El 'caso Ibermática', cerrado

El relato contaba con los siguientes ingredientes: una denuncia por supuestas irregularidades por un valor de 23 millones de euros, una juez convertida en viceconsejera, una de las figuras hasta ahora más respetadas en el mundo judicial situada en el ojo del huracán, dos de las empresas tecnológicas más punteras bajo sospecha, implicaciones políticas y amistades rotas. Un cóctel ideal para una buena novela y que el Gobierno vasco creía real, pero que el fiscal ha acabado desmontando al no ver delito en el caso. Todo ello formaba parte de la documentación remitida por el Gobierno vasco a la Fiscalía a principios de 2012. El máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi, Juan Calparsoro, lo ha investigado y ha concluido que no ve delito. Ha archivado las diligencias de investigación, ha dado carpetazo al caso. Éstas son las claves de un caso que ha mantenido en vilo a la cúpula del Departamento vasco de Justicia en los últimos meses.

El presunto caso

La investigación comienza a finales de 2009. Apenas han pasado unos meses desde que el Gobierno de Patxi López ha tomado posesión de sus cargos. A la viceconsejería de Justicia llega José Manuel Fínez. No es un jurista cualquiera. Se le considera un gran profesional. De muy alto nivel. Antes de entrar en el Ejecutivo estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 13 de Bilbao.

Al analizar algunos expedientes considera que hay ciertas incongruencias. Pone los ojos sobre una quincena de contratos informáticos. No le parece una cuestión menor. La Administración de Justicia en Euskadi está en un proceso pionero de modernización desde hace años: informatización de expedientes, conexión entre juzgados, programas para facilitar el acceso a los ciudadanos... Un trabajo reconocido en todo el Estado, que no sale barato y que a veces se mueve en terrenos difusos, con normativas variables, actualizaciones continuas y tecnologías que quedan obsoletas nada más salir al mercado. Todo muy difícil de concretar, salvo que se tenga una cierta especialización.

Según el relato del Gobierno vasco, Fínez pide explicaciones a Ana Molina, responsable del Servicio de Informática Judicial durante las anteriores legislaturas -con Eusko Alkartasuna al frente de la consejería- y que con la llegada al poder del PSE fue "ascendida" a directora de Modernización. Su nombre aparece en todas las facturas sospechosas, junto con el de Inmaculada de Miguel, su anterior "jefa". Las aclaraciones de Molina no convencen a Fínez, quien la destituye el 9 de febrero de 2010.

Entre marzo y octubre de ese año, el viceconsejero se reúne en varias ocasiones con representantes de Ibermática e Indra, las dos empresas que aparecen en los contratos. Sospecha que ha habido programas sin ejecutar y que se han facturado trabajos innecesarios. La colaboración de las compañías es absoluta.

Sin embargo, el relato se bifurca. Según el Gobierno, las empresas admiten que ha habido algunos problemas y están dispuestas a solventarlos. El dossier enviado a la Fiscalía incluye dos documentos «de asunción de obligaciones y reconocimiento de deuda». Llevan la firma de dos altos cargos de Ibermática e Indra. La versión de las compañías es diferente. Admiten la existencia de la reuniones, pero niegan que el Ejecutivo les hablase de irregularidades.

Fínez fallece el 15 de octubre de 2010 tras sufrir un infarto. Mendia nombra como sustituta a María Victoria Cinto, otra juez, expresidenta de la Audiencia de Gipuzkoa, quien se ratifica después ante el fiscal sobre las supuestas irregularidades puestas negro sobre blanco en el informe del Gobierno.

Los protagonistas

Todo el caso posiblemente no se entendería sin tener en cuenta el perfil de Fínez y Cinto. No son políticos, son jueces. En excedencia, pero jueces. Durante años se dedicaron a analizar pruebas y a investigar sospechas. Durante meses, la expresidenta de la Audiencia de Gipuzkoa encarga dos auditorías y entrevista a varios testigos. Tres funcionarios del Servicio de Informática Judicial, cuyo nombre estaba incluido en el texto remitido a la Fiscalía, corroborarían «indiciariamente aquellas sospechas inicialmente surgidas», sostenían.

Cinto también habla con Inmaculada de Miguel. Su nombre aparece de forma insistente en el informe. Es una histórica dentro del Departamento de Justicia, en el que llevaba desde los tiempos del socialista Ramón Jáuregui. Durante más de una década se ocupó de la modernización de la Justicia. Dejó el puesto por motivos personales cuando el PSE accedió al poder en 2009. Su prestigio es tal que la propia Idoia Mendia, la actual consejera, le entrega en diciembre de 2009 el Premio Manuel de Irujo a su trayectoria. Su posible implicación en un caso de este tipo crea perplejidad en el mundo judicial. Los primeros sorprendidos son Fínez y Cinto. Cinto y De Miguel fueron muy buenas amigas durante años. La primera era juez, la segunda el enlace de la Administración con la Justicia.

La viceconsejera firmó el informe el pasado 24 de enero. Son 31 folios con un lenguaje judicial, duro, sin apenas concesiones, acompañados de un extenso dossier, documentos, facturas, actas... Es mucho más que un expediente: son unas diligencias previas, una instrucción judicial desarrollada durante más de un año. Al recibirlo, Calparsoro admitió que la documentación estaba «bien hecha». Tras investigarlo con detenimiento y tomar declaración a los testigos

Implicaciones políticas

Las supuestas irregularidades se cometieron entre 2000 y 2009, con Eusko Alkartasuna al frente de Justicia, y Sabin Intxaurraga -ya fallecido- y Joseba Azkarraga como consejeros. Este último mostró su malestar al verse mezclado en un caso de este tipo, y de hecho su nombre no aparecía en ningún momento en el informe del Gobierno vasco. La propia Mendia recalcó que no tenía constancia de que hubiese «órdenes políticas» detrás del caso. Según los decretos de estructura del Ejecutivo vigentes entonces, el control sobre los contratos no recaería ni en los viceconsejeros ni en los consejeros, sino en la dirección de Relaciones con la Justicia y en el Servicio Informático; es decir, en Inmaculada De Miguel y en Ana Molina, que tampoco poseen un perfil político definido. EA reclamó que la investigación judicial se realizara cuanto antes para aclarar sospechas.

No hay caso

La cifra en cuestión no era pequeña. Eran 23 millones de euros bajo sospecha, laa suma de los quince contratos firmados durante la última década. La cantidad definitiva podría ser menor si se demuestra que algunas partes de los trabajos sí fueron realizadas. Las empresas sostienen que todo está en marcha o iniciado.

Porque ha sido un caso de extremos y de relaciones cruzadas. El Gobierno denunció que no hay nada o casi nada hecho; las compañías niegan la mayor y las dos principales defienden con insistencia su inocencia. Todos sostenían con vehemencia que al final se sabrá la verdad. Los interrogantes, de momento, han quedado respondidos en la última decisión del fiscal. No hay caso.