El Gobierno vasco suprime el límite de los ingresos anuales para la compra de suelo de pisos protegidos

El Gobierno vasco ha autorizado la posibilidad de que los propietarios de 19.091 viviendas de protección oficial compren el suelo en el que están construidos sus hogares a cambio de que las viviendas permanezcan con la calificación de vivienda pública de manera permanente. El Ejecutivo ha suprimido el límite de ingresos anuales para la compra.

Según han recordado fuentes del Gobierno vasco, esta es la cuarta ocasión desde 2010 que se ofrece esta alternativa. La decisión adoptada hoy afecta a un total de 19.091 inmuebles de la CAV (viviendas, anejos vinculados o no a las viviendas, y locales comerciales). El suelo que ocupan todos ellos saldrá a la venta entre finales del año 2013 y principios de 2014, en una próxima convocatoria del Departamento de Empleo y Políticas Sociales en la que se concretarán los trámites a seguir, la valoración y los plazos de materialización de la enajenación del suelo.

La principal novedad respecto a ofertas anteriores estribará en la no limitación de los ingresos por parte de las personas titulares de los inmuebles, lo que permitirá que más familias puedan acogerse a esta operación. A la anterior convocatoria pudieron acogerse los adjudicatarios de VPO cuyos ingresos no superaban los 50.000 euros anuales, un límite que desaparecerá en la próxima.

La convocatoria estará abierta a todos los inmuebles comprendidos en las fases anteriores cuyos propietarios, por diversos motivos, no llegaron a adquirirlo, incluidas las promociones que han quedado descalificadas por el transcurso del tiempo, y que incorporará las nuevas promociones calificadas a partir del segundo semestre de 2012.

La compra de suelo es una solución para que las personas que han comprado viviendas de protección oficial no las pierdan cuando finalice su plazo. Este hecho se debe a que, si bien lo construido es propiedad de quien lo compra, el suelo sobre el que se asienta sigue siendo de naturaleza pública, lo que en la práctica hace que, al cabo de 75 años, la VPO pase a manos de la administración de nuevo por la extinción del derecho de superficie, sin que sus propietarios tengan derecho a recibir una indemnización por ello.