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VASCO PRESS
Jueves, 26 de julio 2012, 18:55
El Parlamento vasco autorizará la transmisión de la red de telecomunicaciones del Gobierno vasco a la empresa Euskaltel como paso previo a la venta de la mayor parte del paquete accionarial que dispone en la compañía telefónica. PNV, PP y PSE están de acuerdo en esta doble operación y garantizan así su viabilidad, mientras que Aralar y EA están radicalmente en contra.
La Comisión de Economía celebrará en la segunda mitad de agosto una sesión extraordinaria para debatir y votar las alegaciones de Aralar y EA --no se descarta que otros grupos sigan su camino-- en contra de esta transmisión de patrimonio público. No hay fecha aún y la presidenta de este órgano, Leire Corrales (PNV), tendrá que hacer equilibrios para intentar respetar los planes vacacionales de los parlamentarios que lo integran.
Lo que está claro, y la Junta de Portavoces hoy reunida así lo ha asumido, es que no puede retrasarse la autorización al mes de septiembre habida cuenta de que el Gobierno vasco y Euskaltel necesitan disponer de tiempo suficiente para realizar todos los trámites con margen suficiente para cerrar la venta al inversor interesado en entrar en la empresa. Y es que las ofertas de inversores caducarán el 30 de septiembre.
El Ejecutivo considera que es el momento de reducir su participación en el capital social de Euskaltel y vender de la parte de la red de telecomunicaciones que desplegó en su día y ya no necesita. Y es que, según argumenta, ambas iniciativas, entrada en Euskaltel y despliegue de la red, cumplieron hace tiempo su función de fomentar la competencia y la liberalización del sector de las telecomunicaciones en Euskadi.
La operación es doble. La primera fase consiste en vender la parte de la red de telecomunicaciones de transporte y comunicación de señales de voz y datos basada en microondas y fibra óptica que el Gobierno vasco no necesita para prestar servicios públicos a Euskaltel. La telefónica pagaba hasta ahora 3,5 millones de euros al año al Gobierno de Euskadi por el alquiler y uso de esta red para sus servicios comerciales.
A cambio de acciones
El Ejecutivo de Vitoria no recibirá dinero como contrapartida a esta transmisión, sino acciones de Euskaltel de nueva emisión y valor equivalente a 68 millones de euros (éste sería, en consecuencia, el precio de compra-venta pactado entre la Administración y Euskaltel). La consecuencia directa de esta fórmula de transmisión es que el Gobierno vasco elevaría su participación en el capital de la empresa (actualmente es del 7,45%).
La incorporación a Euskaltel de esta red tiene el objetivo de aumentar el valor de la empresa para, con posterioridad, acometer la segunda fase de la operación: la venta conjunta de una parte relevante de la participación de Kutxabank y el Ejecutivo en la compañía vasca de telecomunicaciones a un inversor o inversores interesados. El Gobierno del PSE quiere quedarse con una participación inferior al 5%. Ambas fases van unidas y no tienen sentido una sin la otra. De hecho, la transmisión de la red de telecomunicaciones no se llevará a cabo si no se realiza el proceso de venta de acciones referido en la segunda fase antes del 30 de septiembre.
Para cubrir la hipótesis de que la venta de acciones no se concrete finalmente, el Parlamento vasco autorizará también al Gobierno a vender, en tal caso, la red de telecomunicaciones de fibra óptica a Euskaltel, pero no a cambio de acciones, sino de dinero. El precio, eso sí, no variaría, y Euskaltel tendría que pagar al Ejecutivo de Patxi López un total de 68 millones de euros sin incluir impuestos.
Oposición
Aralar y EA han anunciado ya que presentarán alegaciones para oponerse a esta operación porque, a su juicio, conlleva pérdida de patrimonio público y la renuncia del control, tutela y seguimiento de la actividad de la compañía por parte de las Administraciones públicas. Ambas formaciones consideran especialmente criticable la venta a Euskaltel de una red de telecomunicaciones "pagada con los impuestos de todos los ciudadanos".
Estos partidos han alertado también de que la venta de acciones de Euskaltel por parte del Gobierno vasco y Kutxabank puede poner en peligro los compromisos de la empresa de telecomunicaciones con Euskadi, ya que abre la puerta a que los centros de decisión de la compañía se sitúen fuera de la CAV. "Y esto traería el empobrecimiento económico del país", ha señalado el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala.
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