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JOSÉ AHUMADA
Lunes, 3 de febrero 2014, 01:48
«Como ha quedado bien documentado, fumé marihuana de joven y yo lo veo como un mal hábito y un vicio no muy diferente a los cigarrillos que he fumado durante mi juventud y en gran parte de mi vida adulta. No creo que sea más peligroso que el alcohol». La franqueza y tranquilidad con que Barack Obama se refirió a su relación con los porros en una reciente entrevista al 'New Yorker' ha avivado el debate sobre la despenalización del consumo de cannabis en Estados Unidos.
En condiciones normales, la confesión no tendría por qué haber causado tanto revuelo: al fin y al cabo, es sabido que su predecesor en la Casa Blanca, George W. Bush, fue aficionado a la hierba y a la cocaína, además de borracho empedernido, y que el anterior presidente, Bill Clinton, también probó los canutos -aunque aseguró que no tragaba el humo-. Lo que ocurre es que llueve sobre mojado: el país sigue con atención las experiencias de Colorado, donde desde el 1 de enero se comercializa la marihuana de forma legal, y de Washington, que en breve seguirá sus pasos.
A falta de que los investigadores determinen las consecuencias políticas, económicas, sociales o sanitarias de este cambio de legislación en Colorado, el primer efecto es bien visible: la marihuana se ha convertido en todo un reclamo turístico, sobre todo para los consumidores de estados vecinos, cuya demanda ha llegado a provocar problemas de abastecimiento.
Ese 'turismo del porro' que tanto está sorprendiendo a los norteamericanos es algo a lo que los europeos están mucho más acostumbrados: la política de tolerancia puesta en práctica por Holanda desde 1976 ha convertido su capital, Ámsterdam, en meca para los fumadores de cannabis de todo el mundo. Sus 'coffee shops', los establecimientos donde se vende y consume la droga, reciben muchos más visitantes que sus canales o el Museo Van Gogh.
La situación cambió en 2012, cuando el Gobierno aprobó una ley para exigir un carné de socio y ser residente en el país para poder fumar en estos locales, ley que al año siguiente se suavizó, permitiendo que cada municipio decidiese sobre estas restricciones.
España, paraíso del hachís
Aunque la legislación española nunca ha sido tan permisiva como la holandesa con el uso del cannabis, lo cierto es que, en la práctica, hay una gran facilidad para acceder a él y mucha tolerancia respecto a su consumo. España es la gran puerta de entrada al continente del hachís procedente de Marruecos, su primer productor mundial , lo que asegura el suministro de la droga, su calidad y unos precios en el mercado negro inferiores a los del resto de Europa.
Como era de suponer, la crisis también ha afectado al mercado del cannabis, contrastado por el volumen de las incautaciones, que se ha traducido en un descenso de la demanda de hachís y un incremento del consumo de marihuana procedente, en su práctica totalidad, del autocultivo.
Hasta la entrada en vigor, en 2011, de la Ley Antitabaco, los porros eran un vicio consentido en miles de bares y locales de ocio nocturno en todo el país, donde su humo se mezclaba con el de los cigarrillos. En el momento en que los fumadores se vieron obligados a salir a la calle, los aficionados al cannabis quedaron demasiado expuestos. Es, sobre todo, a partir de entonces cuando se experimenta el auge de los clubes de cannabis, asociaciones de consumidores de marihuana (y otros derivados de la planta) con fines terapéuticos o recreativos, que pretenden obtener un respaldo legal a su actividad imponiéndose un código de buenas prácticas. Estas normas obligan a que los socios, mayores de edad, se abastezcan con su propia producción de hierba, que debe ajustarse a sus necesidades, para asegurar que no vaya a parar a terceras personas, y cuya distribución entre los miembros del club queda debidamente registrada; que se trate de un círculo cerrado de asociados, con rigurosos controles para formar parte del mismo -cada nuevo socio tiene que ser avalado por otro y esperar quince días antes de disfrutar de su oferta-, y nunca abierto al público. Muchos disponen incluso de un médico que atiende y aconseja sobre cualquier cuestión relacionada con el consumo de cannabis.
'Narcoturismo' europeo
Se calcula que en la actualidad hay más de medio millar de clubes de este tipo en España -su número se ha multiplicado por cuatro en los tres últimos años-, que agrupan a unos 200.000 socios, de los que 300 se localizan en Cataluña, y 200 de ellos solo en su capital. Esta proliferación y el relajo en los requisitos de acceso en algunos de ellos, que han buscado un rendimiento económico, han convertido Barcelona en 'competidora' de Ámsterdam como destino del 'narcoturismo' en Europa, según se desprende del contenido de las webs de varias guías de viaje, que orientan sobre los puntos de venta de cannabis y su precio, y que facilitan contactos de algunos de estos clubes.
Que los clubes se salten ese código de buenas prácticas y quieran hacer caja, en vez de conformarse con fumar sus plantas entre sus socios «son cosas que pueden estar pasando, pero que no deberían pasar», sentencia Jaume Xaus, portavoz de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Cataluña (CatFAC). «El libre mercado no es por lo que estamos trabajando, y el hecho de que se detecten algunas 'sorpresas' se debe a los propios problemas del país. También al partido del Gobierno lo están investigando por corrupción, lo mismo que ocurre con la infanta y su marido». Según Xaus, los clubes hacen un ejercicio de transparencia y se autorregulan ante la falta de una normativa, una demanda a la que las administraciones no terminan de dar respuesta, aunque en el País Vasco y en Cataluña esa cuestión ya ha llegado a sus parlamentos.
Joan Colom, subdirector general de Drogodependencias de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat, reconoce la necesidad de acometer esa regulación partiendo de una postura contraria a la promoción del cannabis, ante la certeza de sus efectos nocivos, pero aprovechando la buena disposición de los clubes para intervenir en planes de prevención, conocer datos sobre los hábitos de consumo o la edad de inicio en el mismo para obtener más criterios para actuar. «Hay una proliferación constante y casi diaria de clubes, unos con fines más comerciales y otros con unos objetivos de uso compartido, sin que haya un fin de lucro. Tanto el cultivo como el transporte de cannabis están prohibidos, pero hay algún tipo de jurisprudencia sobre consumo compartido, con límites máximos, y ahí es donde tenemos la posibilidad de buscar un principio».
Los vacíos en la ley permiten situaciones paradójicas como la que vive a diario Juan Carlos Pavón, propietario de Dr. Cogollo, una tienda santanderina que, desde 2001, vende todo lo necesario para el cultivo técnico del cannabis: semillas, macetas, fertilizantes, lámparas... todo legal. Cada semilla de variedades como la King Kong Five -«potente y sedante, de aroma y sabor agridulce, con matices afrutados»-, o la Mandarina Kush -«con olor cítrico intenso»-, viene a costar seis euros, una cifra que se duplica por cada cañamón más especial. Eso sí, se advierte que su fin es el 'coleccionismo', ya que el cultivo está prohibido. «Cuando abrí la tienda tuve visita de la Policía, para ver qué hacía y qué material trabajaba. Quedaron conformes, porque no han vuelto. Parece que me han respetado el trabajo. Y yo también respeto el suyo», explica. La clientela ha reconocido su labor: del pequeño local del centro de la ciudad en que abrió su negocio se ha mudado a una nave industrial de 500 metros cuadrados en las afueras.
Benedicto Crespo, profesor titular de Psiquiatría en la Universidad de Cantabria y científico de la fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (Idival), es también partidario de una regulación, pero con muchas reservas: cualquier decisión debe tener muy en cuenta los efectos perjudiciales derivados del consumo de cannabis. «El riesgo de padecer psicosis y esquizofrenia se multiplica por 2 ó 2,4, y hasta el 15% de los casos de psicosis podrían haberse evitado de no haberlo utilizado. Estamos viendo que se trata de la droga ilícita más consumida, y que cada vez se adelanta más la edad de consumo: el 3% de la población con edades entre los 14 y los 18 años está consumiendo esta droga. Quienes toman las decisiones deben ser conscientes de que si se legaliza tendrá repercusiones sobre el desarrollo cerebral y las enfermedades mentales posteriores, y todo eso hay que ponderarlo antes de tomar las medidas. Quizás a nivel social el consumo se haya normalizado tanto que dé igual que uno fume un porro o tabaco, pero no es lo mismo».
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