El Gobierno vasco activa un servicio para evitar o minimizar los desahucios

El Gobierno vasco ha anunciado hoy la puesta en marcha de un servicio integral de asesoramiento y mediación para evitar los desahucios y minimizar sus efectos en el caso de que se produzcan. Los consejeros de Justicia y de Vivienda del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia e Iñaki Arriola, respectivamente, han presentado hoy este nuevo servicio integral, junto con la directora del Instituto Vasco de Consumo, que también participa en él.

El servicio consta de tres pilares: el asesoramiento a la hora de contratar una hipoteca; la mediación entre las entidades bancarias y las personas o familias que padecen un sobreendeudamiento; y la decisión de facilitar viviendas en alquiler a quienes hayan sido desahuciados y estén en riesgo de exclusión social.

La primera fase del servicio se basa en el Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide. Las personas que lo deseen podrán acudir a sus oficinas o consultar por Internet con los especialistas de este servicio que les asesorarán sobre cuál es la oferta que más les conviene a la hora de contratar un crédito hipotecario. Además, propondrán pautas de actuación para que el usuario tenga el control sobre la mayor inversión de su vida.

La segunda fase del servicio es la mediación, una prestación pública y gratuita que intentará que las entidades bancarias o cajas de ahorro lleguen a un acuerdo con los usuarios en el caso de sobreendeudamiento para evitar desahucios. Mendia ha recordado que en el 95% de los casos de sobreendeudamiento familiar los clientes llegan a acuerdos con sus bancos y que este servicio irá dirigido principalmente al 5% restante.

Para poder acceder a este servicio de mediación, voluntario para todas las partes, el préstamo hipotecario no podrá superar los 350.000 euros y será independiente de si existe o no un proceso judicial en curso. En este servicio se hará un estudio de la capacidad económica de la familia para proponer las soluciones que mejor satisfagan a todas las partes, como la dación en pago o el establecimiento de un alquiler a la entidad que concedió el préstamo por parte del comprador.

"Último recurso"

El objetivo será que cuando un ciudadano no puede hacer frente al pago de las cuotas del préstamo la pérdida de la vivienda habitual sea "el último recurso". Una vez que se ha llegado al desahucio, el Gobierno vasco facilitará, "cuanto antes", una vivienda en alquiler protegido a aquellas personas o familias a las que la pérdida de su domicilio habitual como consecuencia de una ejecución hipotecarias sitúe en grave riesgo de exclusión social.

Este riesgo será evaluado por los servicios sociales y la vivienda que se dará en alquiler estará en el ámbito funcional y geográfico del ciudadano o familia, ha explicado el consejero Arriola. Para el resto de casos en los que no exista riesgo de exclusión social se atenderá a unos baremos para acceder a una vivienda de alquiler.

En el caso de las viviendas protegidas, el Gobierno comprará las que presenten situaciones de morosidad sobrevenida por causas como desempleo, incapacidades o cese de la actividad como autónomo. Con la compra de la vivienda, el Gobierno cancelará la deuda y liberará al propietario de cualquier obligación sobre la misma y le abonará, en su caso, la diferencia entre el precio de la casa y la deuda contraída viva.

Las personas que resulten liberadas así de la deuda hipotecaria podrán acceder de forma preferente a los programas de vivienda en alquiler del Gobierno vasco y las viviendas que adquiera serán vendidas o alquiladas por parte de la Administración.

Riesgo de morosidad

Arriola ha explicado que de esta manera el Gobierno vasco asumirá directamente el riesgo de morosidad del mercado hipotecario con el fin de facilitar que las entidades financieras concedan créditos para la compra de una VPO al no tener que asumir ellas ese riesgo.

Mendia ha recordado que el lehendakari, Patxi López, ya anunció en octubre del año pasado, con motivo de la apertura del Año Judicial en Euskadi, que el Gobierno Vasco iba a desarrollar políticas públicas para evitar los desahucios, que en los últimos cuatro años casi se han duplicado, al llegar a los más de 2.200 anuales actualmente.