Mondragón se compromete a gestionar el excedente de empleo de Fagor Electrodomésticos "de la forma menos traumática posible"

La Corporación Mondragón (MCC) se ha comprometido a gestionar el excedente de empleo de Fagor Electrodomésticos "de la forma menos traumática posible" a través de medidas como recolocaciones, prejubilaciones o bajas indemnizadas, entre otras. Fuentes de MCC han informado de que hasta que culminen los cuatro meses de situación de preconcurso de acreedores solicitada por la cooperativa, no puede conocerse cuántos de los 1.800 socios de Fagor en Euskadi dejarán de trabajar en la compañía.

En estos cuatro meses, Fagor debe acometer un proceso de renegociación de sus deudas y elaborar un plan de viabilidad, en el que podría plantear la continuidad de algunos de sus nichos de negocio -como el de la cocción- y el cierre de otros. Este plan definirá, según han explicado las fuentes, la dimensión exacta del excedente de empleo de Fagor Electrodomésticos en las cinco plantas ubicadas en el País Vasco.

La Corporación se ha comprometido a crear una oficina de empleo corporativa para estudiar caso a caso soluciones para los empleados afectados, que podrían contemplar medidas como recolocaciones dentro de otras empresas del grupo, prejubilaciones o indemnizaciones. MCC ha manifestado estar dispuesta a "hacer todos los esfuerzos necesarios para intentar reubicar al personal excedentario" y gestionar su situación "de una manera ordenada" y lo "menos traumática posible".

Situación crítica

Se acabó el espíritu cooperativista que ha guiado al Grupo Mondragón desde su creación, allá por 1956, tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Hoy, los trabajadores de Fagor Electrodomésticos han conocido que la Corporación no ha aceptado su petición de ayuda financiera urgente ante un severo problema de liquidez, lo que les ha empujado irremediablemente a un preconcurso de acreedores al reconocerse la empresa insolvente. La firma dirigida por Sergio Treviño demandaba 120 millones de euros para poder funcionar.

La noticia ha caído como una bomba en Arrasate, donde buena parte de la población trabaja o está relacionada de alguna manera con el fabricante de electrodomésticos, que arrastra una deuda global superior a los 1.000 millones de euros. Ahora, y tras presentar la pertiente comunicación en el Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián, la empresa dispondrá de tres meses para plantear una oferta a sus acreedores sobre la manera y la cuantía en que pueda satisfacer sus débitos.

En definitiva, una quita y un aplazamiento de los pagos. En el mes siguiente, haya o no haya logrado ese convenio, Fagor Electrodomésticos deberá presentar concurso de acreedores. En la práctica, lo único que gana la empresa es evitar que en ese periodo algún deudor presente una reclamación de concurso necesario de acreedores.

La firma de Arrasate en un más que escueto comunicado explicó que intensificará «la vías de negociación necesarias para alcanzar un acuerdo con sus acreedores, iniciadas semanas atrás con la Corporación Mondragón, el Gobierno vasco, la banca acreedora y el resto de acreedores, para afrontar los pagos inmediatos que permitirían normalizar la actividad». Nada indicó, sin embargo, sobre la reanudación de la actividad de las factorías paradas o el futuro de sus trabajadores.

Fagor Electrodomésticos necesitaba como el aire 120 millones de euros para pagar a sus proveedores, pues algunos de estos habían dejado de servir a la compañía, lo que había obligado a parar algunas plantas. La semana pasada, la Corporación recibió una nueva petición de auxilio que levantó ampollas. En mayo, todas las cooperativas de Mondragón habían hecho un esfuerzo enorme al prestar al fabricante de Arrasate la nada despreciable cifra de 70 millones, a los que se sumaron otros 40 procedentes del Gobierno vasco, las Diputaciones y Kutxabank. Pero no fue suficiente.

Ahora, el Grupo liderado por Txema Gisasola ha tenido que elegir entre realizar otro esfuerzo que podría haberle llevado a la ruina o amputarse lo que ha sido considerado durante años el corazón de la división industrial de Mondragón, la joya de la corona del Grupo. Tras días de tensos debates, la decisión ha sido dejar caer a Fagor Electrodomésticos en la insolvencia para salvar al conjunto de cooperativas de Mondragón. Todo un trago para una corporación que ha hecho del cooperativismo y la solidaridad interna sus señas de identidad. Una forma de hacer que le había permitido hasta ahora sortear mal que bien la crisis manteniendo el empleo.

'Shock' para el mundo del cooperativismo

El estallido del sector inmobiliario (que ha hundido por completo las ventas de la compañía en España, su primer mercado) y una gestión inadecuada a la hora de plantear la internacionalización de la firma desde el punto de vista de los costes de producción han hecho que Fagor Electrodomésticos haya entrado en una espiral de pérdidas. El último año en que ganó dinero fue 2008. Desde entonces, los números rojos han dominado las cuentas. En 2012, la empresa perdió 89 millones de euros, y en los primeros seis meses de este ejercicio el agujero alcanzó 66,8 millones.

La entrada de Fagor Electrodomésticos en preconcurso de acreedores es todo un shock para el mundo del cooperativismo, y un aviso muy serio para el conjunto de la Corporación Mondragón, que podría salir muy dañada de este proceso. Además, arroja la sombra de la duda sobre un modelo hasta ahora indiscutido y una gran herida en el tejido industrial y empresarial del País Vasco. Miles de puestos de trabajo y de compañías grandes y pequeñas en Euskadi dependen del fabricante de electrodomésticos o del resto de cooperativas de Mondragón, y este fiasco inesperado ha inundado de temor la economía vasca.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, explicó a media mañana que la suspensión de pagos de Fagor Electrodomésticos es «la peor noticia económica» de este año para Euskadi. Y aseguró que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu hará «todo lo posible para garantizar la viabilidad de la empresa y minimizar su impacto económico». Las dudas se ciernen ahora sobre la manera de resolver un concurso de acreedores de una empresa que, en realidad, es propiedad de sus socios, unos 1.700 trabajadores, todos en el País Vasco.