El Parlamento autoriza la venta de una parte de la red del Gobierno vasco a Euskaltel

El Parlamento vasco ha autorizado al Gobierno a vender parte de su red de telecomunicaciones a Euskaltel como paso previo a la transmisión de la mayor parte del paquete accionarial que dispone en la compañía telefónica. PNV, PP y PSE han apoyado esta operación, mientras que Aralar y EA han rechazado la misma y han reclamado sin éxito su paralización.

La Comisión de Economía ha celebrado hoy una sesión extraordinaria para debatir y votar, precisamente, las alegaciones de Aralar y EA en contra de esta transmisión de patrimonio público. Este debate no podía retrasarse, habida cuenta de que el Gobierno vasco y Euskaltel necesitan disponer de tiempo suficiente para realizar todos los trámites para cerrar la venta al inversor interesado, ya que las ofertas caducarán el 30 de septiembre.

El Gobierno vasco considera que es el momento de reducir su participación en el capital social de Euskaltel y de vender la parte de la red de telecomunicaciones que desplegó en su día y ya no necesita. Y es que, según argumenta, ambas iniciativas, entrada en Euskaltel y despliegue de la red, cumplieron hace tiempo su función de fomentar la competencia y la liberalización del sector de las telecomunicaciones en Euskadi.

La operación es doble. La primera fase consiste en vender a Euskaltel la parte de la red de telecomunicaciones de transporte y comunicación de señales de voz y datos basada en microondas y fibra óptica que el Gobierno vasco no necesita para prestar servicios públicos. Euskaltel pagaba hasta ahora 3,5 millones de euros al año al Gobierno vasco por el alquiler y uso de esta red para sus servicios comerciales.

El Ejecutivo de Vitoria no recibirá dinero como contrapartida a esta transmisión, sino acciones de Euskaltel de nueva emisión y valor equivalente a 68 millones de euros (éste sería, en consecuencia, el precio de compra-venta pactado entre la Administración y Euskaltel). La consecuencia directa de esta fórmula de transmisión es que el Gobierno vasco elevaría su participación en el capital de la empresa (actualmente es del 7,45%).

Segunda fase

La incorporación a Euskaltel de esta red tiene el objetivo de aumentar el valor de la empresa para, con posterioridad, acometer la segunda fase de la operación: la venta conjunta de una parte relevante de la participación de Kutxabank y el Gobierno vasco en la compañía vasca de telecomunicaciones a un inversor o inversores interesados. El Gobierno del PSE quiere quedarse con una participación inferior al 5%.

Ambas fases van unidas y no tienen sentido una sin la otra. De hecho, la transmisión de la red de telecomunicaciones no se llevará a cabo si no se realiza el proceso de venta de acciones referido en la segunda fase antes del 30 de septiembre.

Para cubrir la hipótesis de que la venta de acciones no se concrete finalmente, el Parlamento Vasco ha autorizado también al Gobierno vasco a vender, en tal caso, la red de telecomunicaciones de fibra óptica a Euskaltel, pero no a cambio de acciones, sino de dinero. El precio, eso sí, no variaría, y Euskaltel tendría que pagar al Ejecutivo de Patxi López un total de 68 millones de euros sin incluir impuestos.

Aralar y EA han presentado sendas alegaciones para oponerse a esta operación porque, a su juicio, conlleva pérdida de patrimonio público y la renuncia del control, tutela y seguimiento de la actividad de la compañía por parte de las Administraciones públicas. Ambas formaciones consideran especialmente criticable la venta a Euskaltel de una red de telecomunicaciones "pagada con los impuestos de todos los ciudadanos".

Estos partidos han alertado también de que la venta de acciones de Euskaltel por parte del Gobierno Vasco y Kutxabank pone en peligro los compromisos de la empresa con Euskadi, al abrir la puerta a que los centros de decisión se sitúen fuera de la CAV. "Se juntan el hambre y las ganas de comer, la necesidad de Kutxabank de quedarse con menos del 50% y las ganas del Gobierno de hacer caja", ha dicho el parlamentario de Aralar Dani Maeztu.

PNV, PSE y PP han defendido la operación al considerar que la venta de parte de la red de telecomunicaciones revaloriza las acciones de Euskaltel y, con ello, el patrimonio público del Gobierno vasco. Los socialistas han subrayado que el dinero que se ingrese por la venta de las acciones servirá para financiar las políticas sociales y los populares han advertido de que "no se trata de un regalo, es una venta".

Desde las filas nacionalistas se ha destacado que el Gobierno vasco seguirá ostentando la propiedad del 60% de la red troncal de telecomunicaciones y el 23% de la red capital, así como del 15% de los centros nodales. "Kutxabank y el Gobierno vasco van a seguir teniendo más de la mitad de las acciones y eso garantiza que el centro de decisión permanecerá en Euskadi y que Euskaltel seguirá siendo una empresa vasca".