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MANU ALVAREZ
Lunes, 2 de diciembre 2013, 11:43
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define estafa como el delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Así las cosas, el tipo penal encaja como anillo al dedo con la historia vivida en España en torno a las participaciones preferentes, en la que unos emisores -las empresas que recibían el dinero- y unos intermediarios -los bancos que captaban a los ahorradores- parecen haber engañado precisamente al eslabón más débil de la cadena.
Que se ha causado perjuicio patrimonial, es más que evidente. En unos casos, porque los ahorradores no han podido todavía disponer de su dinero, pese a que la mayor parte de ellos son ciudadanos modestos y muchos de ellos, para colmo de desgracias, se encuentran ahora en paro. Hay, además, una pérdida objetiva del valor de esas participaciones. El mercado en el que cotizan, el 'Send', permite apreciar con un simple vistazo a su página en internet que algunas ni siquiera alcanzan el 30% de su valor nominal, como ocurre en el caso de las preferentes emitidas por Caixa Galicia. Además, la Unión Europea ha exigido que los titulares de este tipo de productos en cajas que han sido intervenidas y van a recibir ayudas públicas, pierdan una parte de su inversión -en torno al 40%-, ya que entre sus características jurídicas figura la de ser un producto financiero que conlleva riesgos relacionados con el devenir económico de la empresa.
Si el perjuicio patrimonial está claro, el engaño cada día lo está mas. Hace meses, cuando la CNMV decidió pinchar el globo artificial que habían creado algunas entidades con este tipo de productos, pudo parecer que los engaños eran un caso aislado. El paso del tiempo ha permitido apreciar que hay un hilo conductor en esta historia, que se repite de forma tópica. Una empresa decide emitir participaciones preferentes, para conseguir financiación a precios por debajo del mercado crediticio y con un tipo de producto que en el balance ofrece una imagen más aseada: a medio camino entre los fondos propios y los ajenos. Los 'papelines', a diferencia de los bonos, pagarés u otros tipos de deuda privada, no tenían fecha de vencimiento. Son deuda perpetua. Cuando asumes su propiedad, en principio, es para toda la vida, a cambio de un interés variable o fijo y solo puedes desprenderte de ellos si hay alguien dispuesto a comprarlos. En una economía capitalista, el precio de una cosa viene determinado por lo que el comprador esté dispuesto a pagar. Y ya que estamos en crisis y vaya usted a saber lo que sucede en el futuro con esas empresas emisoras, en estos momentos nadie está dispuesto a pagar el 100% del valor nominal de las preferentes y de ahí su cotización en el 'Send'.
Carrusel
Muchas entidades financieras -no todas, ya que algunas se mantuvieron alejadas de esta práctica- decidieron montar un auténtico carrusel. A saber. Convencían a un cliente habitual para colocar su dinero en estos productos, con el engaño de que en realidad se trataba de un plazo fijo, a un tipo de interés atractivo y a cambio cobraban una jugosa comisión. Para mantener la bicicleta en pie falsearon el mercado. Así cuando un propietario de preferentes quería deshacerse de ellas, buscaban otro 'primo' al que colocarle los 'papelines' con la misma cantinela de: siempre que quieras disponer del dinero, podrás hacerlo.
El Gobierno acaba de anunciar que, al menos en el caso de Bankia, va a propiciar un arbitraje para analizar si los inversores que colocaron su dinero en este producto tenían la formación y la información suficiente para conocer sus características y su alcance. Sinceramente, creo que ni los empleados de banca que realizaron la colocación en las oficinas sabían exactamente lo que se traían entre manos. Simplemente seguían al pie de la letra las órdenes que les llegaban de 'arriba': Tu vende todo lo que puedas. Me temo que la inmensa mayoría de las personas que confiaron en ellos respondían al perfil de un ahorrador convencional, que sabe lo que es una cuenta corriente, un depósito a plazo, una tarjeta de crédito y poco más. Alguien debería reforzar la formación financiera e incluso fiscal en el bachillerato.
El arbitraje propuesto suena a ganas de entretener y ganar tiempo, que es un deporte de moda que a la espera de una mejora en la coyuntura económica que facilite la resolución de problemas que hoy no parecen tener salida. Ni siquiera es de obligado cumplimiento.
El Banco de España y la CNMV de la 'era Zapatero' miraron para otro lado mientras muchas entidades financieras comercializaban de forma poco ortodoxa estas inversiones. Se desconoce la razón. No creo que hubiese mala fe, sino tan solo exceso de confianza en la 'calidad' profesional de nuestros banqueros. El actual Banco de España y la CNMV de la 'era Rajoy' miran de frente, observan el panorama pero solo un rato. Luego se tapan los ojos. Aquí las razones están más claras. Su temor es que el asunto acabe arrastrando a la Administración, que puede ser declarada responsable del daño por no haber ejercido la protección necesaria de los inversores, lo que supondría cargar contra los presupuestos públicos las indemnizaciones correspondientes. Y el PP conserva en su memoria histórica que en el gabinete de Aznar tuvo que anotar el pago de las indemnizaciones por el caso de la colza, que dejó un reguero de muertos enfermos con un Gobierno de UCD.
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