El PNV y las patronales viven la mayor crisis de confianza desde el 'plan Ibarretxe'

El Gobierno vasco y el PNV han retomado en las últimas semanas los mensajes conciliadores hacia las patronales vascas. No sólo. Desde el Gabinete Urkullu se intenta quitar hierro a las serias divergencias que han surgido entre ambas partes, y que todavía persisten, en torno al final de la ultraactividad; o lo que es lo mismo, el final de la renovación automática de los convenios colectivos hasta la aprobación de los nuevos.

«Entre nosotros (Ejecutivo vasco y organizaciones empresariales) no hemos tenido ninguna pelea. Simplemente no ha habido un total acuerdo en todo», declaraba hace algunos días el portavoz gubernamental, Josu Erkoreka, en un intento por tratar de mostrar la botella medio llena. Pese a ello, lo cierto es que las relaciones entre Sabin Etxea y Ajuria Enea, de una parte, y las patronales vascas, de otra, no atraviesan precisamente por su mejor momento. Al contrario.

Posiblemente no se vivía un desencuentro, una crisis de confianza como la actual desde hace una década. Desde el otoño de 2002, cuando el entonces presidente de Confebask, Román Knörr, se atrevió a poner voz al desacuerdo de buena parte del empresariado con los planes soberanistas del lehendakari Ibarretxe. El torrente de descalificaciones que recibió de Xabier Arzalluz y los suyos fue cualquier cosa menos una muestra de talante democrático.

Entre ambas situaciones no existe otro paralelismo que la tensión entre las partes. Entonces el problema fue un asunto político con derivaciones económicas. Ahora se trata de un tema de índole exclusivamente económica y socio-laboral que puede tener consecuencias políticas según se desarrollen los acontecimientos y la actitud que adopten los protagonistas.

En el origen de todo se halla la "reforma Rajoy". Una modificación de la legislación laboral que, entre otras consecuencias negativas para los intereses de los trabajadores, les arrebata la llave de la negociación colectiva para dársela a los empresarios. El cambio fue aprobado por el Congreso en junio de 2012 por el PP, CiU, Unión del Pueblo Navarro y el Foro Asturias de Álvarez Cascos. El resto, incluidos socialistas, PNV y Amaiur se posicionaron en contra. Traducido a Euskadi ello querría decir que de los 75 integrantes del actual Parlamento de Vitoria, sólo los 10 del PP estarían de acuerdo. Los 65 restantes se opondrían.

Desde su toma posesión en diciembre pasado, el Gobierno Urkullu señaló en rojo como uno de los asuntos a seguir en los primeros meses de mandato el final de la ultraactividad el 7 de julio. Más de 300.000 trabajadores vascos se habían quedado ya o estaban a punto de quedar sin convenio, con lo que el día de San Fermín pasarían a tener como referencia los acuerdos estatales o el Estatuto de los Trabajadores. Un enorme retroceso.

Urkullu y su consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, comenzaron a sondear discretamente a las partes la posibilidad de pactar una prórroga en la vigencia de los convenios. Entonces, primer trimestre de este año, los empresarios solicitaron al lehendakari que no moviera ficha públicamente hasta la celebración de las asambleas anuales de Cebek, Adegi y SEA.

Las organizaciones patronales celebraron sus reuniones y algo más, encuestaron a sus asociados. Entre el 94% y el 99% de ellos, según el territorio, mostraron su oposición a prolongar la vigencia de los convenios. O lo que es lo mismo, en favor de que el fin de la ultraactividad llegara en la fecha prevista.

Desde la patronal se explica que antes el precio de los productos lo ponían los propios empresarios tras sumar costos y fijar su margen de beneficios. Ahora, en cambio, es "el mercado" quien decide. «Si el precio de la luz y del dinero, además de los impuestos nos vienen dados, ¿cómo podemos ganar en competitividad? Con flexibilidad, incrementando la producción, y controlando los costes salariales y nuestros beneficios», detalla uno de ellos.

Perfil social

El resultado de los sondeos no hizo desistir ni al Gobierno vasco ni al PNV. Los jeltzales, que si por algo se han caracterizado históricamente es por sus buenas relaciones con las organizaciones empresariales, no han dudado en exhibir en este asunto su perfil más social. Posiblemente conscientes de que el número de trabajadores con derecho a voto es infinitamente mayor que el de patronos.

Estas últimas semanas los peneuvistas han insistido en buscar con uñas y dientes una prórroga de la ultraactividad. ¿La razón? El temor a que un otoño-invierno caliente incendie socialmente Euskadi y ello afecte negativamente a la recuperación económica. Pero, además, porque, automarginada ELA (que ha apostado por los convenios de empresa), veían opciones reales de que un eventual pacto entre las patronales y los sindicatos CCOO, UGT y LAB acabara con la mayoría sindical abertzale que ha operado en los últimos años y abriera un nuevo ciclo en las relaciones laborales vascas de corte más constructivo.

El PNV no ha dudado en aprovechar su "ascendiente" con el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, para intentar convencer a las patronales territoriales de que accedieran a la moratoria que el propio lehendakari en persona les volvió a pedir "in extremis" el jueves 4 en una cita secreta en Lehendakaritza, destapada por este periódico. En vano. Cebek, Adegi y SEA dijeron "no" en el Consejo de Relaciones Laborales del día siguiente, al que acudieron como muestra de cortesía hacia Urkullu. Y es la postura que han mantenido y mantienen, junto a Confebask.

¿Amigos y enemigos?

Medios nacionalistas se muestran en privado agradecidos a Lujua por sus esfuerzos en pro de un acuerdo que no ha llegado. No ocultan, en cambio, su enfado con las patronales territoriales, entre las que curiosamente se señalan diferencias, pese a que pública e internamente en grupo han mantenido una postura uniforme. Así se resalta la "intransigencia" de Adegi y, en menor medida, también de SEA, y se ignora a Cebek. Tal vez el comentario no sea precisamente casual. Y es que varios de los representantes de la patronal vizcaína en la cúpula de Confebask son conocidos ejecutivos del PNV. El presidente de Adegi es un veterano nacionalista pero sin una ligazón directa con el partido y el de la patronal alavesa es un empresario sin un perfil político definido.

Pese al enfado, el jueves de la semana pasada, los jeltzales hacían un favor a las patronales vascas al evitar que el Parlamento les censurara a instancias de EH Bildu. El PNV aprovechó su creciente sintonía con el PSE -que cristalizará en acuerdo en septiembre para arrancar curso- para sacar adelante junto a UPyD una resolución en la que se vuelve a reclamar a los empresarios que accedan a prorrogar la vigencia de los convenios. Eso sí, el texto incluye una pequeña "pulla" final para las patronales al instar al Gobierno vasco a que "valore positivamente" en las licitaciones a aquellas compañías con convenio en vigor.

Ni en las propias filas nacionalistas se tiene excesivamente claro que este último punto sea legal y, por tanto, aplicable. «Necesitará de un estudio de legalidad», admite un burukide jeltzale. La misma fuente resalta que el pronunciamiento parlamentario es «un nuevo llamamiento a que impere el sentido común y la cordura entre el empresariado vasco. ¿El apunte final? Un aviso de que no estamos dispuestos a consentir barbaridades, ni a permanecer de brazos cruzados si intentan hacerlas».

Y es que en las filas del partido en el poder no terminan de fiarse de las intenciones de los empresarios. No tanto a la vuelta de las vacaciones como a final de año. Todos ellos indicios suficientes como para sospechar que el otoño puede ser caliente. Para empezar, en las propias filas de las patronales.