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LUIS LÓPEZ
Martes, 13 de noviembre 2012, 08:10
Un techo es un techo, da igual que uno disfrute de él en régimen de propiedad o de alquiler. Y un desahucio es un desahucio, es lo mismo que sea a consecuencia de un impago de hipoteca o por no hacer frente a la renta mensual. En cualquiera de los dos casos, una familia se queda en la calle. Sin embargo, el foco se está poniendo casi exclusivamente sobre los desalojos promovidos por entidades financieras contra personas incapaces de responder a las cuotas hipotecarias. Es más, la normativa que hoy pactarán PP y PSOE para poner coto a la sangría de familias que pierde su casa tiende a proteger, según ha trascendido hasta el momento, únicamente la situación de los propietarios o, más bien, de quienes aspiran a serlo sin éxito.
El problema es que en Euskadi el 60% de los desahucios los sufren inquilinos. Es decir, familias que están de alquiler y no pueden pagar la renta. ¿Qué pasará con ellas? ¿Se acordará la nueva normativa de estas personas? No parece que haya muchas esperanzas de que eso ocurra. De hecho, la evolución legal en este sentido va en la dirección opuesta. El Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, publicado por el Ejecutivo cental el pasado 7 de septiembre, recoge una serie de medidas para agilizar el desalojo del inquilino que no pague. La finalidad de esta regulación es animar a los propietarios de viviendas vacías a arrendarlas. ¿Cómo? Dándoles más instrumentos para deshacerse del moroso y agilizando notablemente el proceso de desahucio. Una filosofía notablemente contradictoria con la que informa la regulación que hoy se discute en Madrid.
Un juez gallego llamado José Antonio Vázquez Taín lo expresó ayer de manera muy gráfica: «Lo que no podemos hacer es considerar que hay desalojos de primera y de segunda. Es ridículo pensar que al vecino del quinto, por no poder pagar la hipoteca, lo pongan en la calle y vaya la gente a apoyarlo. Y al vecino del tercero, porque no pueda pagar el alquiler, lo pongan en la calle y le digan, "apártate que estás molestando"».
En definitiva, lo que ha puesto Vázquez Taín sobre la mesa es la contradicción entre la regulación que hoy pactan Gobierno del PP y PSOE, que protege a los hipotecados, y la que ya está redactada para fomentar el alquiler, que facilita el desahucio de los alquilados. A su juicio, esto supone incidir en las «injusticias sociales», toda vez que los colectivos más vulnerables son los que más viven de alquiler.
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