prevención.

La Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco ha encargado a Etxeberria la dirección científica de este estudio, que contará con el respaldo del Instituto Vasco de Criminología y que tomará como punto de partida el contenido del Informe de Abordaje Científico sobre la tortura que la Dirección de Derechos Humanos del Ejecutivo vasco entregó al Parlamento vasco en marzo de 2009. También recogerá la información generada hasta el momento en publicaciones e informes internos e internacionales. El diseño de la metodología y estructura del estudio a realizar se va detallar durante los próximos tres meses de manera que su puesta en marcha se prevé para el mes de junio.

Fernández ha explicado que esta iniciativa se enmarca en el primero de los "tres grandes compromisos que define el Plan de Paz y Convivencia" del Ejecutivo vasco, "la clarificación del pasado". "Debemos poner luz sobre la violencia y sobre cada vulneración de derechos humanos para poder hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación", ha defendido.

En este contexto, ha señalado que "la tortura es una violación grave de los Derechos Humanos" y la "opacidad" en las detenciones crea condiciones "de impunidad" que, a su vez, genera condiciones "propicias para la tortura". Por ello, ha considerado necesario emprender "un estudio riguroso e independiente sobre la incidencia real de la tortura" en Euskadi y adoptar "las medidas de reconocimiento, reparación y prevención que resulten pertinentes y posibles".

"El crimen mejor escondido"

Además, ha señalado que no se está "improvisando nada que no se haya hecho ya en otros lugares del mundo" y que, a su juicio, "aquí toca". El forense ha afirmado que la tortura es "el crimen mejor escondido desde el punto de vista institucional y precisamente por eso todos los casos ni se llegan a esclarecer".

En todo caso, ha apuntado que los investigadores no son "un tribunal de justicia", ya que su trabajo se va a dar "en el espacio de los Derechos Humanos" que es "totalmente legítimo" y en el que es posible también "sumar los testimonios" en situaciones en las que "quizás el proceso judicial no llego a culminar, porque quizás no se pudo hacer ejercicio de demostración".

En este sentido, ha indicado que el equipo que va a dirigir y que en estos momentos se está configurando podrá aportar información en tres espacios: el documental, "documentos generados y denuncias que quizás no fueron investigadas"; lo testifical, "lo que libremente quiera decir la persona", y lo pericial que "técnicamente e incluso científicamente se puede sumar al recorrido previo".

Según ha indicado, su trabajo se basará en "criterios de certidumbre" sobre los relatos de personas que hayan podido sufrir malos tratos o torturas cuando "el ejercicio de demostración en vía judicial no se haya podido obtener" y en otros aspectos como, por ejemplo, "secuelas de estrés postraumático perfectamente identificables".