Once años de cárcel para Bravo por el fraude en la Hacienda de Irún

La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a penas que suman once años de prisión a José María Bravo, principal imputado en el fraude de la Hacienda de Irún. El acusado ha sido declarado responsable de los delitos de malversación de caudales, prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El tribunal igualmente le ha sentenciado a devolver a la Hacienda guipuzcoana 1,9 millones de euros y le condena también a abonar una multa de dos millones.

La Audiencia ha impuesto a su esposa Rosa Cobos penas que suman tres años y cuatro meses por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, y ha absuelto a Pedro Atristain, exsocio de Bravo. Por el delito continuado de malversación de caudales públicos, la Audiencia condena a Bravo a siete años de prisión y a dieciséis de inhabilitación absoluta, mientras que por el de prevaricación le han impuesto nueve años más de inhabilitación especial.

José María Bravo ha sido igualmente declarado responsable del delito de blanqueo de capitales por el que deberá cumplir tres años más de cárcel. Por este mismo ilícito penal ha sido condenado a abonar una multa de dos millones de euros que deberá hacer frente con su patrimonio, parte de cual ha sido decomisado. Por último, Bravo ha sido asimismo sentenciado a un año de prisión por alzamiento de bienes. La sentencia ha sido notificada hace una hora y contra la misma se puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.

El fiscal del caso, Javier Larraya, solicitó 24 años y tres meses de prisión para José María Bravo, así como la multa de 2 millones y la restitución al fisco guipuzcoano de 1,9 millones de euros más intereses, por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, usurpación, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Para su esposa, Rosa Cobos, el Ministerio Público rebajó la pena solicitada de 10 años y un mes de cárcel a 6 años y tres meses, por blanqueo de capitales (tres años y nueve meses) e insolvencia punible (dos años y medio), tras retirar la acusación por malversación por la que solicitaba tres años y 10 meses de prisión.

Por su parte, la acusación particular que ejerció la Diputación y las Juntas Generales solicitó una pena de 27 años de prisión para Bravo, frente a los 30 que pedía inicialmente, y de siete y medio para Cobos, cuando inicialmente reclamó ocho años y cinco meses.