Fagor batirá el récord de acreedores en una suspensión de pagos voluntaria

El proceso concursal de Fagor Electrodomésticos puede batir algunos récords nacionales en materia de suspensiones de pagos. A falta de que la administración concursal elabore la lista definitiva de damnificados por el hundimiento de la empresa vasca, todo apunta a que, al menos, la cooperativa tendrá el dudoso honor de firmar el procedimiento concursal con mayor número de acreedores en la historia de España. Y ello, porque además de los numerosos proveedores de componentes que se utilizaban para fabricar los electrodomésticos, de quienes prestaban servicios a la compañía -el auditor, sin ir más lejos-, de las entidades financieras que habían concedido créditos, de la Administración en su doble vertiente de recaudación tributaria y la Seguridad Social, hay que abrir una 'hoja excel' con unas 10.000 filas para dar cobijo a los ahorradores que suscribieron los 185 millones de euros en Aportaciones Financieras Subordinadas, similares a las polémicas preferentes.

Si dejamos a un lado el procedimiento concursal de Forum y Afinsa, que afectó a casi medio millón de acreedores -fue un concurso "necesario" forzado por la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y no tuvo carácter "voluntario" como es el que ha protagonizado la cooperativa vasca-, la suspensión de pagos de Fagor se lleva la palma en el número de afectados en España. No así en el volumen de la deuda -entorno a los 1.000 millones de euros-, claramente superada por el concurso de las promotoras Martinsa-Fadesa (7.156 millones), o Reyal Urbis (4.400 millones), e incluso Habitat (2.800 millones), o por la más reciente de Pescanova. En este último caso, a la espera de que encuentren algún nuevo agujero o algún cajón con más facturas falsas, las deudas superan ya los 3.674 millones de euros. Tampoco está a la cabeza en cuanto a número de trabajadores afectados, ya que sus 5.640 trabajadores empleados en la totalidad del grupo son la mitad de los 11.000 trabajadores de la firma alimentaria gallega que temen ahora por su futuro.

Si reducimos el ámbito geográfico al País Vasco, la suspensión de pagos de Fagor es, con diferencia, la que ocupa el primer lugar del ránking por todos los conceptos. No solo por acreedores y empleados afectados sino también por las deudas acumuladas. Hay que volver la mirada hasta el mes de mayo de 2008 para encontrar a la segunda en este particular ránking de tristezas empresariales vascas, momento en el que la constructora vizcaína Urazca inició su proceso de liquidación tras ser abatida por el rayo de la crisis inmobiliaria y sus ansias de crecimiento. Urazca presentó la solicitud de concurso con unas deudas valoradas en torno a los 400 millones de euros.

No es el primer caso en el que una empresa que haya emitido 'papelines' de deuda privada entra en procedimiento concursal, pero salvo algunas excepciones -como es el caso de Nueva Rumasa, con unos 5.000 inversores atrapados- el impacto suele tener dimensiones ciudadanas más reducidas aunque el volumen de dinero en juego sea mayor. Así, por ejemplo, en el caso de Pescanova había emisiones de bonos por un importe de 450 millones de euros. Además de que las perspectivas de futuro de esta empresa son bastante más halagüeñas que en el caso de Fagor, la colocación de sus emisiones tuvo un mayor componente institucional y entre los inversores, principalmente, se encuentran entidades financieras y fondos de inversión. En el caso de Fagor, por el contrario, la colocación de sus 'preferentes' se hizo en el mercado minorista, ahorrador por ahorrador y, como ha ocurrido con emisiones similares de otras empresas, con una comercialización muy poco honesta, por decirlo de forma suave.

El procedimiento concursal de Fagor tendrá otra característica poco habitual en este tipo de procedimientos. Un buen número de filas de esa 'hoja excel' de acreedores necesitará, al mismo tiempo, que se abran varias columnas para albergar deudas diferenciadas para un mismo damnificado. Y es que todo apunta a que los 1.800 cooperativistas que tenía la empresa en Euskadi serán acreedores por alguna deuda salarial -aunque pequeña-; también por haber sido suscriptores de 'preferentes' y muchos de ellos, además, por haber depositado otra parte de sus ahorros en manos de la empresa como Aportaciones voluntarias. Una especie de depósitos de dinero a plazo en el que están atrapados casi 80 millones de euros de los actuales cooperativistas y de muchos otros que, ya jubilados, decidieron dejará su dinero en la cooperativa en vez de depositarlo en una cuenta bancaria.