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Daniel Pastor, 'Txirula', en el momento de su arresto. / Efe
"Quería decir algo en euskera, pero no lo controlo", declara un etarra
Juicio en la Audiencia Nacional

"Quería decir algo en euskera, pero no lo controlo", declara un etarra

El jefe del comando Otazua renuncia a usar el último turno de palabra ante los magistrados al no estar "en condiciones físicas" para hablar en "la lengua que tanto quiero"

AGENCIAS

Viernes, 17 de febrero 2012, 20:58

El jefe del desarticulado comando Otazua, Daniel Pastor, alias 'Txirula', ha afirmado en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional esta mañana por la colocación de un artefacto explosivo en los Juzgados de Sestao en 2007 que "querría decir algo en euskera", pero que no lo podía hacer porque no se encontraba "en condiciones físicas" para hablar una lengua que "tanto amo".

En su turno de última palabra ante la sección primera de la Sala de lo Penal que preside el juez Javier Martínez Lázaro, Pastor ha dicho: "querría decir algo en euskera, ese idioma que tanto quiero, y no lo puedo hacer, porque no lo controlo". El etarra ha añadido que el estado de "cansancio" en el que se encontraba se debe al "sentido del humor de los guardias civiles durante los traslados", que no le permiten descansar. "Sus funcionarios no me han dejado descansar y no me encuentro en disposición física para hacerlo", le dijo al tribunal.

'Txirula' ya protagonizó en enero pasado un incidente en la Audiencia Nacional al llamar "torturadores y fascistas" a los jueces.

Al margen de la anécdota con el euskera, el fiscal Pedro Rubira ha elevado a definitivas la petición de pena de cinco años de prisión para él y para Íñigo Zapirain, "Aritza", y Beatriz Etxebarria, "Kot", a quienes les acusa de un delito de daños terroristas. Los tres procesados han alegado que sufrieron torturas por parte de los agentes de la Guardia Civil durante su estancia en dependencias policiales tras su detención el 28 de febrero de 2011.

"Ya es el abc de esta organización, pero es que encima se niegan a declarar", ha criticado el fiscal a propósito de estas afirmaciones, y ha añadido que "cuando se habla de amenazas hay que tener la misma seriedad que tiene la Administración del Estado español para investigar".

Asimismo, el fiscal, en sus conclusiones finales, ha destacado que el desfase horario que había entre la llamada que daba el aviso de la colocación del artefacto a la una de la madrugada, y la hora a la que explosión la bomba --a las 0:49 horas del 16 de diciembre de 2007-, pone de relieve que "la intención de los terroristas era causar un atentado con resultado de muerte o bien daños contra las personas".

"Esto demuestra la calidad y la peligrosidad de la situación", ha asegurado el fiscal a propósito del riesgo que sufrieron los miembros de la Ertzaintza que acudieron a los juzgados de Sestao.

La defensa, que ejerce la letrada Eukene Jaúregui, ha destacado en sus informes finales que "no hay prueba de cargo suficiente contra sus defendidos para vincularlos con ETA". En opinión de la letrada de los tres procesados, las declaraciones que incriminan a sus defendidos son "intrínsicamente sospechosas", ya que todos ellos aseguran que las realizaron bajo torturas, por lo que solicita su absolución.

Además, la abogada ha subrayado que "el hecho de que un acusado se autoincrimine no exime al juez en su labor de investigación por comprobar los hechos", acciones que, en su opinión, no se llevaron a cabo.

31 años de condena

Durante la vista oral también ha declarado el médico forense de la Audiencia Nacional, que ha asegurado que Beatriz Etxebarria le refirió en su reconocimiento que los agentes la amenazaron y la intentaron violar, aunque se negó a ser examinada.

Según el forense que examinó a Pastor, éste le dijo que se había autolesionado porque los guardias civiles le amenazaron con meter en la cárcel a su novia, en contra de lo que el etarra aseguró al psiquiatra, a quien le dijo que lo había hecho para "desfogarse".

Desde que fueron arrestados, los tres terroristas se encuentran en prisión preventiva acusados de más de una decena de atentados, entre ellos el del asesinato del policía Eduardo Puelles en 2009 y el del brigada del Ejército Luis Conde de la Cruz en 2008.

La semana pasada la Audiencia Nacional les condenó a penas de 31 años de cárcel por su participación el 9 de octubre de 2007 en el atentado con bomba lapa en el vehículo de un edil del PSE en el que resultó herido su escolta.

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