La madre de todas las multas

La fiscalidad vasca volverá hoy de nuevo a la Gran Sala la que se reserva para los juicios estelares del Tribunal de Luxemburgo. El objetivo no es otro que dilucidar si las diputaciones forales han atendido la exigencia de la Comisión Europea de recuperar las ayudas concedidas a unas 300 empresas vascas, entre los años 1995 y 2000, a las que se otorgaron deducciones de sus impuestos que la UE declaró ilegales. Las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa defienden que lo han hecho, salvo en los casos en los que resulta materialmente imposible porque las sociedades mercantiles afectadas han desaparecido, pero la Comisión ha decidido mantener la demanda que presentó en julio de 2011.

Al Tribunal europeo, las discusiones sobre los impuestos y Euskadi no le resultan novedosas. Los casos de las ayudas concedidas a Ramondín y Daewoo ya fueron sancionadas; también declaró «ilegales» los incentivos fiscales sobre los que ahora se volverá a hablar y, en el otro lado de la balanza, no dudó en dar un espaldarazo jurídico al Concierto Económico cuando sentenció que el País Vasco puede tener su propia legislación tributaria, aunque sea distinta a la que esté vigente en el resto de España. En este caso, el Tribunal deberá evaluar si las diputaciones forales han atendido el mandato de la Comisión, que exigió la recuperación de las ayudas ilegalizadas y no se ha dado por satisfecha.

A la espera de la petición final que los representantes de la Comisión realizarán en el juicio, las autoridades comunitarias exigen en su demanda una sanción económica contundente. Una multa que crece cada día que pasa sin que se vean atendidas sus exigencias y que en este momento asciende a 63,6 millones de euros. Si el Tribunal accede a la petición, la cifra comenzará a dispararse ya que las autoridades comunitarias han pedido que la multa crezca en 236.044,8 euros cada día, más de 7 millones de euros al mes a partir de la fecha de la sentencia y hasta que se recuperen todas las ayudas.

Exigir el cobro

El propio Tribunal de Luxemburgo declaró ilegales estas ayudas fiscales en una sentencia dictada en 2006 y desde entonces las empresas afectadas han pasado al menos dos veces por la ventanilla de las haciendas forales. La primera fue en 2007, tras el pronunciamiento judicial, y los funcionarios de la Comisión, de forma extraoficial, lo calificaron como «una tomadura de pelo». Según los informes que constan en el procedimiento judicial, las haciendas forales apenas habían recuperado una mínima parte de lo que se exigía y cuantificaron en un 87% el saldo pendiente. Según sus propios cálculos, unos 750 millones de euros. Una cifra que crecía además con el paso del tiempo, ya que deben contabilizarse los intereses de demora. El segundo paso por la ventanilla del fisco se produjo a finales de 2011, después de que la Comisión presentase la última demanda ante la Corte de Luxemburgo, dejando a un lado la diplomacia para pasar directamente a exigir una sanción multimillonaria.

Pese a esta segunda ronda de recuperación, la Comisión Europea ha decidido mantener la demanda judicial porque aunque admite que se han producido avances muy importantes en la devolución de las ayudas por parte de las empresas que resultaron beneficiadas, también cree que hay grandes lagunas y discrepancias de fondo. Deberá ser el Tribunal el que decida qué criterios hay que aplicar en cada caso y qué interpretación de la normativa comunitaria está más ajustada a derecho. Hasta el momento, en este caso que tiene una larga trayectoria en las salas de la Corte luxemburguesa, los jueces se han alineado sin fisuras con la Comisión y han rechazado todos los recursos de las diputaciones y de la patronal vasca. De nada sirvió a las empresas, por ejemplo, argumentar la «confianza legítima» que tenían al creer que aplicaban una normativa legal, porque ésta había sido publicada en los boletines oficiales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

Ni las diputaciones ni las empresas afectadas han podido personarse en el procedimiento, ya que en este caso la petición de multa se dirige hacia el Reino de España, como responsable ante la UE de lo que sucede en el Estado en materia de libre competencia. La defensa de los intereses forales y empresariales, en este caso, será ejercida por un abogado del Estado.