El sector naval reproduce el conflicto de los incentivos fiscales vascos

Estos días se ha confirmado la mala nueva. La Comisión Europea va a exigir al sector naval español que pague unos 2.800 millones en impuestos que se había ahorrado desde 2006 y que habían permitido en la práctica rebajar el coste de un buen número de buques construidos hasta ahora. La decisión definitiva, salvo milagros inesperados, será negativa y se conocerá el próximo día 17 de julio, tal y como ha anunciado el comisario Joaquín Almunia esta misma semana. La decisión irá contra armadores y un nutrido grupo de bancos y empresas intermediarias -Santander, Popular, Inditex y El Corte Inglés, entre ellas- que son las que pudieron obtener beneficios fiscales adelantando el dinero para la construcción de los barcos. También contra los armadores que los adquirieron en último término, porque ellos fueron los que obtuvieron el descuento en el precio. Y, advierten los 19 astilleros privados españoles, la decisión chocará contra sus gradas porque en los contratos de construcción de aquellos buques ellos se hacían responsables de cualquier incidente tributario que pudiera ocurrir.

Hay mucha gente estos días que se extraña por la virulenta actuación de la Comisión Europea, que puede poner en peligro 87.000 puestos de trabajo en España, país en el que precisamente no sobra el empleo en este momento. En Euskadi no debería extrañar a nadie, porque es un calco del conflicto vivido durante más de una década en torno a las "vacaciones fiscales" y a los incentivos a la inversión que aprobaron las diputaciones forales en la década de los 90. Entonces, centenares de empresas vascas aplicaron una ley que creían "legal", porque había aparecido en el boletín oficial de turno. Igual que los astilleros ahora, esas empresas han tenido que pasar por caja, rehacer las declaraciones del Impuesto de Sociedades de varios años y pagar o desprenderse de terrenos e instalaciones para hacer frente a la deuda sobrevenida. Algunas de ellas han quedado 'tocadas' por esta razón.

¿Por qué resulta tan virulenta la acción de la Comisión Europea, hasta el punto de poner en peligro la supervivencia de todo un sector industrial y de decenas de miles de puestos de trabajo? Los puristas aseguran que es una acción inevitable para defender la libre competencia y acabar con las prácticas que distorsionan el mercado. Puede ser. Pero lo cierto es que tiene no pocos componentes de una frustración que los funcionarios de la Comisión arrastran como pueden: la de no tener competencias en materia fiscal.

Perdida la competencia monetaria, sometida la disciplina presupuestaria a los designios de Bruselas, la fiscalidad, los impuestos, es una de los pocos márgenes que conservan los estados de la UE en materia económica. Y no parecen dispuestos a ceder en esta materia. La posibilidad de tener un tipo alto o bajo en el Impuesto de Sociedades, aplicar esta o aquella deducción, es una materia exclusiva de cada país y escapa al control de los funcionarios que habitan y trabajan en la capital belga. Pero no se resignan a ello, así que cada vez que pueden sientan sus reales para intervenir, por la puerta de atrás, en la legislación fiscal. Y estamos ante una situación de ese tipo.

La pasada semana, en una mesa redonda celebrada en EL CORREO, el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, exponía también una visión crítica de lo sucedido en el tema naval y del comportamiento de la Comisión. Se refería a que las autoridades comunitarias hubiesen actuado con tal dureza en un caso instigado por Holanda, país que se ha distinguido durante décadas por tener una arquitectura tributaria digna de un oasis fiscal, con un amplio catálogo de medidas de protección y 'descuento' para atraer a su territorio, por ejemplo, la sede social de los conglomerados de empresas. "Que sea Holanda la que inicie un procedimiento en materia fiscal, es como si Bárcenas se mete a un convento", dijo el presidente de la entidad financiera. Pues eso.

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