¿Qué hago con esto?

Pamplona atesora un cofre mágico y no sabe qué hacer con él. Es un pabellón de 45.000 metros cuadrados, con una pista central multiusos de 3.000 «donde se podrán realizar actividades deportivas, conciertos, convenciones y encuentros de gran envergadura», promete la web del Reyno de Navarra Arena. 14.000 espectadores de pie, 9.800 sentados en gradas fijas y telescópicas. En el vídeo que la ingeniería austriaca Waagner Biro acaba de retirar de las redes, los asientos suben, bajan, se deslizan bajo el suelo, desaparecen. Como en un vals suave. Pero el cofre no se abre. «Es una maravilla, está prácticamente acabado a falta de algún detalle en vestuarios y baños. En realidad, su apertura se está retrasando por falta de presupuesto», admiten en el Gobierno de la conservadora Yolanda Barcina. Desde 2011.

60 millones de euros, más 4 de la urbanización, ha costado «este marrón que nos vamos a comer los navarros durante los próximos años», censura ahora el socialista Juan José Lizarbe, que cuando el PSN gobernaba con UPN apoyó el proyecto, 100% público. El parlamentario nacionalista Xabier Lasa (Aralar-Nafarroa Bai) lo llama el «monumento a la estupidez». Y Pruden Indurain, hermano del campeón, «un reto ilusionante». Es el hombre nombrado por el Ejecutivo navarro para sacarle chispas a una infraestructura ideada en la época dorada, en la comunidad con menos paro y mayor renta del país. Grandes empresas como Gamesa no habían despedido aún a cientos de trabajadores, ni aparecido comida putrefacta en los hospitales públicos. Ahora le toca a Indurain, con una mesa de expertos por convocar, buscar el tesoro para el cofre: dar con un plan de gestión «pública o privada» y usos para que la inversión no vaya a la basura.

- ¿Pero se abrirá este año?

- Habrá que ver.

Es complicado concretar la factura del despilfarro público que ha colonizado decenas de infraestructuras con más furor que el mejillón cebra. El derroche se reproduce por tierra, mar y aire en los hábitats más increíbles. Por ser seguir un orden geográfico, la vecina Euskadi soñó en ese otro tiempo tan lejano con ingresar en el circo de la Fórmula 1. La utopía se ha tragado, hoy por hoy, 46 millones de euros. El proyecto Epsilon está en los tribunales y el Parlamento vasco decidirá en unas semanas si abre una comisión de investigación para tratar de esclarecer qué pinta vacío un modernísimo edificio con su túnel de viento, impulsado en la era Ibarretxe con el dinero de los vascos y las vascas.

A unos kilómetros, las autoridades cántabras buscan capital chino -se van a hermanar con el pueblo de Laizhou- para reflotar el puerto deportivo de Laredo: 1.700 amarres, apenas 120 alquilados o comprados y una inversión de 90 millones. El expresidente autonómico con lecciones para todos, Miguel Ángel Revilla, lo inauguró a todo correr en abril de 2011, un mes antes de las elecciones regionales. En Cantabria también coleccionan una pasarela sobre la autovía S-20 que jamás se ha utilizado. Aunque no costó ni de lejos los 70 millones del de Talavera de la Reina, el puente atirantado más alto de España pagado con el bolsillo de los manchegos. Es bello, pero conduce a un erial donde se proyectaba un área industrial de la que no se ha sabido más.

Despistes con la ley

En Asturias tampoco se han cortado. El Centro de Estudios Medioambientales costó casi un millón de euros y fue demolido el año pasado antes de ser estrenado porque se convirtió en una ruina peligrosa. Por no hablar de la regasificadora del Musel, construida con 370 millones del Principado y cerrada por orden judicial. Parece que se olvidaron de algún trámite importante. La sentencia está recurrida, como la pista de esquí artificial de Tordesillas. La Diputación de Valladolid gastó 8 millones en arrasar un pinar y tender los arrastres a sabiendas de que la Ley de Montes lo prohíbe. Los ecologistas han ganado varias batallas; ahora pelean en el Supremo. Los jueces han paralizado en la misma comunidad, hace solo mes y medio, la Ciudad del Medio Ambiente: más de 50 millones de euros, de los 100 presupuestados, enterrados en un lugar que incumplía las normas ambientales y urbanísticas. La Junta de Castilla y León quería construir 800 chalets, hoteles, un polígono industrial. Se ha quedado a la mitad.

Los madrileños tienen dónde elegir. Unos estudiantes de segundo de Publicidad de Málaga triunfan estos días en internet con una página donde repasan despropósitos como el polideportivo de Navalcarnero, un esqueleto de hormigón colonizado por litronas y hierbajos donde se invirtieron 10,5 millones. O el macrocento de Alcorcón, con circo incluido, paralizado hasta que un inversor se haga cargo de los 40 millones necesarios para concluir las obras que se han tragado ya 90 millones. En la capital, el formidable 'donut' diseñado por Alejandro Zaera-Polo sigue vacío y vigilado las 24 horas desde hace tres años en un secarral. Temen a los vándalos. Esperanza Aguirre destinó 19,3 millones a la sede del Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia. Este edificio es el único que se levantó de todo el macroproyecto. Tampoco se abrirá en 2014 el hospital de Collado Villaba, rematado hace un año, ni la carretera MP-203, la que iba a descongestionar la autopista de Barcelona entre Alcalá de Henares y Madrid. Seguirá llevando a ninguna parte, aunque por el camino ha devorado 70 millones. Esta comunidad acapara buena parte de las autopistas de peaje que se han declarado en concurso de acreedores los últimos meses, con una deuda conjunta de unos 4.000 millones que el Gobierno se dispone a rescatar. La última ha sido la radial entre Barajas y la capital.

A Antonio García, uno de los impulsores de despilfarropublico.com, con 300.000 visitas en apenas un mes de vida, le llaman la atención iniciativas quizás no tan portentosas: «La biblioteca sin libros de Vila-Real, en Castellón, de 4 millones; la bandera de 350.000 euros de Las Palmas...». La iniciativa nació como un trabajo de clase y tiene pinta de que les van a poner un diez, aunque necesitan contrastarlo más. Las denuncias son de ciudadanos que se molestan en subir chapuzas de distinto tonelaje aportando fuentes de información que no siempre son exactas.

En Extremadura no se han estrenado, pero si rastrean un poco se encontrarán con el carpetazo que el Gobierno de Monago, el barón más protestón del PP, acaba de darle al proyecto del hospital de Don Benito-Villanueva, ideado por los socialistas en la legislatura anterior. El Gobierno autonómico ha palmado 2 millones de euros y ganado 42.000 metros cuadrados de suelo rústico. En Jaén capital, los populares tratan de digerir un regalito de los socialistas: el tranvía fantasma. La Junta de Andalucía destinó 100 millones a las obras. En mayo de 2011 circuló en pruebas. Hasta hoy.

Una torre con una escoba

El Ayuntamiento permitió a los pasajeros viajar gratis, la concesionaria de los autobuses lo demandó por competencia desleal y dos meses más tarde los populares ganaban el Ayuntamiento. Se negaron a financiar el mantenimiento del tranvía. Jaén va a cumplir tres años de raíles vacíos. Y Valencia cuatro con su torre mirador abandonada. La maleza campa en los jardines, las palmeras secas andan más tristes que el estanque putrefacto, el hito arquitectónico de 45 metros de altura ni sube ni baja. Sirve para guardar una escoba. Costó 45 millones, calderilla en esta comunidad: la Ciudad de la Luz (más de 250 millones) está en venta y sin actividad; el Palau de les Arts (478 millones), cerrado y en reparación porque el 60% de su fachada se cae a trozos...

Los murcianos se han sumado al club de los aeropuertos donde se ven conejos en vez de aviones. 250 millones ha invertido el Gobierno regional en las instalaciones de Corvera, acabadas pero sin inaugurar por desavenencias financieras con la concesionara, liderada por Sacyr. Que tomen nota del aeropuerto riojano de Agoncillo, que acumula 74 millones de deuda en diez años de servicio. Ahora solo despega y aterriza (y no siempre) un avión con destino a Madrid. O de sus compañeros de Castellón (190 millones) o Ciudad Real (450), cerrados a cal y canto.

¿Han perdido la cuenta? Vamos por los 2.728,8 millones de euros, sin contar el fiasco de las autopistas. Pero son muchos más.