Más de 1.500 personas en Euskadi tuvieron que dejar sus hogares por impago en 2011

Más de 1.500 personas tuvieron que abandonar sus hogares en Euskadi por no poder hacer frente al alquiler o a la hipoteca en 2011 y la tendencia es "ascendente". El territorio en el que más desalojos de inmuebles se produjo fue en Bizkaia, con un total de 901, seguido de Gipuzkoa, con 344, y Alava, con 321.

Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana en Bilbao el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, durante la presentación de la memoria judicial.

En concreto, los juzgados alaveses registraron un total de 321 lanzamientos obligando a abandonar la vivienda de manera forzosa, si bien en algunos casos la marcha se hizo de forma voluntaria. A ello hay que sumar 402 juicios verbales de desahucio, que son aquellos casos en los que los propietarios de los inmuebles solicitan el desahucio por el impago de la renta y otras 237 ejecuciones hipotecarias, que son aquellos procesos iniciados a petición de los bancos por el impago de las hipotecas.

En Bizkaia, se solicitaron 1.260 lanzamientos y 901 fueron realizados positivamente. Asimismo, se registraron 949 juicios verbales y 586 ejecuciones hipotecarias.

En Gipuzkoa, los lanzamientos ascendieron a 344 y se contabilizaron 400 procedimientos de desahucio y 105 ejecuciones hipotecarias. En el 90% de los casos, los procedimientos afectan a viviendas, siendo el 10% locales comerciales que no hacen frente al alquiler acordado.

En este contexto, Ibarra se ha mostrado satisfecho por el servicio de mediación puesto en marcha recientemente por el Gobierno vasco junto con distintas entidades bancarias para renegociar las cuotas y evitar así desalojos ya que como consecuencia de la crisis la tendencia de desahucios se espera se vea incrementada a lo largo d e este año.

A pesar del aumento de los asuntos ingresados en materia mercantil y en procedimientos ejecutivos hipotecarios, los índices de la justicia en el País Vasco son "buenos" e incluso por encima de otras comunidades autónomas. Así, en el año 2011 el número de asuntos ingresados fue de 295.890, lo que supone 11.528 asuntos menos que el año anterior. De ellos, 65.626 correspondieron al orden Civil; 199.893 al Penal; 10.031 al Contencioso-Administrativo y 20.340 en lo Social.

La tasa de litigiosidad se situó en 135,44 por cada 1.000 habitantes, lo que supone un descenso del 4% respecto al año anterior. En total se resolvieron 301.849 asuntos y se ingresaron 295.890, por lo que la tasa de resolución se sitúa en 1,02. Atendiendo a la relación entre asuntos pendientes de resolver y los asuntos resueltos, se observa un mantenimiento a la baja en la tasa de pendencia (0,25), mientras que se la tasa de congestión (1,25) mejora levemente. Por último, destaca que incremento del número de sentencias ejecutadas, al pasar de las 45.856 a las 52.079 en 2011.

Con calidad

Ibarra ha destacado además la disminución de la duración media de los procesos, que se sitúan en una media de 3 meses en primera instancia, frente a los 4,3 meses de media del conjunto del Estado. La menor duración corresponde a la Sala de lo Social del TSJ, con un tiempo de 1 mes y 15 días; seguido de la jurisdicción penal, con una duración media de 1 mes y 24 días en la primera instancia y de dos meses en la apelación. Por contra, la mayor duración corresponde a los juzgados de lo contencioso-administrativo, cuya duración media se eleva a 14 meses. No obstante, se espera que las últimas reformas introducidas, como el tener que hacer frente a las costas, hagan que disminuya la pequeña litigiosad y muchos asuntos no lleguen a la jurisdicción.

Ibarra ha calificado de "aceptable" los tiempos de respuesta que se están dando en los juzgados vascos pero ha mostrado su preocupación porque estos tiempos se estén obteniendo "con cargo a un menor incremento en cuanto a la calidad de la resoluciones judiciales". Así, ha advertido de que los jueces no pueden dedicar el tiempo que consideran necesario para el dictado de las resoluciones.

"Los jueces dicen que necesitarían más tiempo para la toma de decisión y una más fluida información", ha señalado Ibarra, al tiempo que ha instado a "preservar el nivel de la calidad de las resoluciones judiciales".

Preguntado por la actitud del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, por los gastos derivados de los viajes realizados por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, ha admitido que estos asuntos influyen negativamente en la imagen de la justicia pero no ha querido entrar a valorar su responsabilidad y no ha querido pronunciarse sobre si debiera o no presentar su dimisión.

Asimismo, ha insistido en que "si hay algo transparente en la Administración de justicia es el uso del dinero público" y ha querido dejar claro que en los tribunales vascos "no hay jornada caribeña". "El juez normal en el País Vasco dedica sus fines de semana a funciones de redacción de resoluciones judiciales o de estudio de asuntos judiciales. Esta es la realidad", ha señalado.