"La corrupción de todas las clases de la sociedad"

"La separación de poderes es cosa que jamás ha existido en España, y los magistrados eran simples empleados que recibían órdenes de arriba", escribe el hispanista británico Gerald Brenan en 'El laberinto español', título publicado originalmente en 1943. "Condenaban y absolvían a quien el gobernador civil les ordenase condenar y absolver".

Brenan (1894-1987) se refiere al periodo de la Restauración, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, un tiempo caracterizado por el caciquismo, las elecciones amañadas y "la corrupción de todas las clases de la sociedad". Cada nuevo gobierno traía consigo la sustitución de una clientela por otra.

Hoy no existe el pucherazo decimonónico, y los jueces no siguen los dictados del gobernador civil. ¿Pero las cosas han cambiado? "En el mundo presidido por aquella política -sostiene Brenan-, todos, con excepción de algunos políticos preeminentes que no manifestaban por lo demás la menor repugnancia por vivir sobre la corrupción de los demás, todo el mundo estaba cortado por el mismo patrón".

El propio Cánovas del Castillo (1828-1897), impulsor de aquel sistema político, aprobó al menos 1.200 reconocimientos nobiliarios. Las irregularidades eran la norma en los municipios, y se actuaba contra quienes la denunciaban, no contra quienes se beneficiaban de ella. El marqués de Cabriñana fue sentenciado "por difamación" tras haber sacado a la luz los trapos sucios del Ayuntamiento de Madrid. "La totalidad de las familias aristocráticas, algunas de las cuales participaban en tales fraudes, rompieron con él toda relación personal", recuerda Gerald Brenan.

Durante aquellos años, "los ricos burlaban casi todos los impuestos". En 1902, el Gobierno reconoció en una intervención en el Senado "las ocultaciones anuales de riqueza imponible" destapadas por el nuevo catastro. Sólo en cuatro provincias ascendían a un millón de hectáreas, y el fraude fiscal rondaba los tres millones de pesetas. Se calcula que en el conjunto de España se dejaba de recaudar entre el 50% y el 80% de lo que correspondía.

Los agravios fiscales estaban a la orden del día. En 1909, las pequeñas haciendas tenían un gravamen de entre 70 y 80 pesetas por hectárea, mientras que las grandes "no pagaban absolutamente nada". El desbarajuste y la malversación venían de lejos, continúa Brenan, pues en 1876 el Tribunal Supremo admitió que la tercera parte de los impuestos "quedaba entre las manos de los agentes sin llegar jamás al gobierno".

El autor de 'El laberinto español' asegura que el país sufría "una enfermedad que se propagaba de arriba abajo". "Y el principal síntoma de esta enfermedad era la disociación entre su sistema político y la clase social de terratenientes que lo manejaba, de un lado, y las necesidades económicas y sociales del país, de otro".

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