Las agencias privadas cobrarán hasta 3.000 euros por recolocar a un desempleado

El Ministerio de Empleo ultima el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación para la inserción de parados. El último borrador enviado a las Comunidades Autónomas incluye el pago de hasta 3.000 euros por conseguir un contrato de seis meses a un parado de larga duración mayor de 45 años, pero también incorpora otras partidas de los que no se había hablado hasta ahora. Según el pliego del acuerdo marco, que sigue lo que se hace en otros países, las agencias privadas podrán recibir una cantidad fija de la Administración por cada persona cuya inserción se le encomiende, «con independencia del resultado». Esta cuantía no podrá superar el 50% de lo que cobraría por recolocar a ese parado», con un límite de 400 euros, IVA incluido.

Las tarifas incluidas en el pliego de condiciones por cada parado recolocado varían en función de la edad y del tiempo que lleve en el desempleo. Así, por encontrar trabajo a un joven que lleve menos de seis meses en paro, la agencia privada cobraría 300 euros, 1.100 euros si hace más de un año que está en paro. Si el desempleado tuviera más de 45 años y más de dos años sin trabajar, el Estado pagaría a la agencia 3.000 euros (ver cuadro). Además, se abonará un incentivo de hasta 1.000 euros más «por especial dificultad de inserción o riesgo de exclusión». Otra prima «por el mantenimiento continuado en el empleo» de seis meses más sobre los seis meses iniciales permitirá a la agencia privada cobrar hasta el 50% del pago por la inserción, es decir, entre 150 y 1.500 euros más.

Hay otro punto muy polémico que es el «incentivo por resolución de irregularidades», por el que se pagará hasta el 15% de lo que se hubiera abonado por recolocar al parado cuando la agencia privada proporcione información obtenida durante la prestación del servicio de inserción que permita a los servicios públicos de empleo sancionar al desempleado por alguna infracción.

Sanciones

La ley establece que un parado podrá ser sancionado con la suspensión del pago de la prestación por desempleo entre uno y tres meses si no acude cada mes a renovar su demanda de empleo, si no se presenta a una citación o a una entrevista de trabajo; y, si es reincidente en la infracción, se le retirará la prestación. También obliga a las agencias privadas de colocación a comunicar a los servicios públicos de empleo si ocurre alguna de estas incidencias. Lo que el Ministerio de Empleo propone ahora es que cobren por ello hasta 450 euros si el parado es sancionado.

Las tarifas establecidas en el pliego son precios máximos, las Comunidades Autónomas podrán fijar tarifas por debajo de estas y las agencias privadas hacer ofertas a la baja. La adhesión de las autonomías es voluntaria, pero como esta será la vía para recibir dinero del Estado, incluso las que no están nada conformes con las cláusulas fijadas por el Gobierno central se lo están pensando porque «al fin y al cabo, es una manera de recibir financiación». El Servicio Público de Empleo estatal (SEPE) ha previsto un importe total de 66 millones de euros para pagar la colaboración privada durante los próximos cuatro años, aunque se podría ampliar.

En la reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo que se celebrará esta semana, a las críticas de varias autonomías se sumarán las de los sindicatos, a los que ni siquiera se les ha enviado el pliego de condiciones.

Desde UGT recuerdan que el Gobierno actual prescindió de los 3.000 orientadores y promotores de empleo que trabajan en los servicios públicos para la inserción de parados en el mercado laboral y que el presupuesto de las políticas activas de empleo se ha reducido un 30%, en lo que califican de «desmantelamiento» de los servicios públicos de empleo. Por eso, consideran que la participación de otros agentes tiene que estar condicionada al «reforzamiento de los servicios públicos», cuyas plantillas están muy por debajo de las necesidades.

En todo caso, el sindicato se opone a que se les pague a las agencias privadas por comunicar incidencias que den lugar a una sanción a los perceptores de prestaciones. También la secretaria confederal de Empleo de CC OO, Paloma López, reprueba «cualquier desviación de fondos públicos a agencias con ánimo de lucro».

Retorno equivalente

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Randstad España, Luis Pérez, explica que el modelo de colaboración debe generar «como mínimo» el mismo retorno para las agencias que sus otros modelos de negocio. Respecto al éxito de la colaboración público-privada, dice: «Somos más eficientes, pero no somos magos. La intermediación genera empleo, pero proporcionalmente al empleo que genera el país». El directivo de Randstad defiende que los seis meses de inserción no tendrían que ser continuados sino a lo largo de año o año y medio, dada la difícil situación del mercado laboral.

En el último borrador del convenio marco se exige que se haya mantenido en esa relación laboral «o en otras de similares o mejores características (sueldo) por un plazo de al menos seis meses continuados» y permite reducir el pago si son contratos a tiempo parcial.