Hiriko, solo es dinero público

Si usted es de los que todavía piensan que las instituciones realizan un control minucioso de cómo y en qué se gastan los euros de las subvenciones y las ayudas públicas que conceden los gobiernos con el dinero que nos detraen a los ciudadanos vía impuestos, no lo tenga tan claro. Se vio con el proyecto Epsilon, una iniciativa empresarial cuyo objetivo último era que Euskadi estuviera un día en el gran circo de la Fórmula 1. Y acaba de constatarse con el Hiriko, el por el momento fallido intento de alumbrar un coche eléctrico urbano desde Vitoria para el mundo.

Entre ambas iniciativas empresariales, no pocas similitudes. La primera, obviamente, su vinculación al mundo del automóvil. La segunda, que se trata de planes pensados, impulsados y avalados por el PNV. La tercera, que han contado con un reguero de millones de euros de ayudas públicas pese a unas inversiones privadas mínimas, rayanas en lo ridículo. Al final, Epsilon se ha 'tragado' casi 45 millones de euros. Hiriko, otros 17,4. Por si a alguien todavía le cuesta lo de los euros: 10.400 millones de las antiguas pesetas entre ambas.

Las coincidencias no terminan ahí. La apuesta Epsilon fue defendida hasta el final por el Gobierno de Ibarretxe y por su partido. Tras el fracaso, la exconsejera jeltzale Ana Agirre no dudó en afirmar en el Parlamento vasco que había sido una apuesta de riesgo, sí, pero que en idénticas circunstancias volvería a actuar igual. El Hiriko está a punto de embarrancar para siempre, pero la consejera de Competitividad, Arantza Tapia, también del PNV, no dudaba el miércoles en poner el acento en la cara más positiva del plan, pasando de puntillas sobre sus importantes nebulosas, en su comparecencia ante la Cámara de Vitoria.

Esa podríamos decir que es la versión A. Existe también una versión B. Y es que mientras el PNV solo ha tenido buenas palabras para el proyecto Epsilon, otros opinan justo lo contrario. Y esos otros no son unos cualquiera; se llaman nada menos que Abogacía del Estado, Fiscalía y Administración Concursal. Para ellos, el proyecto que capitaneó Joan Villadelprat fue «una utopía empresarial», que se gestionó de forma «temeraria» y hasta «fraudulenta». Del Hiriko, de momento, solo hay versión A (apoyo del PNV). La B está aún en mantillas: la Fiscalía tiene abiertas diligencias informativas sobre el caso.

Pero la comparecencia parlamentaria de Tapia, requerida por el PP al hilo de las informaciones difundidas por este periódico sobre el proyecto de coche eléctrico, resultó altamente reveladora en, al menos, dos aspectos.

Una ley que no sirve

De una parte, la consejera de Competitividad aseguró que los impulsores del proyecto Hiriko han cumplido escrupulosamente las condiciones que se les impusieron para la concesión de ayudas públicas. Hasta ahí ninguna sorpresa. Pero agregó algo no precisamente irrelevante: que no corresponde al Gobierno se supone que ni al vasco ni al central, de los que han partido las ayudas controlar, hacer un seguimiento a las empresas que han recibido decenas de millones de euros.

Traducido, esto parece querer decir que no pasa nada porque Hiriko, un pequeño proyecto de investigación, contrate a un exdirectivo de Mercedes como Armando Gaspar y le pague 26.000 euros mensuales que salen de nuestros impuestos. Una nómina que dobla a la de Angela Merkel, cuadruplica la de Mariano Rajoy y casi iguala a la de la mismísima directora del FMI, Christine Lagarde. O que su principal impulsor, el empresario peneuvista Jesús Echave, alquile al proyecto unos locales de su propiedad que estaban vacíos por 328.000 euros al año, cifra muy superior a la de mercado. Y que sea otra empresa suya, Lanbide, quien los acondicione y los mantenga limpios por 370.000. O que Dennokin, una sociedad en la que figura el también alderdikide Luis Miguel Macías, exviceconsejero de Pesca, se embolsara 3,5 millones por el plan de negocio y la coordinación del proyecto.

Esa es la primera sorpresa. La segunda es que ni el PNV ni los socialistas tan críticos con los 'proyectos automovilísticos' jeltzales curiosamente hasta su reciente pacto fiscal con ellos tengan nada que decir de los números anteriores. Que, de alguna forma, avalen con su silencio unas cifras cuya difusión ha provocado un notable escándalo social. El PP mostró sorpresa y solo EH Bildu se ha atrevido a hablar de 'corrupción legal'.

Y, lo que es peor, que dado que la normativa actual no obliga a poner coto a estas prácticas, renuncien a anunciar la adopción inmediata de medidas para terminar lo antes posible con ellas. Y todavía algunos dirigentes políticos dicen no entender el porqué del creciente distanciamiento respecto a los partidos tradicionales...